Florida acusa a Pfizer por presunto ocultamiento de riesgos de la vacuna COVID-19. Descubre qué reclama Uthmeier, cómo responde Pfizer y qué sigue ahora
James Uthmeier, fiscal general de Florida, demanda a Pfizer.
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Demanda de Florida contra Pzifer.
MIAMI.- El fiscal general de Florida, James Uthmeier, demandó el 1 de octubre a Pfizer y a su director ejecutivo, Albert Bourla, por presuntamente engañar a los consumidores sobre la seguridad y eficacia de la vacuna contra el COVID-19, y pidió sanciones bajo la ley estatal de protección al consumidor.
“A las familias se les dijo que la vacunación masiva con su vacuna de ARNm contra el COVID era necesaria para detener la propagación y que no existían riesgos materiales para la seguridad. El director ejecutivo Albert Bourla que si no se vacunaba estaban poniendo en riesgo a las personas que más aman y llamó criminales a quienes hacían cuestionaban la eficacia de la vacuna”, así justificó Uthmeier en X el motivo de la demanda.
Señaló que en enero de 2023, “después de miles de millones de dosis, Bourla dijo que Pfizer no había visto ni una sola señal de seguridad. Gastaron 10 mil millones de dólares en publicidad. Obtuvieron más de ochenta mil millones solo con la vacuna”.
“Lo que no dijeron fue que sabían sobre la miocarditis en adolescentes y adultos jóvenes, que tenían informes de miles de eventos adversos, incluyendo accidentes cerebrovasculares y muertes, y tenían razones para saber que la inyección representaba riesgos para las mujeres embarazadas y los bebés nonatos en el primer trimestre”.
También afirmó que recientemente, se reveló que Dr. Anthony Fauci, que estaba al frente de los CDC, durante la pandemia, había enviado un mensaje de texto diciendo que la segunda dosis, podría estar asociada con un aborto espontáneo en el primer trimestre. “El director de los CDC y el Cirujano General estuvieron de acuerdo, pero a las mujeres embarazadas, sin embargo, se les dijo que era segura. Pfizer ni siquiera había probado si la vacuna detuvo la transmisión. Por eso hoy presentamos una demanda contra Pfizer y Albert Bourla por sus prácticas engañosas. Lo que hicieron estuvo mal. Asumieron que no se podía confiar en las familias de Florida. Pues bien, no estamos de acuerdo. Mi oficina les exigirá responsabilidades”.
La demanda fue presentada en el Tribunal de Circuito del 19.º Circuito Judicial, en el condado de St. Lucie. El estado sostiene que Pfizer y Bourla difundieron mensajes que presentaban la vacuna como carente de riesgos materiales y afirmaban que la vacunación masiva era necesaria para detener la transmisión del virus. Según la fiscalía, la compañía no había probado si la vacuna impedía el contagio a otras personas.
El documento acusa a Pfizer de haber omitido información sobre miocarditis y pericarditis, inflamaciones del corazón, además de reportes de otros eventos adversos, incluidos accidentes cerebrovasculares y muertes. También afirma que la compañía tenía motivos para considerar posibles riesgos durante el primer trimestre del embarazo.
La demanda también señala que Pfizer gastó más de 10.000 millones de dólares en publicidad entre 2020 y 2023 y obtuvo más de 80.000 millones por las ventas de la vacuna contra el COVID-19. Además, acusa a la empresa de usar prácticas injustas para ampliar su participación en el mercado y de aumentar el precio de la vacuna en 2023.
La oficina de Uthmeier presentó dos cargos bajo la Ley de Prácticas Comerciales Desleales y Engañosas de Florida. Uno se refiere a las declaraciones y omisiones sobre seguridad; el otro, a las prácticas comerciales y el supuesto aprovechamiento económico.
El estado solicita que el juez declare que Pfizer y Bourla violaron la ley, les prohíba hacer declaraciones engañosas sobre la vacuna, imponga multas de 10.000 dólares por cada infracción —15.000 si afectó a una persona mayor o con discapacidad— y ordene devolver ganancias mediante una medida de restitución. La demanda no reclama daños individuales por lesiones ni presenta cargos federales.
Pfizer dijo que las alegaciones carecen de fundamento y que responderá en el proceso judicial. La compañía sostuvo que sus declaraciones sobre la vacuna fueron exactas y basadas en la ciencia, y que mantiene su posición sobre la seguridad y eficacia del producto, según informó Reuters.
La acción legal plantea una disputa sobre la información que la farmacéutica debía divulgar al público durante la emergencia sanitaria. La denuncia estatal no constituye una decisión judicial, será el proceso el que determine si las declaraciones señaladas fueron engañosas y si violaron la legislación de Florida.
En enero de 2025, un gran jurado estatal de Florida no encontró pruebas de que los fabricantes de vacunas contra la COVID-19 hubieran infringido leyes federales o estatales durante la producción y distribución de las mismas. Esto ocurrió más de dos años después de que el gobernador Ron DeSantis solicitara a la Corte Suprema de Florida que lo convocara para investigar presuntas irregularidades relacionadas con las vacunas contra la COVID-19.
La Organización Mundial de la Salud caracterizó el brote de COVID-19 como una pandemia el 11 de marzo de 2020, cuando la enfermedad ya se había propagado a numerosos países. En Florida, la respuesta del gobernador DeSantis incluyó mantener abierta la opción de clases presenciales. El 30 de noviembre de 2020 anunció que los distritos debían ofrecer enseñanza presencial durante el semestre de primavera de 2021, aunque las familias podían optar por el aprendizaje remoto. La decisión se produjo en medio del debate nacional sobre cierres escolares mientras aumentaban los contagios.
En septiembre de 2021, DeSantis nombró a Joseph Ladapo como cirujano general del estado y secretario del Departamento de Salud. Al asumir, Ladapo expresó su apoyo a políticas sanitarias basadas, según dijo, en datos y en la preservación de las libertades individuales, una postura alineada con el enfoque del gobernador frente a la pandemia.
Según los datos recopilados por los CDC, en Florida se registraron mas de 93 mil muertes debido al COVID-19.
La FDA, por su parte, exige actualmente que la etiqueta de las vacunas de ARNm incluya una advertencia sobre el riesgo observado de miocarditis y pericarditis, especialmente entre hombres jóvenes. La agencia actualizó esa advertencia en 2025.
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