El excongresista recibió diez años de prisión por actuar, según el veredicto, como agente no registrado del régimen de Nicolás Maduro y lavar fondos vinculados a esa labor. Rivera pidió clemencia por su cáncer y sus hijos
El excongresista federal David Rivera.
MIAMI.— La condena de diez años de prisión contra el excongresista republicano David Rivera se apoyó en dos conclusiones del jurado: que habría realizado gestiones políticas en Estados Unidos a favor del régimen venezolano sin registrarse como agente extranjero y participar en operaciones para lavar dinero relacionado con ese trabajo, según los fiscales.
El caso se remonta a 2017, cuando la firma de Rivera, Interamerican Consulting, firmó un contrato por 50 millones de dólares con PDV USA, filial estadounidense de la petrolera estatal venezolana PDVSA. El acuerdo contemplaba tres meses de asesoría.
Los fiscales sostuvieron que el contrato comercial sirvió para encubrir una campaña política destinada a mejorar las relaciones entre Washington y Caracas y aliviar la presión de las sanciones estadounidenses contra la dictadura de Maduro.
Según la acusación, la entonces canciller venezolana Delcy Rodríguez recurrió a Rivera por sus vínculos republicanos y su acceso a funcionarios de Washington.
Rivera y la consultora Esther Nuhfer habrían buscado influir en políticos como el entonces senador Marco Rubio y el congresista Pete Sessions, además de organizar contactos entre autoridades estadounidenses y dirigentes venezolanos.
La Fiscalía dijo que Rivera ocultó sus gestiones y no presentó el registro requerido por la Ley de Registro de Agentes Extranjeros, conocida como FARA.
Los fiscales también presentaron mensajes en un chat cifrado llamado “MIA”, por Miami, con el empresario venezolano Raúl Gorrín, señalado como intermediario con el régimen de Maduro.
En los mensajes, según la evidencia expuesta en el juicio, los participantes utilizaban claves para referirse a figuras y actividades. La Fiscalía sostuvo además que parte de los fondos pasó por compañías y cuentas vinculadas a Rivera y Nuhfer.
La defensa negó que Rivera trabajara para Maduro. Sus abogados afirmaron que el contrato buscaba atraer nuevamente a ExxonMobil a Venezuela y que los contactos políticos tenían el objetivo de apoyar un cambio de liderazgo más favorable a Estados Unidos.
También sostuvieron que Rivera no entendía que debía registrarse bajo FARA.
El jurado rechazó esa versión y, el 1 de mayo, lo declaró culpable de conspiración y violaciones de FARA, conspiración para cometer lavado de dinero y cuatro cargos por transacciones con fondos de origen ilícito.
Rivera fue sentenciado por la jueza federal Melissa Damian, quien calificó sus acciones como una traición y dijo que el dinero provenía del gobierno madurista.
Los fiscales habían pedido entre 22 y 30 años de prisión; la defensa solicitó ocho, alegando que una pena extensa equivaldría a una sentencia de muerte por el cáncer de próstata que Rivera dijo padecer.
Pedido de clemencia
Antes de escuchar la sentencia, Rivera habló entre lágrimas y pidió clemencia. Dijo que temía morir en prisión y apeló a su enfermedad y a sus hijos gemelos de nueve años.
En junio, sus abogados también habían presentado una solicitud de indulto presidencial, y anunciaron que planean apelar la condena. No se había informado de una decisión sobre el indulto al cierre de la audiencia.
Otros antiguos aliados también pidieron una pena menor. Pete Sessions envió una carta en la que describió a Rivera como un servidor público de larga trayectoria dedicado a defender la libertad y la democracia.
Amigos y exaliados, entre ellos el expresidente de FIU y la supervisora electoral de Miami-Dade, asistieron a la audiencia para mostrarle apoyo.
En contraste, el fiscal federal Jason A. Reding Quiñones dijo que Rivera traicionó a una comunidad marcada por familias que huyeron de gobiernos comunistas, y rechazó que el caso se redujera a un error de registro.
Rubio, quien testificó durante el juicio, declaró que Rivera no le había contado sobre el contrato y afirmó haberse sentido enojado y frustrado al conocerlo. No se conoce una declaración pública suya sobre la sentencia.
La sentencia corresponde al caso del contrato de 2017. Rivera también enfrenta un proceso federal separado en Washington por presuntas gestiones para ayudar a Gorrín a ser retirado de una lista de sanciones estadounidenses, a cambio de más de 5,5 millones de dólares, según la acusación de ese caso.
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