MIAMI.- La marihuana volvió a ser la protagonista a principios de este 2018, cuando un memorando del fiscal general Jefferson B. Sessions anulaba la política diseñada por la administración de Barack Obama con el propósito de no interferir en los asuntos internos de los estados en el tema de la marihuana, sobre todo en aquellos donde el cannabis fue legalizado ya fuera para uso medicinal, recreativo o los dos.

Sessions, en un corto documento de una página emitido el pasado 4 de enero, se basaba en la ley de control de sustancias prohibidas (Controlled Substances Act) que prohíbe de manera tajante el cultivo, la distribución y posesión de marihuana.

Casi cinco años atrás, el 29 de agosto de 2013, el vicefiscal de entonces, James M.Cole, estableció una guía para perseguir la marihuana.

En ese memorando se dejaban en claro dos cosas: que el Congreso había determinado que la llamada en algún momento “yerba maldita” (sobre todo durante los años más crudos de la guerra contra las drogas) era una sustancia peligrosa y que su distribución y venta ilegal “es un delito serio que provee una fuente significativa de ingresos a empresas criminales de gran escala, pandillas y carteles”, según rezaba el documento citado; y que el proceso de persecución a la marihuana se iba a concentrar en algunos puntos prioritarios para el Departamento de Justicia, pero teniendo en cuenta que varios estados habían aprobado leyes que legalizaban la marihuana medicinal.

Esa política fue anulada por Sessions. Y de acuerdo con Ben Pollara, un activista de la Florida que estuvo a la cabeza, desde el punto de vista político, de la iniciativa de legalizar la marihuana medicinal en el Estado del Sol, “[la administración Trump] está actuando en abierto desafío de millones de votantes, en todo el país, que aprobaron esas medidas [legalizar la marihuana]”.

Pero lo más delicado, desde el punto de vista de Pollara, son los efectos devastadores, en el ámbito financiero, que podría tener esa nueva política del fiscal general. “Si el gobierno federal toma más acciones, lo que provocará es que no haya inversiones en los estados en ese negocio. Eso sería problemático en todas partes pero sobre todo en la Florida donde el negocio de la marihuana está surgiendo y, en algunos casos, apenas tratando de conseguir el capital”.

¿Desmantelar el negocio?

Durante varios días DIARIO LAS AMERICAS trató, sin éxito, de comunicarse con la oficina del fiscal federal de la Florida, Benjamin Greenberg.

Dicha autoridad es fundamental en este caso, porque dependerá de la voluntad de Greenberg que se lleven adelante, o no, acciones contra el cultivo y la distribución de marihuana, e incluso se investiguen los dispensarios y otros negocios que son legales a la luz de la ley de la Florida.

Además, la política de Sessions sobre el decomiso de droga, establecida el pasado mes de julio de 2017, se utilizaría como una herramienta supuestamente efectiva “que ayudaría a las autoridades a quitarles los recursos al crimen organizado, recuperar las ganancias mal habidas, evitar que se cometan nuevos delitos y debilitar a los criminales y a los carteles [de la droga]”, según lo expresó un documento de la fiscalía.

Sin embargo, las acciones de decomiso de activos, por parte del gobierno federal, no se harían sino hasta cuando “las agencias estatales y locales den la información que demuestre que dichos decomisos se justificaron bajo el concepto de causa probable”.

De acuerdo con un artículo del abogado Jacob Frenkel, publicado en la revista Fortune, “con la destrucción de la limitad protección por parte de la administración anterior [la de Barack Obama] el Departamento de justicia establece aparentemente el escenario para iniciar una temporada de acciones legales y decomisos civiles”.

Los empresarios

“Lo que sabemos es que el fiscal general puede tener sus prejuicios para regular la marihuana legal, pero creemos que la Casa Blanca no comparte esa actitud”, explicó en conversación con DIARIO LAS AMÉRICAS Randy Maslow, presidente de iAnthus, uno de los grandes inversionistas en la industria de la marihuana legal en Estados Unidos.

Para este inversionista, el Departamento de Justicia de Sessions “finalmente tendrá que seguir la dirección del presidente de Estados Unidos, y lo que sentimos es que la Casa Blanca sabe cuán popular es la marihuana medicinal, el 90% de la población está de acuerdo con ella”.

Pero, a la larga, no habrá ningún trauma o viraje radical con lo conocido, a pesar de ciertos argumentos apocalípticos. “La verdad es que no ha cambiado nada”, precisó Maslow. “No hay ningún fiscal federal que haya dicho que va a cambiar su política frente a la marihuana. El de Massachusetts dijo hace poco que hay que darle prioridades a los recursos federales y por eso van a ir tras el problema de la epidemia de los opiáceos. La marihuana no es su problema”, explicó.

Desde el punto de vista de inversiones, Maslow indicó que al ser la marihuana ilegal en el ámbito federal, eso aún sirve de disuasivo para que los capitales inviertan en la industria de la marihuana. “Pero eso sucede en todos los estados y no hay nada novedoso al respecto, a menos que que el Departamento de Justicia empiece a arrestar a las personas de los dispensarios que venden marihuana de manera legal. No creemos que eso vaya a pasar”, precisó.

Bajo la perspectiva del presidente de iAnthus, “el fiscal general no está en sintonía ni con el pueblo estadounidense, ni con los fiscales en jurisdicciones donde la marihuana es legal”. Para Pollara, la política de Sessions “nos está retrocediendo a los años 80 o 90, con una guerra fracasada contra las drogas”.

De todas maneras Pollara ve que una solución permanente, que no esté al vaivén del cambio de presidente y de los fiscales, debe venir del congreso. Por ejemplo: una enmienda que se renueva todos los años, en la que se establece que en el presupuesto se prohíba al Departamento de Justicia dedicar fondos del congreso para evitar que los estados implemente sus propias leyes que autoricen el uso, la distribución, la posesión y el cultivo de la marihuana medicinal.

Esa enmienda, según Pollara, debiera convertirse en ley expedida por el congreso. “Este es un gigante dormido. Hace un mes no había posibilidad de que alguien, en el Senado o Cámara, hiciera algo sobre la marihuana. Que creo que las posibilidades crecen cada día que pasa”, recalcó.

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