CARACAS.- LEÓN HERNÁNDEZ
Especial
No es la primera vez que el régimen socialista venezolano quiere poner mano a la internet. En el año 2009, el presidente Hugo Chávez decía que la “internet no podía ser una cosa libre”, recordó el periodista y experto en redes sociales Luis Carlos Díaz durante una entrevista exclusiva para DIARIO LAS AMÉRICAS.
El anuncio del entonces mandatario se produjo después de que se difundiera información falsa sobre la salud del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, y Mario Silva, un comunicador de programas radicales favorable al Gobierno.
En el presente, la excusa para el anuncio de la regulación que impulsa la fiscal general, Luis Ortega Díaz, no es diferente. De nuevo, a partir de una información falsa, un rumor de rapto de niños en el país, la funcionaria dio a conocer que planteará una ley que controle las redes sociales.
“Me parece una situación similar. Hacen circular información falsa, luego te pagas y te das el vuelto. Es como aprovechar para dar dos pasos”, destacó.
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Tampoco es la primera vez que la fiscal general de la república quiere enfilar recursos contra la difusión de mensajes. “En el año 2010, Luisa Ortega Díaz presentó un proyecto de ley contra los delitos mediáticos en la Asamblea Nacional”, afirmó el experto.
Luego de que la mayoría chavista la aplaudiera en pleno, tuvieron que engavetar el asunto. “La ley era un desastre, era una ley que castigaba lo que decías y lo que dejabas de decir en los medios, incluyendo redes sociales e internet”, indicó el periodista.
En el presente, regular las redes cierra la ventana abierta que queda a la libertad de expresión.
Tras el cierre del canal de televisión RCTV en 2007 y de más de 37 emisoras de radio en 2009, la venta de la planta televisiva Globovisión, en 2013, así como la compra de diversos medios impresos que otrora eran críticos al Gobierno, lo que ha quedado para el desahogo de los venezolanos son las redes sociales.
“La gente siente que ya no tiene otros medios. Ya no hay ningún canal de televisión que transmita información relevante. Si hay un suceso en vivo, no lo puedes ver. En la radio tienes menos espacios. Los medios impresos, si son críticos, se les está acabando el papel porque no les aprueban las divisas para importarlo. En este ambiente está entrando esta decisión”, comentó.
“Se entiende que a través de las redes sociales y Twitter haya un flujo de información que incita a la polarización. Pero más allá de eso, es un contrasentido plantear que motivado por eso haya que regular las redes con un montón de leyes”, apuntó Marcelino Bisbal, investigador venezolano experto en el área comunicacional y director de postgrado en Comunicación Social de la Universidad Católica Andrés Bello, también en exclusiva para DIARIO LAS AMÉRICAS.
Bisbal destacó que han sido bloqueados los accesos a la población venezolana a más de 1.000 sitios en la internet por decisión de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), un ente dependiente del Ejecutivo.
“Estamos en presencia de un Gobierno que no acepta pluralismo político ni críticas. No nos extrañaría que este pronunciamiento que hizo la fiscal, a partir de un rumor, se traduzca en nuevos procedimientos de regulación”, indicó.
Para el experto, lo dicho por Ortega Díaz es “llover sobre mojado” en términos de censura. “En Venezuela existen ya mecanismos y leyes que censuran y establecen parámetros para cerrar programas, impedir que ciertas informaciones salgan a la luz pública, regular medios electrónicos, para no decirlo directamente con palabras como internet. Esto sería una escalada más. No me extraña que pronto pretendan regular, como antes lo han adelantado, la televisión por cable”, subrayó el investigador.
Presos por mensajes
Durante el Gobierno de Chávez hubo cuatro presos por difusión de mensajes en materia financiera en Twitter. Se alegó en su momento que los textos ponían en peligro el sistema financiero. Finalmente, quienes enviaron los tuits fueron liberados.
En 2014, con Maduro en el poder, hubo seis presos por informaciones en Twitter que fueron consideradas “delicadas” por parte del régimen. Algunos de los arrestados no han recuperado su libertad, sin que aún se les haya llevado a juicio. “Hay gente que tiene más de seis meses detenida y no sabe por qué está presa”, indicó el periodista Luis Carlos Díaz.
El instrumento que plantea la fisca Ortega Díaz podría traducirse en nuevas detenciones a discreción del régimen. “En un proceso político como el que estamos viviendo, tener la mampara jurídica les daría más elementos para justificar por qué se están tomando ciertas medidas”, concluyó Bisbal.
