CARACAS.- LEÓN HERNÁNDEZ
Especial
La mayoría chavista en la Asamblea Nacional de Venezuela dio luz verde, en primera discusión, el miércoles, al proyecto de Ley Habilitante presentado por el presidente Nicolás Maduro ante el ente unicameral el pasado martes.
El texto necesita aún ser aprobado en segunda discusión, para luego ser promulgado.
El Gobierno venezolano ha denunciado continuamente la supuesta injerencia de Estados Unidos en los asuntos internos de Venezuela y ese ha sido otra vez el argumento empleado por el presidente venezolano Nicolás Maduro para obtener poderes especiales, comentó en exclusiva para DIARIO LAS AMÉRICAS la parlamentaria opositora Vestalia Sampedro.
“Esta Ley Habilitante no es para que el Ejecutivo legisle en defensa de la Patria, como lo pretenden presentar ellos, sino para que legisle las materias que se le antojen, porque la Ley es bien amplia. No pretende el Gobierno con ello otra cosa, sino distraer la atención de los verdaderos problemas que atravesamos los venezolanos, que son la escasez, la impunidad, las fallas en los servicios públicos, en hospitales, dificultades que el Gobierno se niega a debatir. Para defender la Patria, no se necesita una Ley Habilitante”, indicó el parlamentario Manuel González, a DIARIO LAS AMÉRICAS.
Sanciones a ciudadanos
Para la bancada opositora, es grave que la medida brinde al presidente los poderes “para normar las directrices dirigidas al fortalecimiento del sistema de responsabilidades civiles, administrativas y penales a que hubiere lugar en resguardo de los principios, valores y reglas constitucionales enunciados en esta ley”, según el proyecto de Ley.
La diputada Sampedro destacó que semejante poder viola el método de consulta a sectores involucrados, como mecanismo establecido por la Constitución venezolana para decidir materias a ese nivel.
“El mandatario podrá decidir responsabilidades civiles, administrativas y penales que tengan los ciudadanos a través de normas que pudiera emitir el ejecutivo de la noche a la mañana. En este momento, ya vemos que existen presos políticos que no han sido llevados a la justicia penal, con los cuales no se ha seguido el debido proceso y que esperan un juicio, en audiencias pospuestas una y otra vez sin ningún rendimiento. ¿Cómo vamos a poner más poder en las manos de alguien que está manejando el país de forma tal que numerosas personas han sido apresadas, sin que se produzca la orden previa de un juez o de la fiscalía, sino que posteriormente se establecen los cargos sobre los cuales se está haciendo la medida privativa de libertad?”, preguntó Sampedro.
“Con solo considerar este aspecto de la ley, este sistema de responsabilidades civiles, administrativas y penales está compuesto de aspectos subjetivos que en algún momento determinado se pueden emplear para apresar, castigar y lesionar en función de lo que quiere lograr el Gobierno sobre las más de 30 millones de personas que viven en este país”, sentenció la diputada.
Segunda habilitante
Esta es la segunda vez que Maduro recibe poderes especiales para dirigir el país gestión, luego de que en noviembre de 2013, los parlamentarios oficialistas le otorgaran también la potestad de legislar durante un año con la premisa de “recuperar la economía del país” y “atacar la corrupción”.
Diputados de la bancada opositora estiman que esta nueva entrega de súper poderes al presidente venezolano viola las competencias del poder legislativo del país, luego de la habilitante anterior. “Los parlamentos son para legislar y los ejecutivos, para gobernar”, señaló el parlamentario González.
Para Sampedro, las habilitaciones que la mayoría chavista de la Asamblea Nacional ha dado a la administración socialista no han arrojado resultados exitosos. “Se le habilitó una vez para combatir la corrupción y estamos hoy en el peor nivel de este flagelo en el país. Al presidente Maduro se habilitó para que se generara una activación del sector económico y esto tampoco se dio. Estuvo autorizado recientemente para legislar 44 leyes que contravienen aspectos establecidos en la Constitución de Venezuela, afectando la esfera social de nuestro país, con aspectos como confiscación de bienes, mayor coacción a la libertad privada, al emprendimiento”, concluyó.
