El gobernador de Florida, Ron DeSantis, y el presidente de EEUU, Joe Biden.
AP/ArchivoMIAMI.- El gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció que el estado presentó una demanda contra la administración Biden y el Departamento de Educación de EEUU relacionada con las agencias de acreditación, que controlan la ayuda federal para estudiantes.
La demanda, presentada en la corte federal de Fort Lauderdale, desafía una ley federal que requiere que los colegios y universidades se presenten ante acreditadores privados para calificar para financiamiento federal. Su objetivo es el Departamento de Educación de los Estados Unidos, el secretario Miguel Cardona y otros funcionarios federales.
A principios de este año, DeSantis nombró fideicomisarios a la junta de New College of Florida, una pequeña escuela de Sarasota de unos 1.000 estudiantes que era mejor conocida por su pensamiento progresivo y su oferta de cursos creativos.
La nueva junta tiene la intención de convertir a esa institución en una escuela de artes liberales clásicas siguiendo el modelo del favorito conservador Hillsdale College en Michigan.
Hablando sobre la demanda de acreditación el jueves, DeSantis dijo que se niega a “inclinarse ante acreditadores que no rinden cuentas y que piensan que deberían administrar las universidades públicas de Florida”.
“Le estamos pidiendo a la corte que determine que este arreglo es inconstitucional”, dijo DeSantis.
Según la ley federal, las agencias de acreditación privadas deciden qué universidades y colegios son elegibles para aproximadamente 112 mil millones de dólares en fondos federales. Las agencias proporcionan un estándar de requisitos que las universidades deben seguir para mantener la acreditación.
La Comisión de Universidades de la Asociación Sureña de Colegios y Escuelas, o SACS, supervisa la acreditación de colegios y universidades en Florida.
Sin embargo, Florida aprobó una ley el año pasado que prohíbe que los colegios y universidades sean acreditados por la misma agencia o asociación por ciclos de acreditación consecutivos. También permite a las universidades demandar a los acreditadores por daños y perjuicios si creen que se han visto afectados negativamente.
La ley estatal requiere que más de la mitad de los colegios y universidades públicas de Florida cambien de acreditadores en los próximos dos años. Su capacidad para hacer estos cambios “está sustancialmente agobiada”, lo que DeSantis describió como el “abuso del esquema de acreditación actual” por parte de la administración Biden.
Para buscar un nuevo acreditador, una universidad debe recibir el permiso del Departamento de Educación de EEUU.
“No se puede tomar el poder legislativo y delegarlo en un organismo privado que no rinde cuentas”, dijo DeSantis. “Bajo su teoría, el acreditador puede servir como veto contra todo el estado de Florida”.
Señaló que la agencia de acreditación busca asumir la responsabilidad de garantizar el bienestar de los colegios y universidades lejos del gobernador, la Legislatura y los contribuyentes.
“Entonces, ya sabes, esa es una visión de que realmente, esta junta supera a todo el estado de Florida”, dijo DeSantis. “Rechazamos eso, y hoy vamos a hacer algo al respecto”.
Con información de AP
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