La senadora estatal republicana Ileana García.
Captura de pantalla/campaña Ileana GarcíaMIAMI- Dos proyectos de ley de la autoría de la senadora estatal Ileana García, destinados a proteger a víctimas de violencia doméstica, como también a empleados y voluntarios de refugios de violencia intrafamiliar, fueron aprobados en la primera audiencia del Comité de Asuntos de Niños, Familias y Ancianos del Senado de Florida.
Próximamente, la propuesta será analizada por el comité Criminal Justice y luego por el equipo de la comisión de Rules o reglamentos, para eventualmente ser transmitida al pleno del Congreso estatal, cuya legislatura anual comienza el 2 de marzo.
Según un comunicado de prensa de la oficina de la legisladora del sur de la Florida, el proyecto de ley 70 del Senado propone crear un nuevo delito penal que, de ser aprobada por el Congreso estatal, protegería la identificación de los lugares donde funcionan los centros de violencia doméstica certificados por el Departamento de Niños y Familias (DCF).
En ese sentido, la propuesta pide convertir en un delito menor de primer grado que cualquier persona que publique, difunda o revele maliciosamente cualquier información o imagen descriptiva que pueda identificar la ubicación de un centro certificado de violencia doméstica.
Entretanto, el proyecto de ley 68 exime del registro público oficial la información personal y las direcciones del personal actual o anterior de los refugios de violencia doméstica del DCF, los voluntarios y sus familias.
De tal manera, la iniciativa exime cierta información de los registros públicos como direcciones, números de teléfono, fotografías y fechas de nacimiento del personal y sus familias.
“Cuando las víctimas de violencia doméstica buscan refugio es imperativo que, por su seguridad, su ubicación sea confidencial” y “debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para proteger a estos sobrevivientes de sus abusadores”, destacó la senadora García.
Agregó que “[por eso] me enorgullece patrocinar una legislación que aumenta la protección para los sobrevivientes de abuso doméstico, así como para los voluntarios, el personal y sus familias, que sirven a esta población vulnerable”.
Estas propuestas de la senadora García apenas comienzan a ser analizadas y podrían sufrir cambios en su camino para convertirse en leyes en el estado de la Florida.
El Estado del Sol tiene 41 centros de violencia doméstica para adultos y sus hijos certificados por el DCF que brindan servicios de intervención y apoyo en casos que sea necesario.
Estos centros funcionan los siete días de la semana y brindan servicios como refugio de emergencia, línea directa de crisis e información, planificación de seguridad, asesoramiento, educación para la conciencia comunitaria y capacitación para las fuerzas del orden y otros profesionales.
“Las sobrevivientes de violencia doméstica están recurriendo a centros de violencia doméstica durante su hora de necesidad y esta legislación nos ayudará a brindarles mejores servicios”, dijo Shannon Sokolowski, directora ejecutiva del Dawn Center, un centro certificado de violencia doméstica y sexual.
“Los defensores que trabajan en estos centros no deberían tener que sacrificar su propia seguridad o la de sus familias mientras cumplen el importante trabajo que realizan”, apuntó.
Algunos de los centros de violencia doméstica brindan defensa legal y judicial, transporte, asistencia de reubicación, clases de empoderamiento económico, vivienda de transición, guardería, servicios de extensión, intervención en crisis de violación y programas de prevención en las escuelas locales.
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