Gobernar: el difícil equilibrio entre privacidad y seguridad

Aunque la orden había sido anunciada con anterioridad, llegó justo después de que varias empresas en Florida comenzaran a solicitar a clientes alguna prueba de vacunación contra el COVID-19 a cambio de recibir los servicios.

Según la ordenanza de DeSantis, “a ninguna entidad gubernamental del estado le será permitido emitir pasaporte de vacuna, un pase de vacuna u otro documento estandarizado con el propósito de certificar ante un tercero el estatus de vacunación contra el COVID-19 de un individuo o cualquier información similar sobre la salud”.

Quienes incumplan el mandato, el texto subraya que no serían elegibles para subvenciones o contratos con fondos estatales.

“La información personal sobre el COVID-19 es privada y no puede ser compartida con ninguna entidad”, subraya la medida.

Con ello, DeSantis intenta frenar la tendencia creciente de varios negocios de Florida, que desesperados por recuperarse, comienzan a funcionar después de un terrible año de pérdidas e implementaban servicios exclusivos para personas vacunadas o con análisis negativos de COVID-19.

Entre ellos, el equipo de básquet Miami Heat, que iba a destinar secciones de sus gradas para espectadores totalmente vacunados, o la universidad privada Nova Southeastern University, que contemplaba requerir a todos los estudiantes y empleados que estuvieran vacunados para poder volver el próximo otoño al campus.

También el festival The South Beach Food and Wine Festival, a celebrarse en mayo próximo, anticipaba que exigiría a sus participantes certificados de vacunas o una prueba de PCR negativo de un máximo de 72 horas.

Para el gobernador, dichas exigencias contradecían el carácter voluntario de las vacunas y vulneraban la privacidad de los floridanos.

En febrero pasado, el político comenzó su campaña contra las grandes empresas tecnológicas, a quienes comparó con el Gran Hermano descrito por George Orwell en su novela titulada 1984. Según el texto, la influencia de las Big Tech en la sociedad impiden la libertad de opción y advirtió que aplicará la ley para garantizar la libertar de expresión y la privacidad.

Cruceros

La industria de los cruceros de Florida ha sido una de las más maltratadas por la pandemia. Un informe de la Comisión Federal Marítima, fechado el pasado mes de septiembre, sostuvo que las pérdidas en Florida, debido al cierre a la navegación de los cruceros, sobrepasaron los 3.000 millones de dólares en actividad económica y se perdieron unos 49.500 empleos que pagaban 2.300 millones en salarios. Hasta el momento del estudio, unos 6.000 empleados de los cruceros habían solicitado ayuda por desempleo.

A pesar de la desesperada situación en que vive la industria de los cruceros, los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), no han autorizado a que se reanude la navegación, a no ser que cumplan con requisitos que la Asociación Internacional de Compañías de Cruceros (CLIA, por sus siglas en inglés) tildó de “excesivamente caros y encaminados al riesgo cero, en lugar de enfocarse en la mitigación del COVID-19, como lo hacen otros sectores de la sociedad”.

En este mar de incertidumbres, algunas compañías como Norwegian Cruise Line, Royal Caribbean Group, Virgin Voyager y Windstar Cruises anunciaron que, en orden de recibir el permiso de las autoridades, exigirían a sus pasajeros y al personal estar vacunados como requisito para abordar las naves.

Pero la posición de las citadas compañías choca frontalmente con la orden ejecutiva del gobernador DeSantis en Florida, que prohíbe la exigencia de un pasaporte de vacuna.

Los políticos

No obstante, el gobernador de Florida buscó la vía legal para desatar el nudo gordiano alrededor del cuello de la segunda industria del sur de Florida y presentó una demanda legal contra el Gobierno federal y los CDC, exigiendo que permitan inmediatamente la navegación de los cruceros.

“Nos asiste la ley, no creo que el Gobierno federal tenga el derecho de cerrar una industria tan importante por más de un año”, recalcó.

Mientras que el gobernador centra sus exigencias en que se reabra el servicio de cruceros, sin que se vulnere la privacidad de las personas, la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, parece estar más en sintonía con quienes urgen la apertura bajo la promesa de exigir el pasaporte de vacunación, haciendo énfasis en la seguridad.

“Espero trabajar con el gobernador para asegurar que su orden ejecutiva no imponga regulaciones indebidas a la industria, ya que estas compañías trabajan arduamente para preparar una reapertura que proteja el bienestar de viajeros y trabajadores por igual” dijo recientemente Levine Cava.

La alcaldesa también participó en una rueda de prensa en el Puerto de Miami, convocada por los congresistas republicanos Maria Elvira Salazar y Carlos Giménez, junto a pequeños empresarios afectados por el cierre de la industria, sindicalistas, personal del puerto, políticos locales, representantes de los cruceros y agentes de viajes, en la que se urgió a los CDC a “adoptar medidas prácticas, brindar indicaciones objetivas e imponer plazos a cumplir, que nos permitan avanzar”.

“Respaldamos que los cruceros vuelvan a trabajar, al saber que navegarán con seguridad y recuperarán la vida de tantas familias que dependen de dicha actividad”, puntualizó la alcaldesa.

Crisis y privacidad

Para DeSantis el reto es salir de la actual crisis sin apartarse del camino de la defensa de la libertad.

En la historia reciente estadounidense no es la primera vez que la privacidad es la moneda de cambio para alcanzar un objetivo superior.

Tras el ataque terrorista del 11 de septiembre de 2001, el Pentágono creó The Infomation Awareness Office (IOA), un sistema de vigilancia masiva que acopiaba indiscriminadamente información personal (llamadas telefónicas, emails, datos médicos, propiedades), sin necesidad de orden judicial, con la idea de enfrentar el terrorismo. Este sistema enfrentó grandes críticas y cerró oficialmente en 2003.

Posteriormente, se trató de implementar el sistema de vigilancia MATRIX, una gran base de datos personales con la finalidad de enfrentar acciones terroristas. Esta vez era creado por la empresa privada Seisint de Florida, que con dinero federal compilaba enorme cantidad de datos personales y los ponía a disposición de los agentes del orden para buscar anomalías que pudieran indicar actividad terrorista o delictiva. Ese programa también fue abandonado en 2005, tras el recelo que levantó en el público respecto a la vulneración de la privacidad por parte del gobierno.

En una guerra contra ‘los tiempos modernos’, el gobernador sigue empeñado en que las Big Tech no obtengan fácilmente los datos personales de los floridanos.

Al parecer, DeSantis pasa por alto que dichos datos el público los exhibe sin control en las redes, allí están las fotos nuestras recibiendo las vacunas o un simple mensaje “ya me vacuné”, mientras las grandes tecnológicas, ayudadas por sofisticados algoritmos e inteligencia artificial, vigilan el ciberespacio para obtener nuestro valioso ‘excedente conductual’.

Como afirmó la escritora Shoshana Zuboff en su publicación La era del capitalismo de la vigilancia: “La vigilancia es el camino hacia el lucro de otros que nos anula a nosotros, el pueblo, pues se apodera de nuestros derechos de decisión sin pedir permiso y hasta incluso cuando decimos explícitamente que no”.

¿Pasaporte COVID?

El pasado 14 de abril, la Unión Europea, pese a los recelos de los gobiernos francés y belga, acordó la implantación del certificado verde digital de vacunación. “El documento que a partir de este verano impulsará la movilidad en la UE”, según reza el texto.

Así de simple, los estados miembros emitirán el certificado a todas las personas vacunadas con alguno de los antígenos autorizados por la Agencia Europea del Medicamento, que hasta ahora incluyen a BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Janssen.

Mientras tanto, de este lado del Atlántico, los senadores republicanos de Florida Rick Scott y Marco Rubio, junto al senador por Alaska Dan Sullivan, presentaron la propuesta legislativa CRUISE Act, que revocaría las exigencias de los CDC, antes del 4 de julio, “para que las compañías vuelvan a navegar de forma segura”.

Aun desconocemos, si para embarcar se exigirá a los pasajeros mostrar un pasaporte COVID.

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