Refugiados, asilados y beneficiarios de permisos humanitarios figuran entre los afectados, mientras residentes permanentes, determinados cubanos y haitianos y menores conservan la posibilidad de recibir cobertura
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MIAMI.— Cerca de 177.000 inmigrantes con presencia legal en Estados Unidos podrían perder su cobertura de Medicaid en Florida debido a nuevas restricciones federales que entraron en vigor el jueves 1 de octubre, según cifras del Departamento de Niños y Familias del estado (DCF).
Los cambios forman parte de la ley presupuestaria promovida por el presidente Donald Trump y aprobada por el Congreso en 2025, conocida como One Big Beautiful Bill Act, que redujo las categorías migratorias que permiten acceder al programa de salud financiado conjuntamente por los gobiernos federal y estatal.
Entre las personas que dejaron de cumplir los requisitos aparecen refugiados, asilados y beneficiarios de permisos humanitarios que anteriormente podían recibir cobertura. Asimismo, pueden resultar afectados sobrevivientes de trata de personas o violencia doméstica y otros inmigrantes admitidos legalmente bajo protecciones especiales.
La modificación no significa que esas personas hayan perdido su estatus migratorio o se encuentren sin autorización en el país. El cambio se limita a su elegibilidad para recibir Medicaid, programa destinado principalmente a residentes de bajos ingresos, menores, embarazadas, adultos mayores y personas con discapacidad.
La nueva ley conserva la posibilidad de acceder a Medicaid para ciudadanos y nacionales estadounidenses, residentes permanentes legales —titulares de la llamada green card—, inmigrantes clasificados como entrantes cubanos o haitianos y ciudadanos de las Islas Marshall, Micronesia y Palaos acogidos a los acuerdos de libre asociación.
Florida también continuará cubriendo a menores de 18 años que residan legalmente en el país, conforme a una opción federal adoptada por el estado. Determinadas inmigrantes embarazadas pueden conservar igualmente la elegibilidad. Cada persona deberá cumplir, además, los requisitos económicos y administrativos del programa.
La pérdida del beneficio de un adulto no significa automáticamente que sus hijos también hayan quedado excluidos. Organizaciones de salud reportaron casos de familias que recibieron cartas donde aparentemente se anunciaba el cierre de la cobertura de menores que deberían continuar protegidos. El DCF indicó que revisaba esas situaciones.
La agencia estatal comenzó a enviar notificaciones a beneficiarios cuyos datos migratorios no pudo confirmar mediante el sistema federal de verificación SAVE. Las personas que recibieron esas comunicaciones debían presentar documentos que demostraran su pertenencia a alguna de las categorías autorizadas.
Quienes no entregaron la información solicitada o no pudieron acreditar su elegibilidad vieron finalizar la cobertura el 30 de septiembre. Las notificaciones están disponibles en las cuentas de MyACCESS y también pueden ser enviadas por correo, según la preferencia seleccionada por cada usuario.
El DCF advirtió que todavía pueden presentarse documentos migratorios para revisión. Los beneficiarios que consideren incorrecta la decisión deben responder a la comunicación y comprobar que la agencia tenga su dirección y datos actualizados.
Las cifras definitivas de personas retiradas del programa no estarán disponibles hasta más adelante durante el otoño. La estimación de 177.000 corresponde a beneficiarios identificados inicialmente como potencialmente inelegibles y no necesariamente a terminaciones ya confirmadas.
Quienes pierdan la cobertura completa todavía podrían recibir atención de emergencia mediante Emergency Medicaid, si cumplen sus condiciones, o acudir a centros comunitarios con servicios gratuitos o tarifas ajustadas según los ingresos. Sin embargo, especialistas alertaron que la pérdida de consultas, medicamentos y cuidados preventivos puede llevar a muchos pacientes a postergar tratamientos hasta que sus enfermedades se agraven.
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