Entre protestas ciudadanas, choques políticos y en el centro de una tormenta, el plan financiero del condado sigue perfilando sus números para el próximo año fiscal
Daniella Levine-Cava, alcaldesa de Miami-Dade.
CESAR MENENDEZ DLA
Los comisionados Oliver Gilbert III y Raquel Regalado conversan durante el taller presupuestario.
CESAR MENENDEZ DLA Comisionado Roberto González en el pleno órgano legislativo.
CESAR MENENDEZ DLA Rosie Cordero-Stutz, sheriff del condado, en el pleno.
CESAR MENENDEZ DLA Comisionado René García en el pleno.
CESAR MENENDEZ DLA La sheriff del condado, Rosie Cordero-Stutz, y el comisionado Oliver Gilbert III intercambian durante el taller presupuestario.
CESAR MENENDEZ DLA Comisionada Raquel Regalado en el taller presupuestario.
CESAR MENENDEZ DLA MIAMI. - La alcaldesa Daniella Levine Cava enfrenta uno de los mayores retos políticos de su administración con la discusión del presupuesto del condado para el año fiscal 2025-2026. Su propuesta inicial, marcada por un déficit de 402 millones de dólares, desató un amplio debate en la Comisión de Miami-Dade y encendió las críticas de diversos sectores debido a los recortes previstos en cultura, programas comunitarios y servicios para personas mayores.
En un contexto de presión pública y negociaciones políticas, la alcaldesa anunció ajustes que incorporan cerca de 66 millones de dólares en nuevos ingresos identificados, lo que permite restaurar parcialmente fondos en áreas sensibles. Sin embargo, la controversia sigue abierta. Los comisionados, con posiciones encontradas, han aprovechado las audiencias y talleres para fijar sus posturas, unos reclaman cambios estructurales, otros acusan directamente a la administración de “negligencia”.
En un encuentro con la prensa, este miércoles 20 de agosto, Levine Cava explicó la procedencia de los 66 millones en fondos recién hallados. “Pusimos todo eso junto, unimos los esfuerzos internos del condado para hacer más eficiente la operación, y estoy feliz de informar que hemos asegurado casi 66 millones de dólares adicionales”. La alcaldesa indicó que 26 millones provienen de la oficina del recaudador de impuestos, 33.2 millones de oficinas constitucionales que no ejecutaron sus partidas en el año fiscal presente y 6.6 millones en ahorros internos. Ese dinero, dijo, se destinará a reforzar reservas, seguridad pública, programas culturales, organizaciones sin fines de lucro, parques comunitarios y la reapertura de un centro para mayores.
Con este anuncio, recogido en un memorado, Levine Cava buscó responder a semanas de protestas de artistas, organizaciones sociales y residentes que reclamaban ante los recortes. “Ya hemos oído a la gente en más de 12 reuniones públicas, y ellos quieren más fondos para arte, cultura, servicios sociales, parques y también es muy necesario poner más fondos en reservas”.
La mandataria celebró que con esos recursos pudo restaurar casi en su totalidad las subvenciones culturales y alrededor de la mitad de los fondos de las organizaciones sociales. Pero reconoció que se trata de ingresos no recurrentes: “Esto es financiamiento de una sola vez, no es recurrente. Vamos a tener que prepararnos para un futuro más estrecho”.
Entre las voces más firmes en la discusión se encuentra la comisionada Raquel Regalado, quien ha cuestionado desde hace meses la sostenibilidad de las finanzas del condado. Para ella, el problema no es solo de ingresos, sino de estructura. En el taller presupuestario, en calidad de presidente del Comité de Asignaciones del condado, advirtió que no se puede seguir repitiendo el mismo patrón de déficits y ajustes temporales. “No podemos estar todos los años en la misma situación”, señaló, “porque eso significa que lo que tenemos es un problema estructural”.
Regalado insistió en la necesidad de un presupuesto “magro y realista” que no dependa de recursos extraordinarios de último minuto. En su amplia presentación planteó que el Condado debe enfocarse en la eficiencia del gasto y en reducir duplicidades, además de abrir una discusión seria sobre prioridades. Para ilustrar su punto, mencionó que programas vitales como el transporte especial o los servicios para personas mayores no pueden estar a merced de decisiones coyunturales. “La gente necesita certezas, no parches”, remarcó.
Por otro lado, Regalado se mostró receptiva a las correcciones que introdujo la alcaldesa, pero subrayó que no resuelven el problema de fondo. “Hemos recuperado fondos para cultura y para organizaciones sin fines de lucro, lo cual es positivo. Pero seguimos sin un plan claro para evitar que esto se repita el año próximo”, declaró. Su postura está en sintonía con los sectores que reclaman mayor disciplina fiscal, y la proyecta como una de las voces críticas con más peso dentro del hemiciclo.
En su presentación, habló de cómo hacer recortes en contratos y sobrecostos en el sistema de prisiones, la optimización de uso de agua en el condado, propuso ajustes a servicios críticos como los bomberos, parques, y el servicio de cremación que provee el condado, entre otros. Su objetivo, insistió es cambiar la cultura y la mentalidad del condado, enfocándose en los servicios esenciales que debe proveer de manera eficiente. Las propuestas de la comisionada Regalado alcanzarían para recortar unos 20 millones de dólares.
Otro de los puntos candentes del debate fue el reclamo de la sheriff del condado, Rosie Cordero-Stutz, quien con un presupuesto de 936 millones de dólares solicitó un incremento presupuestario de 94 millones de dólares para su oficina. La alcaldesa, consciente de la sensibilidad política de la seguridad, anunció que destinaría 7.5 millones adicionales a la partida de la oficina del sheriff, aunque aclaró que se trataba de fondos devueltos por no haberse ejecutado en el ciclo anterior. Levine-Cava defendió su compromiso con la seguridad pública recordando que “durante mi administración hemos aumentado el presupuesto cada año un 8%” y presumió de que el condado tiene “una de las tasas de criminalidad más bajas del país”.
Cordero-Stutz aclaró que de los 94 millones dólares que está solicitando, 63 corresponden a acuerdos laborales firmados por la alcaldesa, antes de su mandato. Y detalló que el resto del dinero se destinará para crear cinco academias de formación, necesarias para reemplazar los 140 agentes que se jubilan cada año. Unos 3.6 millones se pagarán en horas extras por falta de personal. Y la otra parte del dinero será dirigido a la contratación de personal civil para tareas administrativas, reemplazo de equipos vencidos y un plan de rebranding vehicular (8 millones en tres años).
El asunto generó fricciones. Algunos comisionados respaldaron la idea de fortalecer la oficina del sheriff, mientras otros advirtieron que el problema no es de fondos sino de gestión.
El comisionado Oliver Gilbert III hizo un llamado a la coherencia política. Recordó que la mayoría de las obligaciones presupuestarias actuales —desde acuerdos sindicales hasta contratos de servicios— fueron aprobadas por la propia Comisión.
“No podemos votar por aumentos del gasto un año y luego quejarnos del déficit al siguiente. Nosotros también somos responsables”, advirtió a sus colegas.
Aunque Gilbert reconoció la necesidad de reforzar la plantilla policial, propuso hacerlo de manera escalonada. En lugar de cinco academias, aprobar dos y evaluar resultados antes de expandir el programa. Al mismo tiempo, subrayó que está de acuerdo en reforzar los programas para prevenir el crimen. En este contexto, recalcó que los programas culturales y comunitarios son parte de la prevención del crimen, y que no deben sacrificarse en nombre exclusivo de la seguridad.
El comisionado Roberto González adoptó una de las posturas más duras contra la administración de Levine Cava. “No hay déficit, hay negligencia”. Con esta declaración, González quiso dejar claro que, a su juicio, el problema del condado no radica en la falta de dinero sino en el mal manejo de los recursos. “Los números están ahí, los ingresos están ahí”, afirmó. “Lo que falta es voluntad de administrar con responsabilidad”.
Para González, los 402 millones de déficit anunciados por la alcaldesa son en realidad el resultado de una gestión ineficiente y de decisiones políticas equivocadas. Según explicó, la evidencia de que aparecieron 66 millones de dólares “de la nada” confirma que no se trata de un déficit estructural, sino de fallas de planeación. Su crítica se extendió también a la forma en que la alcaldesa maneja las prioridades: “Se anuncian recortes en cultura, en programas sociales, mientras otras partidas permanecen intocables. Eso no es transparencia, es un uso selectivo de los recortes”.
El tono frontal de González lo ha posicionado como uno de los principales contrapesos de Levine Cava en la comisión. Su frase se convirtió en un resumen del malestar de quienes consideran que el condado necesita una administración más rigurosa y menos dependiente de ajustes de última hora.
El comisionado René García coincide en parte con González, aunque con un enfoque más técnico. Asegura que el déficit no es de 402 millones, sino podría ser de unos 150 millones, al estar inflados por el mal uso de fondos federales y no recurrentes que se destinaron a programas permanentes.
Su propuesta es clara: construir un presupuesto sobre la base de ingresos fijos y sostenibles, evitando la dependencia de fondos extraordinarios que cada año desaparecen.
El presupuesto también incluye decisiones sensibles en materia de transporte. La alcaldesa anunció que reducirá de dos a un centavo por galón la propuesta de incremento al impuesto de la gasolina, lo que significa un ingreso de cinco millones de dólares, en lugar de diez. Asimismo, modificó la propuesta del alza en las tarifas del servicio especial de transporte (STS), que pasará de un aumento de 75 centavos a solo 25 centavos. “Sabemos que eso ayudará a muchos de los que dependen de estos servicios”, dijo Levine Cava.
Uno de los puntos más discutidos fue la eliminación del programa MetroConnect, un servicio que ha sido clave para usuarios de bajos ingresos y personas mayores. Preguntada al respecto, la alcaldesa respondió que se están revisando las rutas más utilizadas y que se evalúa un plan de inversión de entre 3 y 6 millones de dólares, aunque reconoció que esos recursos no están actualmente en el presupuesto base. “Sabemos que MetroConnect ha sido muy útil, especialmente durante la transición al Better Bus Network. Estamos buscando alternativas y apoyos para que quienes califican puedan acceder a otros programas de transporte”, afirmó.
Además, la alcaldesa en su propuesta restablecería 5.6 millones de dólares para programas en parques comunitarios, lo que permite mantener actividades que inicialmente iban a ser eliminadas. También se preservó un centro para personas mayores con una asignación de 400,000 dólares, decisión que fue bien recibida tras las críticas de residentes.
El debate presupuestario de este año está marcado por un trasfondo político particular. La alcaldesa Levine Cava encara una etapa crucial de su administración al enfrentar el descontento ciudadano, las críticas de los comisionados y las tensiones con nuevas oficinas constitucionales como la del sheriff, en un escenario donde se exige mayor austeridad, transparencia y rendición de cuentas.
La Comisión establece una dinámica interna de contrapeso no vista en mucho tiempo. Mientras comisionados como Regalado plantean la urgencia de reformas estructurales, y González acusa de negligencia al ejecutivo, otros han optado por posiciones más moderadas, buscando negociar ajustes sin confrontar abiertamente con la alcaldesa. El resultado, hasta ahora, es un presupuesto enmendado que alivia parcialmente las tensiones, pero que aún no disipa la incertidumbre sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas.
Septiembre será el mes decisivo. El presupuesto debe ser aprobado antes del inicio del nuevo año fiscal. Lo que está en juego no es solo la distribución de miles de millones de dólares, sino también la confianza ciudadana en la capacidad de Miami-Dade de administrar con transparencia, eficiencia y visión de futuro esos 13 mil millones de dólares atesorados en las arcas públicas.
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