MIAMI — Un jurado en Miami declaró el viernes responsable al exmarino argentino Roberto Guillermo Bravo por una matanza extrajudicial de un grupo de presos políticos en una base naval argentina en los años 70 y ordenó una recompensa de más de 20 millones de dólares en daños y perjuicios a familiares de cuatro de las víctimas.

El veredicto unánime de los siete miembros del jurado fue revelado tras más de dos horas y media de deliberaciones.

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Bravo, de 79 años, permaneció inmutable al escuchar el veredicto en la sala de audiencias, mientras que dos de los familiares escuchaban llorando.

“Estoy feliz por ellos”, dijo Bravo a The Associated Press cuando salía de la sala, mientras miraba fijamente a Raquel Camps, hija de una de las víctimas, que lloraba acongojada en los hombros de uno de los abogados.

Para los demandantes fue una victoria histórica. Es la primera vez que Bravo enfrenta la justicia por la llamada Masacre de Trelew.

"Estamos muy agradecidos por este veredicto. Este caso nunca fue por dinero, fue sobre una injusticia histórica y muy dolorosa”, dijo a la AP el abogado Ajay Krishnan, quien representa a los demandantes. “Creemos que hoy hemos dado un paso en esa dirección”

Poco antes de revelarse el veredicto, los familiares de las cuatro víctimas solicitaron que declarasen responsable al exmarino y le ordenaran pagar una recompensa de al menos 18 millones de dólares por los daños y perjuicios que les habría causado.

“El señor Roberto (Guillermo) Bravo tiene que ser castigado por sus hechos”, expresó Krishnan. “El señor Bravo conspiró para disparar y matar a 19 presos y no fue por defensa propia”, aseguró.

La defensa del exmarino había insistido que la causa había caducado porque han pasado casi cinco décadas desde que ocurrieron los hechos en la Patagonia argentina.

Los cuatro demandantes son familiares de Eduardo Cappello, Rubén Bonet, Ana María Villarreal de Santucho y Alberto Camps. En la querella presentada en octubre de 2020 alegaron que Bravo desempeñó un papel clave en el fusilamiento de 19 prisioneros políticos desarmados en la base militar de Trelew, en la Patagonia, en la madrugada del 22 de agosto de 1972. De los cuatro, el único sobreviviente fue Camps.

La masacre fue en Argentina, pero la Ley de Protección de Víctimas de la Tortura permite acciones judiciales si los acusados están en Estados Unidos.

Dirigiéndose a los miembros del jurado en los alegatos finales, Steven Davis, uno de los abogados de Bravo, alegó que pasaron más de los 10 años permitidos por la ley para que la demanda sea presentada y que no existen circunstancias extraordinarias que justifiquen el caso en Miami.

“Lo que pasó fue una tragedia, pero no fue planeado”, expresó Davis para refutar el alegato de la demanda de que se trató de una conspiración. “El plazo de 10 años ha vencido”, aseguró en un intento en por tirar por la borda el argumento de los demandantes, que aseguran que hasta 2008 desconocían dónde estaba Bravo.

En 2008 Interpol notificó a las autoridades argentinas que había encontrado en Florida a Bravo. En 2010 el gobierno de la nación sudamericana solicitó su extradición, pero meses después fue denegada por un juez de Florida. En 2019 se presentó un segundo pedido de extradición, que aún está en proceso.

Los demandantes alegaron que debido al clima de miedo que se vivía en Argentina por las dictaduras militares de los años 70 y 80, los familiares no se animaron a hacer denuncias por temor a ser reprimidos y desaparecidos. Además, dicen, recién en 2008 supieron del paradero de Bravo y luego se concentraron en un juicio criminal en su país.

En Argentina a partir de 2005 se inició una investigación que allanó el camino a una denuncia penal. Bravo fue el único de los acusados que no enfrentó la justicia. Otros tres oficiales fueron condenados en 2012.

De acuerdo con la demanda, Bravo fue uno de los militares que llegó a las celdas antes de que les ordenaran salir a los presos, formar una fila y dispararles, matando a 16 e hiriendo de gravedad a tres.

FUENTE: Con información de AP

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