MIAMI.- La decisión final sobre el uso de las llamadas red-light cameras, o camaritas de luz roja en los semáforos, está ahora en manos de la Corte Suprema de la Florida asumirá, luego de causar tanta controversia han suscitado a lo largo y ancho del estado.

Mientras algunas municipalidades, como Miami, Fort Lauderdale y los territorios aún administrados por el Condado Miami-Dade, han desechado el uso del controvertido artefacto, otros, como Miami Beach, Tampa y Orlando, continúan empleándolo.

De esta manera, la máxima autoridad judicial del estado tendrá en cuenta los argumentos a favor y en contra para decidir posiblemente este mes el futuro de más de 60 demandas que cuestionan el pago de unos 200 millones de dólares, que aún no han sido abonados por los supuestos infractores.

El resultado podría definir la manera que las municipalidades atenderían el uso o no de las llamadas camaritas, ante la incapacidad del Congreso estatal de solucionar el problema.

El año pasado una propuesta de ley, que regularía el uso del controversial artefacto, fue aprobado por la Cámara de Representantes en Tallahassee, 91 a 22, pero fue incapaz de sobrevivir la presentación en un comité especializado en el Senado.

De hecho, un informe dado por Insurance Institute for Highway Safety asegura que la infracción de luz roja es la causa número uno de accidentes en los centros urbanos.

Quienes apoyan el uso de las camaritas aseguran que “no se trata de una vía de recaudar dinero para las municipalidades”, como muchos dicen, sino que “previene accidentes que serían ocasionados por quienes no respeten la ley”.

No obstante, quienes se oponen aseguran que causa más problemas y accidentes.

“La gente le teme a las multas, así que cuando ven una luz amarilla frenan bruscamente y el auto que viene detrás no tiene tiempo para frenar y se produce un accidente, que incluso puede ocasionar heridos”, comentó a DIARIO LAS AMÉRICAS el abogado Gonzalo Prieto, que atiende reclamaciones acerca de infracciones de tráfico.

Entretanto, las camaritas dejarán de funcionar en el territorio de la ciudad de Miami a partir del 13 de febrero, luego que el cuerpo legislativo municipal logró suspender su uso el pasado mes de diciembre.

Entonces, el alcalde de Mimi, Francis Suárez, declaró sentirse feliz con la suspensión por tratarse de una normativa “necesaria para defender a las personas más vulnerables de Miami, ante las abusivas multas”.

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