La Fiscalía sostiene que el aspirante izquierdista omitió reportar aportes económicos recibidos por su organización política entre 2018 y 2020
El candidato presidencial peruano Roberto Sánchez, del partido Juntos por el Perú, gesticula durante una conferencia de prensa de la Asociación Peruana de Prensa Extranjera (APEP) en Lima el 5 de junio de 2026.
AFPLIMA — La justicia peruana decidió el viernes, a dos días de la segunda vuelta presidencial, enviar a juicio oral al candidato de izquierda Roberto Sánchez por presuntamente ocultar aportes económicos recibidos por su partido político durante campañas electorales realizadas entre 2018 y 2020.
La decisión judicial se produce en la recta final de una elección crucial para Perú, donde Sánchez se enfrentará este domingo a la candidata conservadora Keiko Fujimori. Aunque el proceso penal no afectará su participación en los comicios debido a que la defensa anunció una apelación, el caso añade presión sobre el aspirante izquierdista en plena campaña.
“Díctese auto de enjuiciamiento; en consecuencia, declárase haber mérito para pasar a juicio oral contra Roberto Sánchez Palomino”, señaló el juez Adolfo Farfán al término de una audiencia virtual que se extendió durante dos jornadas.
La Fiscalía solicita una condena de cinco años y cuatro meses de prisión por presuntas irregularidades en el financiamiento de Juntos por el Perú, partido liderado por Sánchez.
Según la acusación, el candidato habría recibido más de 57.000 dólares en aportes de integrantes de su organización política para actividades partidarias que no fueron reportados ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), vulnerando las normas de transparencia electoral.
La fiscalía sostuvo que existen inconsistencias en los informes financieros presentados por la agrupación política durante procesos electorales regionales y municipales.
“Esta judicatura ha decidido declarar infundadas las observaciones formuladas por las defensas y validar formalmente la acusación”, añadió el magistrado.
Sánchez rechazó anteriormente los señalamientos y calificó la investigación como un intento de desacreditarlo políticamente.
“Durante años han intentado instalar una mentira para desacreditarme políticamente”, escribió en abril en la red social X.
El dirigente izquierdista sostiene que una instancia judicial archivó el caso en 2025 por falta de pruebas relacionadas con el presunto fraude electoral.
La decisión judicial llega en medio de una campaña marcada por la preocupación ciudadana ante el avance de la delincuencia, la crisis económica y la persistente inestabilidad institucional que ha llevado a Perú a tener ocho presidentes desde 2016.
En los últimos días, Sánchez ha moderado parte de su discurso y ha intentado proyectar una imagen de estabilidad y gobernabilidad.
Recientemente, aseguró que en caso de llegar a la presidencia, buscará mantener relaciones respetuosas con la administración del presidente Donald Trump.
“La buena vecindad y las relaciones respetuosas entre las naciones son siempre una prioridad. Perú tiene relaciones históricas con Estados Unidos y no puede ser la excepción”, afirmó.
Asimismo, planteó reformas para limitar el uso de la figura de la vacancia presidencial por “incapacidad moral permanente”, un mecanismo utilizado en repetidas ocasiones por el Congreso peruano para destituir mandatarios y que ha contribuido a la crisis política de los últimos años.
La resolución judicial abre un nuevo frente para Sánchez a pocas horas de una elección que definirá el rumbo político de Perú en medio de una creciente polarización entre los sectores conservadores y la izquierda.
FUENTE: Con información de AFP
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