SERGIO OTÁLORA
JESÚS HERNÁNDEZ

MIAMI.- El cambio en el clima migratorio en Estados Unidos explica que haya organizaciones como IMPAC (The Inmigration Partnership and Coalition Fund), que en este momento financia un programa de apoyo a la familia inmigrante, llevado a cabo por otra organización (Americans for Immigrant Justice, AIJ), con un trabajo de más de veinte años en la Florida con la comunidad indocumentada.

DIARIO LAS AMERICAS habló con Wendi Adelson, directora ejecutiva del fondo de inmigración IMPAC, y con Adonia Simpson, directora del programa de defensa de la familia de AIJ.

Las dos abogadas especializadas en el tema migratorio coincidieron en afirmar que hay bastante incertidumbre en qué pasará con los “dreamers” –los jóvenes indocumentados– y con DACA, el alivio migratorio para quienes fueron traídos a Estados Unidos cuando eran niños, por sus padres indocumentados.

Pero, sobre todo, cómo enfrentar las nuevas políticas migratorias del gobierno del Donald Trump e, incluso, del Condado Miami-Dade, con los llamados “detainers”, es decir, el pedido que hace ICE (la agencia de policía migratoria) a las autoridades carcelarias del condado para que retengan a un indocumentado durante 48 horas y, eventualmente, lo conduzcan por el camino de la deportación.

Conciencia de los riesgos

En el mes de noviembre de 2017, IMPAC organizó un foro sobre inmigración en el que se debatieron temas fundamentales para la comunidad hispana de la Florida.

Uno de los puntos que expuso su presidente y fundador, Mike Fernández, fue el que los empresarios que defienden una reforma migratoria integral y un camino a la ciudadanía para los “dreamers”, condicionen las donaciones de campaña a que los políticos se comprometan, de verdad, a resolver la situación de 11 millones de indocumentados en el país o, por lo menos, de los 800.000 jóvenes que se acogieron a DACA.

“Queremos hacer más reuniones, como la de noviembre [un foro que tuvo lugar en la Universidad de Miami y contó con la participación de personalidades políticas y de negocios], en diferentes partes del Estado con el fin de tener más líderes, tener dreamers que puedan contar sus historias y eduquen a la comunidad empresarial. Se trata de sensibilizar a las empresas sobre el tema, cómo afecta sus ingresos y su fuerza de trabajo”, indicó Adelson.

“Hay mucho miedo en la comunidad. Nos dimos cuenta de que tenemos que ir más allá de lo que estamos haciendo”, afirmó Simpson. “Somos muy afortunados de contar con el apoyo financiero de IMPAC”, añadió.

Esos recursos, por lo tanto, le permiten a AIJ desarrollar su programa de familias basado en tres puntos fundamentales: educar a la comunidad; hacer clínicas migratorias, en el terreno, en viajes por todo el sur de la Florida para hablar, cara a cara, con cada individuo y evaluar su situación migratoria real, y representación legal directa a las personas más vulnerables, las que están en proceso de deportación o recibieron la orden de dejar el país.

“Somos un equipo muy pequeño, pero en los últimos seis meses hemos hecho ese trabajo de consejería legal a cerca de 700 individuos. Cubrimos la jurisdicción de la corte de inmigración de Miami, el trabajo es en el sur de la Florida. Desde Monroe hasta el condado Martin”, explicó Simpson, para quien el componente educativo del programa es “clave”.

En ese sentido AIJ ha educado a 1.000 individuos. Eso significa que conozcan sus derechos. Y que sepan qué hacer cuando se dé una situación como una deportación o un arresto.

“Parte de nuestras presentaciones es que las personas hablen con sus familias sobre los escenarios más complicados”, precisó Simpson. “Quién se va a encargar de los hijos, quién tendrá acceso a los bienes, cómo encontrar a alguien si no regresa a casa y buscarlo en inmigración. Así es una nuestra presentación en las comunidades: honesta, realista y francamente miedosa. Para algunas personas es terrorífico”, puntualizó.

Al mismo tiempo, del 30 al 60% de los indocumentados, a la luz de la ley actual, podría clasificar para recibir un estatus migratorio. “Es una cifra enorme. Lo que estamos haciendo a través de las clínicas sobre inmigración es identificar a esa gente, ponerla en el camino de la residencia, en el camino donde esté protegida, para que no sea detenida y deportada”, recalcó Simpson.

Criminalización

“Las estadísticas han demostrado que los inmigrantes tienen las tasas más bajas de criminalidad y de interacción con las autoridades. Son más bajas que las de los nacidos en Estados Unidos”, expresó Adelson.

Pero en las actuales circunstancias, con un ataque directo al estatus migratorio temporal (TPS) para nacionales de Haití, El Salvador, Honduras o Nicaragua; con la idea de acabar la política de reunificación familias y la lotería de visas para garantizar la diversidad, se ha extendido el concepto de “delito” o “crimen” para justificar la deportación de un indocumentado.

De acuerdo con Adelson “parte del problema ahora es que bajo la administración de Obama hubo ciertamente muchas deportaciones pero también prioridades basadas en si el indocumentado había cometido un delito violento grave. Por el contrario, ahora van tras los que recogen frutas, si lleva a aquí 25 años después de vencida su visa, están listos a recogerlo como si fuera un peligro para la población”.

En los centros de detención de indocumentados, como el localizado en el condado Broward, se ve un cambio en la población. Como lo recordó Simpson, “hace un año y medio eran personas recién llegadas que buscaban asilo. Era gente que acababa de llegar, por ejemplo de Centroamérica. Ahora la población es de gente que ha estado en la comunidad por largo tiempo, más de 10 años”.

Según esta abogada de inmigración, una de las áreas impactadas con las políticas migratorias federales y locales, es la sensación, por parte de la comunidad indocumentada, que no se puede confiar en la policía. Y eso se puede apreciar con las víctimas de violencia doméstica.

En muy poco tiempo IMPAC ha logrado organizar a la comunidad empresarial y cultivar a líderes “para promover el compromiso cívico”. La directora del programa de familia del AIJ, advirtió que “tener un abogado no necesariamente cambia la ley ni cambia los factores de la situación de un indocumentado. Podemos ayudar a mucha gente, pero no podemos cambiar la situación concreta de una persona”, puntualizó.

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