De hecho, el narcotráfico tiene copado el 80% de las zonas estratégicas que estaban en poder de las FARC en 2012, indicó Pedro Medellín, analista político, columnista del diario El Tiempo y profesor universitario. El cartel de Sinaloa, los Zetas y otras bandas mexicanas son los dueños de la coca, en un país que sigue siendo el líder en el cultivo de la mata de coca.
“Hay 10 departamentos [Colombia tiene 32] bajo el control de los carteles mexicanos”, precisó Medellín.
Si a esto se añade que en 2017 hubo más de 200.000 hectáreas sembradas con cultivos ilícitos y una producción de 950 toneladas de coca, el escenario para Duque en este frente es bastante complejo, porque involucra, además, a Estados Unidos con el tema de la descertificación; es decir, si Colombia está cumpliendo o no su compromiso de combatir de manera efectiva el narcotráfico.
Los otros armados
“El gran error sería provocar la confrontación con el ELN”, indicó Héctor Riveros, analista político, director del Instituto de Estudios Liberales (entidad perteneciente al Partido Liberal) y profesor universitario.
Bajo su perspectiva, a Duque “le tocaría volverse Uribe 1.0, con bombardeos y consejos de emergencia en las brigadas militares. El sentimiento de la gente sería el de ‘nos estamos devolviendo’”.
Es claro que a una porción importante de los colombianos le molestan los acuerdos porque, en su sentir, hubo beneficios exagerados para la guerrilla, pero “no niega que ha sido a cambio de una disminución de la violencia”, subrayó Riveros.
Por lo tanto, es un gran riesgo para el presidente electo que siga sin vida efectiva la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), aprobada en los acuerdos de 2015.
Duque ha matizado su posición con respecto a la representación de la FARC (ahora Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común) en el Congreso. Está de acuerdo en que los 10 escaños transitorios deben pertenecer a ese grupo político, pero rechaza la posibilidad de que sean ocupados por personas comprometidas en crímenes de lesa humanidad.
En declaraciones, Duque ha dicho que tampoco considera que deba replantearse la conexión del narcotráfico con el delito político, por lo menos para el caso de las huestes de Timochenko. Sin embargo, para posteriores negociaciones -con el ELN, por ejemplo- se opondría a ese vínculo.
Pero hay un punto crítico, que es el de la proporcionalidad de las penas. Y ahí la Corte Constitucional podría jugar un papel fundamental en la reglamentación de la JEP en el caso de delitos graves, restricción efectiva de la libertad y cárcel.
“La corte sería una especie de árbitro, es razonable que la JEP tenga un cierto margen de maniobra pero en ese marco tendría que aceptar algunos criterios”, recalcó Riveros.
Para el mandatario elegido el pasado 17 de junio, cualquier persona que se someta a la JEP (guerrillero, militar o civil) no puede recibir los beneficios de esa justicia especial si no reconoce su responsabilidad. “Esto no afectará a las FARC, ellos no niegan su responsabilidad, aceptarán delitos políticos y otros tantos porque ya tienen condenas por eso”, puntualizó Rivero.
Duque, no obstante, ha dicho que los militares no pueden ser objeto del mismo procedimiento que los guerrilleros. Por lo tanto podrían reconocer el delito, pero no la responsabilidad, y eso, según Rivero, tendría consecuencias internacionales.
Al final, si el nuevo presidente “logra que la Corte Constitucional fije límites más onerosos para los miembros de las FARC, se dará por satisfecho. Hay que ver si eso satisface a la ‘barra brava’ [los uribistas radicales] que aspiran a quitarle el rango constitucional al acuerdo de paz. Eso sería hacerlo trizas”, explicó
En realidad, hubo 7.500 desmovilizados de las FARC y de ellos, 3.000 se devolvieron a la actividad delictiva. “Estamos en una discusión donde todo es por cuatro mil sujetos. La JEP es una discusión inútil”, expresó Medellín.
La Corte Suprema
Otro reto para Duque es la probabilidad, según Riveros, de que la Corte Suprema de esa nación ordene una “medida de aseguramiento” (arresto) contra el expresidente y senador Alvaro Uribe Vélez.
Los casos que investiga el máximo tribunal y que se presume que podrían llevar a esa medida serían las masacres de El Aro y La Granja, tipificadas como crímenes de lesa humanidad, y por las cuales está siendo investigado el expresidente.
También se indaga sobre una supuesta manipulación de testigos, sobre lo que se asegura, existen grabaciones y testimonios que comprometen al exmandatario.
A juzgar por el equipo nombrado por Duque para el empalme entre el actual y el nuevo gobierno, hay la presencia de tecnócratas y empresarios, pero no de la de políticos profesionales o connotados dirigentes del uribismo.
Por lo tanto, Medellín lo ve no sólo como un dirigente joven dispuesto a darle paso a una nueva generación (cumple 42 años antes de su posesión), sino como alguien moderado, independiente y de centro, que podría sorprender porque los radicales del uribismo van a tener su puesto en el Congreso, pero no en el Gobierno, y tal vez no van a poder interferir en las decisiones de la Casa de Nariño, o generar un enfrentamiento tan radical como el que plantearon durante la era de Juan Manuel Santos.
El próximo 20 de julio se verá qué papel pueda jugar Uribe en el Senado: si es su presidente o hará más bien un repliegue estratégico.
Pero todo esto puede verse atravesado por el hecho de que la Corte Suprema ordene la captura de Uribe.
En el caso de los falsos testigos, la corte ordenó investigar la posible manipulación de los anteriores por parte del exmandatario, después de que este inicialmente acusara a Iván Cepeda, del Polo Democrático (organización de izquierda), de haber sido quien los manipulara.
“Este sería el primer desafío del presidente Duque, quien tendría que escoger entre ser leal a Uribe o el éxito de su Gobierno”, expresó Riveros. Quedaría por lo tanto entre la espada y la pared, porque al aceptar el fallo de la justicia y que Uribe sea juzgado, perdería su apoyo y el de los seguidores del expresidente.
Pero en todo este panorama de amenazas y riesgos, Medellín ve un punto muy positivo: “Se ha clarificado el panorama político, los petristas [seguidores de Gustavo Petro, el candidato de izquierda que perdió la elección presidencial] no entrarán al Gobierno, y lo mismo habría sucedido si Petro hubiera sido el elegido”.
Para este analista, lo anterior es un elemento modernizador de la política colombiana, en medio de un proceso de paz inexistente y el fenómeno del narcotráfico, ese factor social y económico que ha distorsionado por completo la vida de Colombia durante los últimos 35 años.
