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MIAMI.- La aprobación de la propuesta de ley estatal HB 7055, que autoriza el uso de ciertos fondos para transferir a estudiantes acosados de escuelas públicas a privadas, ha despertado el debate entre simpatizantes y detractores, aun cuando falta por aceptar la proposición HB 1 que autorizaría la creación del plan.

Básicamente, quienes apoyan la medida, mayormente republicanos, alegan que esta “opción” daría la oportunidad a un número no determinado de alumnos de asistir a clases en un entorno “más controlado”, mientras quienes se oponen alegan que este tipo de traslado no solucionará el problema del bullying, o acoso de estudiantes por sus compañeros de escuela.

Si la propuesta combinada, mejor conocida por el nombre Hope Scholarship, es finalmente aprobada, otorgaría una especie de crédito, tipo voucher, o cupón, de 6.800 dólares al año para estudiar en escuelas privadas, incluso religiosas.

No obstante, la factura sería pagada por quienes compren automóviles y voluntariamente opten por redirigir al fondo especial 105 dólares del monto de registración del vehículo a pagar, a cambio de recibir un crédito de impuesto por la compra.

Si esto finalmente sucede, la opción de “redirigir 105 dólares” crearía unos 40 millones de dólares, que a su vez alcanzaría para costear los estudios de unos 5.800 estudiantes en escuelas privadas.

En otras palabras, según anticipa el congresista estatal Byron Donalds, de Naples, el estado “no tocaría” los fondos públicos para esta gestión.

“Es una propuesta que ayudará a las víctimas (del acoso estudiantil) en nuestro estado, a salir de las escuelas que no pueden funcionar bien”, señaló el congresista.

No obstante, hay demócratas que objetan la propuesta cuando alegan que “sólo trata de expandir el uso de los impuestos en el sector privado” y que su efecto en la lucha contra el acoso será “mínimo”.

La Florida cuenta ya con uno de los programas de voucher o cupones más grandes del país, al dedicar cerca de mil millones de dólares a unos 150.000 estudiantes de bajos y medianos recursos, así como otros con necesidades especiales o incapacidades.

De hecho, el congresista Bruce Antone, de Orlando, disputa la efectividad de la propuesta que supuestamente ayudaría a menores que padecen acoso en las escuelas y plantea que no servirá para responder a la pregunta “cómo lidiar con el bullying”.

El año pasado, la Florida reportó unos 47.000 incidentes de acoso escolar, lo que no parece una cifra absoluta si se tiene en cuenta que el estado cuenta con unos 3 millones de estudiantes en sus escuelas públicas.

Acorde a la propuesta de ley, cualquier alumno podría elegible para recibir el traslado autorizado, si los padres del menor informan formalmente a la dirección del colegio público que el hijo ha sido acosado, golpeado, amenazado, robado o intimidado en el colegio. Las alegaciones no tendrán que ser probadas, aunque la declaración tendrá que llevar la firma del director de la escuela.

“Es una propuesta mal presentada, imposible de controlar. Cualquier alumno, desde uno que reporte una simple burla o un empujón, recibiría este tipo de ayuda desde primaria hasta secundaria básica, y eso es muy peligroso”, añadió el demócrata.

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