MIAMI- El debate sobre el control de armas dejó la sesión legislativa de Tallahassee con una ley firmada por el gobernador Rick Scott que destina $400 millones a seguridad en las escuelas y al tema de salud mental, y ahora llega a la comisión de revisión de la Constitución de la Florida, una tarea que se hace cada 20 años.

Este martes, en una audiencia pública en University of South Florida (USF), en la ciudad de St. Petersburg, se discutieron las propuestas de incluir enmiendas constitucionales como la prohibición de los rifles de asalto, como los AR 15, el incremento en la edad permitida para comprar un arma y el establecimiento de un periodo de espera para quien quiera adquirir un rifle o una pistola.

La prohibición de las armas tácticas o de asalto no fue incluida en la ley aprobada por Scott. Ahora tendría una segunda oportunidad dentro de esa comisión que se reúne cada 20 años para actualizar y hacerle cambios a la Carta Magna de la Florida.

Los cambios que se hagan a esa Constitución deben pasar por un referendo, que iría a la boleta electoral de este año y requerirá un 60% de aprobación. Los comisionados Chris Smith y Roberto Martinez hicieron esas propuestas de control de armas a la comisión.

Para que esos cambios logren llegar a las elecciones de noviembre, tienen que ser aprobados por 22 de los 37 comisionados que conforman ese grupo de estudio de la Constitución.

A pesar de que Florida ha sido por tradición un estado bastante permisivo con las armas, una encuesta reciente de la Universidad de Quinnipiac, en la que se mostraba la reñida competencia entre el gobernador Scott (quien podría ser candidato al senado federal por el Partido Republicano) y el demócrata Bill Nelson (quien aspira a conservar ese escaño en la Cámara alta), también midió la aceptación o no de los floridanos sobre temas relacionados con el control de armas.

De acuerdo con ese sondeo, un 62% de los votantes en el Estado del Sol aprobarían la prohibición de los rifle de asalto y semiautomáticos. Un 78% estaría de acuerdo con que los mayores de 21 puedan adquirir armas. Y el 87% apoyaría un periodo de espera antes de que alguien pueda comprar un fusil o un revólver.

Otra ley

Este martes, en Washington, el senador republicano Marco Rubio, en compañía de otros legisladores de su partido y del demócrata, y de Ryan Petty, padre de Alaina Petty, una de las 17 víctimas de la masacre en la secundaria Stoneman Douglas, lanzó un proyecto de ley bipartidista que busca tratar el tema de la violencia en las escuelas.

“Estoy aquí para estar seguro de que yo sea el último padre que deba enterrar a su hija o hijo, o un ser amado, en razón de una violencia sin sentido acontecida en un colegio”, afirmó Petty.

El proyecto de ley que esta semana es sometido a votación en la Cámara, busca reducir la violencia al entrenar a personal de las escuelas y policías locales para responder a crisis psiquiátricas y de salud mental. Asimismo, esa iniciativa legislativa también daría recursos financieros con el propósito de establecer sistemas de información anónima que sirvan para detectar amenazas y abortar cualquier ataque.

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Rubio dijo que a pesar de las diferencias que pudiera haber entre las 17 familias que perdieron a sus hijos en la tragedia de la secundaria Stoneman Douglas, “hay cosas en las que están de acuerdo, como establecer sistemas para identificar y detener la acción de alguien antes de que pueda cometer una masacre”.

Según el senador cubanoamericano, ese proyecto de ley, que tiene un amplio apoyo bipartidista, no busca tratar la compleja problemática que rodea a los tiroteos, pero sí quiere enfrentar uno de los elementos más críticos: “Hay individuos en este país que por razones diversas se comprometen a sí mismo con acabar con la vida de otros. Nosotros debemos saber quiénes son para ser capaces de detenerlos antes de que actúen”.

Bill Nelson, demócrata de la Florida, quien estuvo presente en el lanzamiento de ese proyecto de ley, indicó que “es importante hacer algo de una manera bipartidista. Hay diferencias de manera de pensar […] pero hemos estado de acuerdo en dar recursos a los estados para que sean capaces de generar alertas a las autoridades sobre aquellos que podrían representar un peligro”.

 

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