“No se trata de una resolución que censura todo el proceso que juzga a un individuo acusado de asesinato en primer grado, sino que declara ilegal el procedimiento que pone en manos de un juez la decisión final, por encima de la resolución del jurado”, aclaró el abogado Alberto Gutiérrez, especializado en asuntos criminales.
De hecho, el Poder Judicial de EEUU dictó la sentencia de inconstitucionalidad, 8 a 1, luego de analizar el caso de Timothy Lee Hurst, acusado de la muerte del gerente de un restaurante en 1998, quien fue hallado culpable por un jurado muy dividido, 7 a 5, y más tarde condenado a muerte por un juez que no tuvo en cuenta las desavenencias de la fraccionada decisión.
“Tal como explicó la jueza [del Tribunal Supremo] Sonia Sotomayor, la Sexta Enmienda de la Constitución exige un jurado, no un juez, para definir los hechos que imponen la pena de muerte”, señaló el letrado.
Luego añadió: “La resolución del juez al caso de Timothy Lee Hurst fue desfavorable para el condenado y preguntamos cuántos casos con falta de pruebas han sido desfavorables para los reos, luego que el magistrado, el sentenciador, decidió, en base a todas las razones que pudo haber tenido, condenar al individuo a la muerte”.
Según el juez Samuel Alito, portador del único voto en contra de la decisión del Supremo, la función de un juez es simplemente revisar el trabajo de un jurado.
El proceso judicial en cada estado es independiente, siempre y cuando, según las apreciaciones, no viole la ley suprema de la Unión Americana, que es la Constitución del país.
La Florida, que reinstauró la pena capital en 1972, y cuyo proceso judicial no fue declarado inconstitucional hasta el 12 de enero de 2016, define, o definía, que el jurado analiza los factores a favor y en contra de la pena capital, pero el juez no está obligado a acatar la decisión y podría imponer una resolución diferente en base a sus propias conclusiones.
“Yo diría que la resolución del Supremo demoró demasiado tiempo. Sólo puedo pensar que quienes ocuparon los puestos de jueces de la nación antes, no tuvieron, cuando menos, la habilidad de decretar inconstitucional algo que lo es. Lo mismo sucedió con el derecho al voto de la mujer, los derechos civiles e incluso el matrimonio del mismo género”, subrayó.
Más tarde recordó que el Tribunal Supremo de la nación declaró legal la pena de muerte en 1976, tras declararla inconstitucional en 1972, luego de una larga batalla centenaria por la definición del derecho a cada estado a ejecutarla.
“No me sorprendería que declaren, algún día próximo, que la pena capital no es objetiva porque el sistema judicial no garantiza el proceso sin la más mínima duda”, resaltó.
Datos precisos
Tras el fallo del más alto tribunal del país, el caso de Timothy Lee Hurst fue remitido a la Corte Suprema de la Florida para ser analizado y determinar si una nueva audiencia de sentencia es necesaria.
No obstante, la resolución del Supremo no aclara si los veredictos, incluso los procesos judiciales, de quienes fueron condenados a la pena capital en la Florida, tendrán una segunda vista.
Mientras tanto, hay 390 condenados a muerte en la Florida y la Corte Suprema del estado comienza a ser inundada con peticiones de revisión, al mismo tiempo que dos de ellos ya figuran en la lista de ejecuciones dictadas para febrero y marzo.
La espera
Las estadísticas afirman que la espera por una solución, sea la ejecución de la pena capital o la resolución de un nuevo proceso penal, supera los 12 años de duración.
Hay condenados que no logran vivir los años de la dilación y mueren en la cárcel, mayormente de causa natural, a expensas del contribuyente floridano que sufraga los gastos de estadía, vigilancia y gasto judicial.
Datos que debemos conocer
Las familias de las víctimas claman justicia y el sistema judicial debe resolver sus problemas.
La defensa del condenado a muerte Pablo Ibar, por ejemplo, espera una revisión tras el dictamen del Tribunal Supremo.
Hace casi dos años el abogado Benjamin Waxman presentó la apelación ante el Supremo de Florida, integrado por siete jueces.
En la vista celebrada en 2014 ante el Supremo de Florida, Waxman insistió en que Ibar tuvo un juicio defectuoso y que hay "piezas vitales" de prueba que el "jurado necesita ver y evaluar", según mencionó a EFE.
"El cúmulo de pruebas exculpatorias aportadas por la defensa claman al cielo", declaró Andrés Krakenberger, portavoz de la Asociación contra la Pena de Muerte “Pablo Ibar”, un hombre de 44 años que fue condenado a muerte por el triple asesinato en 1994 de dos modelos y el dueño de un club en Miramar.
Ibar fue hallado culpable, 9 a 3, por un jurado que tuvo dificultades para alcanzar una decisión unánime.
Florida es uno de los tres estados de la Unión Americana, junto con Alabama y Delaware, que no requieren un veredicto uniforme del jurado para sentenciar a un reo a muerte.
Pero hay más, otros estados optan por abolir la pena de muerte y condenar al culpable de asesinato a cadena perpetua.
La pena capital en Estados Unidos es aun legal en 31 estados. Su aplicación está limitada por la Octava Enmienda a la Constitución a homicidios agravados por adultos mentalmente competentes. Actualmente, 19 de los 50 estados de la nación han abolido la pena de muerte y 31 la conservan.
El año pasado, el estado de Nebraska invalidó la pena capital, mientras Connecticut determinó que es inconstitucional y Pennsylvania se sumó a la lista de quienes declararon una moratoria indefinida.
A lo largo del país, 156 condenados a muerte han sido exonerados y liberados luego que fueron sometidos a la prueba del DNA y los resultados no arrojaron la evidencia necesaria para culparlos.
De ellos, 26 fueron condenado en la Florida, 20 en Illinois, 13 en Texas, 10 en Louisiana y otros 10 en Oklahoma.
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