Monseñor Thomas Wenski.
D. CASTROPÉMIAMI.- Los impulsores de dos proyectos de ley que radicalizan las normas contra la inmigración ilegal en Florida encontraron una fuerte oposición en alguien con ‘conexión directa al cielo’: el arzobispo de Miami, monseñor Thomas Wenski, quien ha esbozado serios reparos sobre la propuesta legislativa.
La iniciativa original, anunciada el 23 de febrero en un comunicado de prensa por el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, incluía aspectos controversiales, como convertir en un delito grave, con hasta cinco años de prisión y multa, el hecho de transportar, ocultar o albergar a un inmigrante.
Asimismo, la propuesta obligaría a los hospitales a recopilar datos sobre el estado migratorio de los pacientes y los costos de sus tratamientos, a lo que se sumarían restricciones para obtener una identificación con fotografía en el estado y el acceso a estudios universitarios, entre otras regulaciones, algunas de estas ‘suavizadas’ en recientes debates en los cuerpos legislativos.
Monseñor Wenski es radical en sus palabras: “Esta es una propuesta mala, pues trata de hacer algo que no está dentro del ámbito del estado de la Florida. La política de inmigración es una cuestión para que el Gobierno federal la resuelva, no los estados individuales”.
El líder religioso opinó que entiende la “frustración” por el “caos” existente en la frontera sur, pero —según dijo— “no podemos agregar más víctimas a los infelices que vienen al país, que son también víctimas de ese caos”.
Su visión va más allá de los inmigrantes. “Esa propuesta va a tener un efecto muy malo contra los migrantes, los negocios, las familias de los residentes de Florida, pues muchos de estos inmigrantes son parientes de ciudadanos del estado de Florida, y puede perjudicarlos a ellos también”, resaltó.
En su opinión, las normas que se debaten en Tallahassee también ponen en “riesgo nuestra libertad religiosa”, pues podrían convertir en “un crimen el hecho de expresar solidaridad humana, empatía hacia una persona que está en apuros”.
“Estamos tratando de cumplir con los mandatos del Señor [Jesucristo], que dijo ‘Yo era un extraño y me recibiste’ [Fragmento del libro bíblico de San Mateo]”, apuntó.
Monseñor Wenski dijo creer que tiene el “derecho de hablar”. En ese sentido, acuñó, “los miembros de la Iglesia somos ciudadanos” y como tal “tenemos derecho de opinar y hacer que los representantes nos escuchen”.
“Creo que lo he hecho como un líder religioso, pero también como un ciudadano americano, ciudadano desde estado donde nací”, explicó.
De hecho, la oficina del arzobispo ha enviado cartas a los “partidos políticos” y “hemos estado tratando de que ellos tomen esto en cuenta”, según las declaraciones de Wenski.
Las iglesias han sido una fuente de ayuda importante para los inmigrantes en el país. Muchos de estos centros religiosos ofrecen servicios de asistencia legal, como asesorías para la solicitud de asilo, la renovación de visas y otros trámites migratorios.
Además, brindan servicios de traducción, clases de inglés, asistencia para encontrar empleo, alojamiento temporal y ayuda para acceder a servicios de salud y educación.
“La primera acción que podemos hacer como iglesias es abrazarlos, como hermanos y hermanas. Eso es muy importante para una persona que se siente sola en un ambiente nuevo, para que sienta el respaldo de otros seres humanos”, expresó el prelado católico.
En la Arquidiócesis de Miami, de acuerdo con Wenski, funciona un departamento legal que consta de 25 abogados de tiempo completo, “ayudando a los migrantes en todos sus problemas migratorios”.
“Lo más importante es reconocerlos como hermanos y extenderles la mano”, apuntilló.
Wenski fue tajante al afirmar que, si finalmente son aprobadas en Florida las nuevas disposiciones en materia de inmigración, “nuestras iglesias estarán abiertas” para recibir a las personas que llegan de otros países.
Para el arzobispo, “dentro de nuestras iglesias no hay fronteras, todos son bienvenidos”, tras lo que dijo que “cada floridano debe hacer llegar su opinión, su voz, a los senadores y representantes” y “que dejen que esta propuesta ‘muera’ dentro de las salas del Congreso”.
Su mensaje para el gobernador DeSantis es que “este es un proyecto con muchos problemas, porque no va a no va a dar los resultados que él quiere. No es el camino correcto”.
En su trasegar por comisiones y sesiones plenarias, las propuestas que se abren paso en el Senado y la Cámara han tenido algunas variaciones.
La versión modificada de los proyectos de ley ahora castiga únicamente a aquellas personas que transportan inmigrantes hacia Florida, sin incluir a quienes los transportan dentro o alrededor del estado, y tampoco se hace mención del alojamiento o la ocultación.
Inicialmente, DeSantis también buscó exigir a los empleadores privados el uso del programa federal E-Verify para verificar las autorizaciones de trabajo, medida que él mismo había promovido.
Sin embargo, los legisladores consideran que esto resultaba demasiado oneroso y propenso a errores, por lo que el proyecto de ley ya no exigirá E-Verify para empresas con menos de 25 empleados.
Esto incluye, por lo general, a trabajadores domésticos como jardineros, empleadas del hogar, niñeras y trabajadores de atención médica a domicilio.
“Nuestro sistema de inmigración quebrado frustra a todos. Y en Tallahassee, el Proyecto de Ley del Senado 1718 nace de esa frustración. Durante más de 20 años, el Congreso de los EEUU no ha logrado promulgar una reforma migratoria integral que promueva la unificación y la estabilidad familiar, asegure la participación de los recién llegados en los derechos y responsabilidades de la ciudadanía y asegure una fuerza laboral legal necesaria para el crecimiento económico y la prosperidad para todos los americanos.
Sin embargo, la política de inmigración es responsabilidad del gobierno federal y no de los gobiernos estatales. La SB 1718 de Tallahassee no ofrece soluciones a las preocupaciones reales y crecientes en la frontera sur, pero traerá un daño real a las empresas, los lugares de culto, las escuelas, la salud pública y la seguridad de Florida, así como a los propios migrantes.
Por ejemplo, el proyecto de ley criminalizaría la “empatía” al expandir la definición de “tráfico de personas”. Cualquiera que ofrezca llevar a un inmigrante indocumentado de la iglesia, la escuela o el lugar de trabajo podría ser acusado de un delito grave de tercer grado. Exigir a los hospitales que recopilen datos sobre el estatus migratorio de los pacientes desalentaría a los migrantes de buscar atención médica oportuna y terminaría sobrecargando las salas de emergencia de los hospitales.
Los impulsores de este proyecto de ley quieren descargar sus frustraciones sobre los migrantes con diversas medidas punitivas que injustamente los satanizan y buscan gratuitamente hacerles la vida aún más difícil. Las frustraciones de ellos y nuestras podrían dirigirse de manera más productiva hacia Washington, instando al Congreso a abordar la reforma migratoria que tanto se necesita”.
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@danielcastrope
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