MIAMI.- Melba Pearson, aspirante al cargo de fiscal estatal de Miami-Dade, reta en las urnas a Katherine Fernandez-Rundle, quien ocupa el cargo hace casi tres décadas, para, según sostiene, poner fin a lo que define como "26 años de inacción contra la corrupción y la impunidad vigente en el condado”.

Pearson, hija de inmigrantes, se licenció en Derecho por la Universidad de Hofstra, Nueva York. En 2017, antes de asumir la dirección del Sindicato Estadounidense de Libertades Civiles de Florida, había trabajado durante 15 años en las oficinas de Fernández-Rundle, como asistente de juez del estado, en la División de Violencia Doméstica y Delitos Menores. Una experiencia que le ha permitido “conocer muy bien a su oponente”.

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En entrevista exclusiva concedida a DIARIO LAS AMÉRICAS, Pearson reveló sus motivos para aspirar a ser fiscal estatal del condado. Abordó aspectos claves de su visión sobre la justicia, tales como lo que ella denomina “encarcelación masiva”, prevención del delito o “disparidad racial” en el sistema judicial. Además habló sin tapujos sobre el significado de Defund the police.

“Es tiempo de cambio”, comenzó Pearson. “Mi trabajo como juez, mi desempeño como presidente de la Asociación Nacional de Jueces Negros y mi experiencia en la Unión Estadounidense por la Libertades Civiles, (ACLU, por sus siglas en inglés) donde nos oponemos a las encarcelaciones masivas, me ha llevado a concluir que la justicia puede ser mejor administrada”, explicó.

“La justicia debe crear las condiciones necesarias para que las personas se alejen de los delitos, sean ricos o pobres, gente simple, funcionarios electos o policías”.

Encarcelación masiva

Pearson se plantea como uno de los objetivos centrales de su mandato el cese de las “encarcelaciones masivas”. Según cree, muchas personas están en la cárcel por hechos que no deberían catalogarse como delitos.

“El ejemplo perfecto es lo que sucedió aquí en los ochenta con la epidemia de crack. Incontables personas fueron enviadas a prisión por el mero hecho de ser adictos, algo que no hizo a nuestra comunidad, ni mejor, ni más segura. Los adictos, lejos de recibir un tratamiento, recibieron prisión. La adicción es una enfermedad y, como tal, debería tratarse. Hay una mejor forma de curarlos y es tan simple como enviarlos a centros de rehabilitación, donde un médico pueda atender su dependencia.

Actualmente, el problema es la adicción al opio. Tendríamos que estar seguros de que esas personas, en lugar de ser encarceladas, sean rehabilitadas y, con tal fin, crear programas para asistirles.

Recortes a los fondos de la policía

Según Pearson, se ha querido tergiversar el mensaje defund the police, cuando se plantea recortar fondos a la Policía, “Eso nada tiene que ver con abolirla. El papel de la policía en nuestra comunidad no está en discusión”.

“Sin embargo, en mi etapa de juez, observé que muchos de los programas sociales creados con el objetivo de alejar a las personas de la vida marginal y de la delincuencia carecían de fondos y tenían que cerrar.

Los legisladores se ven obligados a recortar fondos para cumplir con el presupuesto. Sin embargo, cuando hay dinero, los legisladores no lo invierten en esos programas. En conclusión, continuamente recortamos servicios importantes que harían nuestra comunidad más segura.

No es justo pensar que la única manera de arreglar las cosas es siempre poniendo dinero en la Policía. Creo que deberían destinarse más fondos a programas de prevención del delito. Así tendríamos menos víctimas y estaríamos más seguros”.

Prevención del delito

Pearson considera que se debe poner el énfasis en la prevención del delito.“Mi padre siempre decía: más vale prevenir que curar”, recordó la jueza.

“Tenemos que centrarnos en los jóvenes y asegurarnos de que realmente acceden a las oportunidades disponibles en la sociedad. Hay que trabajar con las comunidades más deprimidas para facilitar actividades extracurriculares y ayudarlos a salir de las calles. Tenemos que trabajar más con las personas que salen de las cárceles, para asegurarnos de que consiguen un empleo. Así ellos serán capaces de formar hogares y cuidar a sus familias. Esta también es una forma de prevenir el delito”, subrayó.

La jueza prometió además enfocarse en la prevención de la violencia con armas de fuego, los crímenes sexuales y la violencia doméstica. “Esos son los principales tres delitos que están destruyendo mi comunidad y la vida de muchas personas”, sostuvo.

Disparidad racial del sistema judicial

Según Pearson, existe un trato desigual en la justicia. “Como muestra el reporte de ACLU llamado “Trato desigual”, los negros en Miami tienen tres veces más probabilidades de ser enviados a prisión que una persona blanca que cometa los mismos delitos y, en el caso de los negros latinos, esa posibilidad se incrementa a cinco veces.

“Yo me esforzaré para que haya mayor diversidad en las oficinas de justicia. Me encargaré de que los fiscales se entrenen para que impartan justicia sin prejuicios. También instruiré a los policías en la forma cómo ellos deben abordar los casos para que se garantice la justicia a todas las partes implicadas”, señaló.

La abogada afroamericana no cree que el sistema judicial tenga la intención de ser racista. “Pero los resultados que arroja muestran grandes vestigios de prejuicios”, dijo.

“Por eso, si llego a encabezar la primera magistratura del condado, tendría que ser muy cuidadosa para arreglar solo lo que haga falta, solo lo que esté roto”, precisó.

“De la forma que está implementado, el sistema crea dos justicias. Una para los ricos y otra para los pobres. Unos son citados y salen absueltos, otros son arrestados y entran a la cárcel. Los pertenecientes a la última categoría son principalmente negros y mulatos”, afirmó

El voto latino

A la pregunta de por qué los residentes de Miami-Dade, que son mayoritariamente blancos, le votarían a ella. Pearson respondió: "Los recientes sucesos ocurridos en el país han hecho que la gente sea más exigente con la justicia. Yo estoy segura de que los residentes del condado están cansados de que mi oponente haya estado 26 años en esa oficina. Ella no ha hecho nada contra la corrupción y la impunidad, ha sido incapaz de actuar en múltiples casos".

Luego señaló: "Votarán por mí porque en 2012 un guardia privado mató a un joven afroamericano por gusto y mi oponente nunca lo imputó. Fernández-Rundle tampoco enjuició al policía Jesús Menocal Jr. de Hialeah, que asaltó sexualmente a varias jóvenes y adolescentes. Tuvo que hacerlo el Fiscal General para que esas familias lograran justicia".

"Ella ha cometido grandes errores y es hora de que los asuma. Este condado se merece una justicia para todos y no para algunos. No creo que ella esté haciendo el trabajo necesario para proteger a la comunidad. Por otra parte, yo tengo más experiencia, hoy día, de la que Fernández-Rundle tenía cuando fue designada por Jannet Reno en 1993. Cuento con toda la energía necesaria para trabajar por la comunidad con la intención de estar siempre a su lado. Si llego a ese cargo, me seguirán viendo en La Carreta y en Hialeah hablando con las personas. No seré como otros funcionarios que, una vez elegidos, no los vuelves a ver hasta las siguientes elecciones", resaltó.

cmenendez@diariolasamericas.com
@menendezpryce

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