De esta manera, legisladores de ambas cámaras, 120 representantes y 40 senadores estatales, sesionarían hasta el 30 de abril para presentar las propuestas adoptadas, no sin antes protagonizar fuertes debates sobre ciertas ideas, cortes a determinados servicios públicos y el papel del gobernador respecto a la legislatura, en medio de una pandemia de coronavirus que no termina y una campaña de reelección que parece haber comenzado.
“Florida atrae nuevos negocios y residentes debido al buen manejo del COVID-19”, aseguró el gobernador Ron DeSantis, durante la apertura de la nueva legislatura, mientras la autoridad estatal de Salud confirmaba la suma de cerca de dos millones de contagiados y 32.000 fallecimientos desde que comenzó la pandemia.
No obstante, el gobernador insistió en que, mientras otros estados establecían cierres de negocios y escuelas, “Florida nunca cerró”, aunque la historia denota que el estado convocó clausura temporal de locales comerciales, como bares, gimnasios, etc., además de escuelas, durante el pasado verano.
De hecho, la comisionada estatal de Agricultura, la única demócrata elegida a formar parte del gabinete de la gobernación, Nikki Fried, comentó: “Escuchamos mensajes contradictorios de nuestro gobernador, pero aún tenemos que usar mascarillas y ser vacunados. No solo por nuestra salud, sino para que nuestra economía vuelva a funcionar. Sin trabajos, buenos salarios y lugares de trabajo seguros, todos sufrimos".
Mientras, entre los asuntos a tratar por los legisladores destacan:
Presupuesto: DeSantis ‘recomienda’ 96.600 millones de dólares, lo que representa un aumento de 4.300 millones de dólares con respecto al año fiscal actual, a pesar del déficit de 2.000 millones de dólares. De cualquier manera, se espera que los impactos relacionados con el coronavirus provoquen recortes generalizados en áreas como la educación, el medio ambiente, la atención médica y más.
Educación: Los legisladores consideran ampliar el programa de vales escolares, con lo que más padres podrían optar por llevar a sus hijos a instituciones privadas, pero muchos maestros de escuelas públicas opinan que esto alentaría la educación en manos empresariales del estado.
Protestas: Una propuesta de ley que fortalece penalidades por actos de violencia durante manifestaciones populares, como las que sucedieron durante el pasado verano y el asalto al Capitolio nacional, y que muchos creen necesaria, afronta la controversial idea de que restringe manifestaciones porque podría implicar a quienes no causen daños, además de abrir la posibilidad de demandar a gobiernos locales por el supuesto mal manejo de la seguridad pública, lo que podría afectar los presupuestos municipales y condales.
Voto por correo: Proponen limitar la solicitud del voto por correo a una elección, así como restringir las boletas que alguien pueda entregar a nombre de otra persona y el número de buzones para depositar el sufragio. Quienes se oponen plantean que la ley no debe tener carácter retroactivo y que ello “parece estar dirigido a reducir el voto demócrata” que emplea ese tipo de votación con mayor proporción.
Redes sociales: DeSantis propone penalizar a grandes firmas digitales, como Twitter, Google o Facebook, por lo que considera “censura a conservadores”, a raíz del cierre de miles de cuentas, entre ellos el expresidente Donald Trump, a lo que críticos opinan que se trata de “un asunto editorial” por ser un asunto de “empresas privadas”.
Limitaciones por COVID: Si es aprobada, dictaría qué puede ser reclamado por personas y entidades comerciales sobre supuestos contagios, al mismo tiempo que, según los críticos, “oficializaría” órdenes restrictivas a gobiernos regionales para establecer medidas sanitarias, que limiten el cierre o afecten negocios que podría conllevar a la pérdida de empleos.
Apreciación intelectual: El Higher Education propone que las instituciones de educación superior midan cada año la apreciación intelectual en los campus, para determinar si la diversidad de ideas es aceptada o reprimida. Unos creen que es necesario para dar espacio a las opiniones conservadoras, que a menudo son desestimadas, mientras otros aseguran que ello conduciría a la proliferación de convocatorias del lado opuesto, los radicales de izquierda, que podría dar espacio a enemigos de la sociedad estadounidense.
Seguro de viviendas: A diferencia del centro y el norte del estado, el sur de la península vive el azote de huracanes y cualquier cambio al régimen de pólizas podría afectar aún más el bolsillo de residentes y gobiernos locales. Eso es lo que plantean los que se oponen a la propuesta de ley que limitaría el pago de reparaciones de techos que no hayan sido recompuestos en los últimos 10 años.
Medicaid: La proposición Medicaid Coverage, o cobertura de Medicaid, pide atención médica para unas 850.000 personas menores de 65 años, cuyos ingresos no superan el 138% del llamado ‘límite de pobreza’ que estipula el Gobierno federal. O sea, no más de 17.610 dólares al año actualmente, lo que unos consideran un derecho de vida y otros una carga pública que afectaría el presupuesto estatal.
Salario mínimo: Se propone establecer “un salario menor” de capacitación, para personas sin experiencia o exconvictos, así como menores de 21 años y personas consideradas “difíciles de contratar”, lo que ahorraría millones de dólares a la empresa privada. Quienes se oponen plantean que esta medida contradice el aumento de salario mínimo aprobado el año pasado por los electores, que establece un incremento gradual hasta llegar a 15 dólares en 2026.
