Una jueza nombrada por el presidente Joe Biden bloqueó la ley tras acoger una demanda interpuesta por 26 ciudades y 74 funcionarios públicos en Florida
Capitolio Histórico de Florida, en Tallahassee, Florida.
AP/Phelan M. Ebenhack / ArchivoMIAMI.- La jueza Melissa Damian, del Distrito Sur de Florida, admitió una demanda que bloquea temporalmente la nueva ley SB 774, que exigía una divulgación financiera más amplia para los candidatos y funcionarios locales.
La jueza argumentó que la ley, aprobada por la Legislatura el año pasado, violaba los derechos de la Primera Enmienda, por lo que emitió una orden de restricción contra su aplicación.
La demanda, interpuesta por 26 ciudades y 74 funcionarios públicos, sostiene que la ley es altamente intrusiva y viola sus derechos de la Primera Enmienda. Además, se señaló que más de 100 funcionarios habían renunciado debido a la nueva ley.
La Comisión de Ética de Florida, responsable de hacer cumplir las leyes de divulgación financiera, fue la demandada en este caso.
Damian coincidió con los demandantes en que es crucial asegurar que la aplicación de la SB 774 no desanime innecesariamente a más personas a desempeñar roles gubernamentales.
Antes de la implementación de la SB 774 en enero, los alcaldes y concejales debían completar el Formulario 1, que requería enumerar fuentes significativas de ingresos, bienes personales intangibles superiores a 10.000 dólares y bienes raíces y pasivos superiores a esa misma cantidad.
La nueva ley, en cambio, requería que los legisladores, miembros del gabinete y candidatos presentaran anualmente el Formulario 6, que incluye la divulgación de su patrimonio neto, el valor de sus pertenencias domésticas y un desglose de sus activos y pasivos superiores a 1.000 dólares, así como cada fuente de ingresos que supere esa cantidad.
Asimismo, la ley exige una capacitación ética anual para los funcionarios públicos relacionados con la urbanización y gestión comunitaria. Además, las comisiones de ética están conminadas a hacer públicas las declaraciones de los funcionarios y divulgar los nombres de aquellos que incumplan con la normativa.
La jueza Damian, nombrada por el presidente Joe Biden y en funciones desde marzo, concluyó que el estado no había demostrado una relación clara entre los requisitos de divulgación de la SB 774 y la protección contra el abuso de la confianza pública.
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