A 227 millones de dólares asciende el monto recaudado por la Florida Power and Light (FPL) entre sus clientes desde 2009 hasta la fecha, para cubrir los costos del complicado proceso de aprobación de nuevas unidades de generación de energía en la planta nuclear de Turkey Point, localizada en el extremo sur de Miami-Dade.
Pero además de que esas unidades aún no están construidas y que el proceso de aprobación tomaría meses, la agencia federal (Comisión de Regulación Nuclear) que concede los permisos, también podría negarlos.
En sana lógica, parece absurdo que los usuarios financien todo el proceso que deba surtir un monopolio privado para lograr una licencia de construcción y funcionamiento.
Sin embargo, a la luz de la constitución de la Florida no lo es, y tampoco, de la Comisión de Servicios Públicos, encargada de defender a los usuarios, y cuyos miembros son nombrados por el gobernador estatal.
Cada año, la FPL ha pedido a dicha comisión permiso para obtener de sus usuarios, el dinero necesario para sufragar los gastos legales, la compra de tierras, el costo de armar toda la propuesta. Son miles y miles de páginas, “todo eso lo estamos pagando nosotros. Y si FPL nunca construye la ampliación de su planta nuclear, no pasaría nada. No devuelve el dinero. Eso es, por lo tanto, una especie de impuesto que esa empresa nos está cobrando”, explicó el representante José Javier Rodríguez, demócrata por el distrito 112 en el Congreso estatal.
Rodríguez es el copatrocinador de una propuesta que busca eliminar la sección 366.93, de la constitución estatal, que le permite a un gigante como FPL recuperar, por adelantado, los costos de localización, diseño, licencias y construcción de plantas nucleares. El proyecto prohibiría que para dicho fin se utilicen las tarifas de la energía como fórmula para recuperar esos gastos.
De ser aprobada esa legislación, la eliminación de dicha sección se haría efectiva a partir del primero de julio de 2015.
El vocero de FPL, Greg Brostowicz, cree que los 15 centavos mensuales que tendrán que pagar este año los consumidores por un plan que está apenas en el papel y en proceso de discusión, se compensan con los supuestos beneficios que traerá la expansión del complejo nuclear de Turkey Point.
“Los usuarios van a ahorrar millones de dólares por no usar combustibles fósiles, se van a crear miles de empleos durante la construcción y habrá una torre limpia y confiable, en la península de la Florida”.
Atados a la energía nuclear
Sin embargo, los cuestionamientos no se limitan al cobro por adelantado. También está sobre la mesa la conveniencia de seguir estimulando el uso de energía nuclear, en detrimento de otras fuentes alternativas, más limpias y menos riesgosas.
“Nosotros les estamos subsidiando la expansión de una forma de energía muy cara, no sólo para consumidores sino para recursos como el agua. Si todavía no hemos decidido como comunidad o Estado dónde queremos estar en términos energéticos dentro de 50 años, por qué nos están imponiendo un impuesto para garantizar el uso de esa energía”, se pregunta el representante Rodríguez.
El agua es otro de los temas que genera gran debate alrededor de la expansión de Turkey Point. Hay quienes alegan que este proyecto demandará cada vez más agua del manto acuífero y en algún momento, pondrá en serias dificultades el suministro para toda el área de los Cayos.
De acuerdo con Dave Lochbaum, director del proyecto de seguridad nuclear, FPL pidió en el verano pasado a la Agencia Reguladora Nuclear que le permitiera subir la temperatura del agua, empleada para enfriar los reactores nucleares, a 104 grados Farenheit. Las normas establecen que la temperatura debe llegar hasta los 100 grados Farenheit.
Según Lochbaum, el agua tiene dos funciones: se utiliza para enfriar el vapor utilizado para mover que hacen girar las turbinas que producen electricidad, y para mantener a baja temperatura los equipos de emergencia que entran a funcionar durante un accidente.
El calentamiento global es un factor que complica la situación. Primero, porque incrementa la temperatura del agua que está en los canales que la conducen hacia la planta, y porque sube también la temperatura del aire que enfriaría el agua que correr por dichos canales.
Pero un tercer riesgo es que la subida de los niveles del mar y la intensidad de los huracanes (las plantas nucleares deben localizarse cerca a importantes fuentes de agua) son factores de riesgo.
Sin embargo, para Brostowicz, portavoz de FPL, “esas unidades están construidas 27 pies por encima del nivel de mar” y las plantas nucleares están “usando 66 millones de galones de agua reciclada. Eso reduciría la demanda de agua por parte del proyecto”, aclaró.
Por lo pronto, el próximo mes de abril, el 22 y 23, en Homstead y en la Universidad Internacional de la Florida, habrá dos reuniones, programadas por la Agencia de Regulación Nuclear, para oir la voz de los residentes sobre el proyecto de ampliación de Turkey Point.
Y también habrá audiencias en agosto, por parte del Comité de Servicios Públicos, para recibir las preocupaciones de los usuarios. Y en octubre sabremos - si el congreso estatal no aprueba la iniciativa de prohibir los cobros por adelantado- cuánto tendremos que pagar los consumidores, en 2016, por las dos unidades nucleares que, para ese entonces, podrían seguir en el papel.
En 2015, la factura de cobro de FPL, para sus usuarios, por concepto de un proyecto sin realizarse, es de 14.3 millones de dólares.
