CARACAS.- PEDRO PABLO PEÑALOZA
@pppenaloza
Los ojos del mundo están sobre Venezuela. La crisis que azota a la República Bolivariana, golpeada por altas tasas de inflación, desabastecimiento de productos básicos y medicinas, y violencia criminal, no ha dejado indiferente a nadie en el planeta.
La comunidad internacional ha pasado del discurso a la acción. Los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero (España), Leonel Fernández (República Dominicana) y Martín Torrijos (Panamá), junto con el secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), Ernesto Samper, ya ejercen como mediadores para intentar establecer un proceso de diálogo entre el Gobierno del presidente Nicolás Maduro y la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD).
El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, invocó la Carta Democrática para atender la situación en el país y, en una reunión extraordinaria convocada por Argentina, el Consejo Permanente del ente hemisférico acordó emitir una resolución en la que apoya la “reapertura de un diálogo efectivo entre el Gobierno y la oposición, con el fin de encontrar alternativas para favorecer la estabilidad política, el desarrollo social y la recuperación económica” de la nación.
Aunque los tonos pueden ser distintos, el contenido es el mismo. Desde el Vaticano hasta el G7 –que agrupa a las potencias más poderosas del orbe- todos exigen a chavismo y MUD que aborden sus diferencias de manera civilizada y busquen soluciones al drama humanitario que mortifica a sus ciudadanos.
La actuación de gobiernos y organismos extranjeros ha generado diversas reacciones entre los actores del conflicto interno y expectativas en la población en general. Las declaraciones de portavoces foráneos son interpretadas como triunfos o derrotas, según sea el caso, y la gente observa cómo sus males cotidianos son reseñados por los medios de comunicación de las capitales más importantes. Ahora, cabe la pregunta: ¿hasta qué punto los esfuerzos internacionales pueden influir en la solución del problema venezolano?
Muchos intereses
“Lo primero que es importante entender es que estamos hablando de un alcance limitado. La regla general en las relaciones internacionales es que cada país es soberano -dueño de su propio destino- y los asuntos internos de cada país deben ser resueltos por sus ciudadanos”, responde Mariano de Alba, abogado especialista en Derecho Internacional.
De Alba recalca que “hay que tener claro que la comunidad internacional no puede intervenir mediante el uso de la fuerza o sin el consentimiento del Gobierno venezolano. Por ende, es iluso pensar en un alcance de la intervención foránea que vaya más allá de los límites previstos en instrumentos internacionales”.
El experto sostiene que al firmar tratados y acuerdos, los países ceden parte de su soberanía ante organismos internacionales. “Por ejemplo, al acceder a la Carta Democrática Interamericana en septiembre de 2001, Venezuela aceptó que los países de la OEA evaluaran el estado de la democracia en nuestro país y tomaran ciertas medidas como iniciar gestiones diplomáticas y hasta eventualmente suspender a Venezuela de dicha organización”, explica.
En un escenario extremo, De Alba plantea lo siguiente: “cada país tiene la libertad de decidir con qué otros países se relaciona y podríamos llegar a un punto en el que se empiece a desconocer al Gobierno de Nicolás Maduro como legítimo, con la consecuencia del retiro de los embajadores de los países que lleguen a esa decisión. Esto tendría un efecto importante dependiendo del número de países que adopten la decisión, si tomamos en cuenta que somos un país que necesita exportar petróleo e importa prácticamente la totalidad de los bienes que consume”.
El académico señala que la comunidad internacional está demostrando su interés en evitar que la sangre llegue al río. “Una crisis humanitaria de la magnitud que ya se está observando en Venezuela genera gran preocupación pues - especialmente a los países de la región - no les conviene que la situación se siga deteriorando. La grave situación económica ya está teniendo consecuencias directas para otros países, los cuales están viendo que no existe capacidad de pago de las deudas que tiene nuestro país con ellos y con sus empresas. La grave crisis social ya ha generado un importante movimiento migratorio de venezolanos hacia muchos países y todo indica que eso podría seguir aumentando. Un Estado fallido como el que se está configurando en Venezuela aumenta la criminalidad y genera efectos en países aledaños”, alerta.
Poco a poco
El politólogo Ángel Álvarez indica que la velocidad de las instancias internacionales “tiende a ser muy lenta para las necesidades de las poblaciones sometidas a situaciones extremas”. Destaca que pese a la urgencia de los hechos, las medidas se demoran “porque son muchos los aspectos a considerar, intereses a agregar y factores jurídicos y de conveniencia política a sopesar”.
“Muchas veces los organismos e instituciones internacionales intervienen como sepultureros, cuando ya el daño que ellos anticiparon está hecho frente a sus narices. Aún así, por lenta que sea la actuación en comparación con la urgencia de la situación, siempre es mejor que se ocupen a que no”, enfatiza el investigador.
El profesor universitario y consultor opina que gobiernos e instituciones extranjeras pueden allanar el camino hacia una solución pacífica “como en 2004”, cuando se celebró el referendo revocatorio que terminó ganando el difunto presidente Hugo Chávez. “El revocatorio que ganó Chávez fácilmente impidió que la matanza de 2002-2003 continuara o se agravara. No me gustó que Chávez ganara, pero eso no fue culpa del Centro Carter ni de la OEA, sino una decisión tomada por la mayoría de los venezolanos”, acotó.
Álvarez estima que “la decisión de la OEA de esta semana es un triunfo para los venezolanos y una derrota de Maduro. La OEA, por primera vez desde 2004, está atenta a la situación y dispuesta a ofrecer su mediación de buena fe para facilitar las salidas constitucionales a la crisis”.
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