La amenaza no radica solo en la posibilidad de cortar un cable o dañar un ducto. También reside en la incertidumbre que sigue al incidente. Cuando no es posible determinar con rapidez si se trató de un accidente o de una acción deliberada, los gobiernos deben reaccionar sin contar con toda la información, mientras los servicios esenciales permanecen afectados y aumenta la presión política para ofrecer respuestas. Esa ambigüedad forma parte del problema y, en determinados casos, puede constituir el objetivo principal de la operación.
América Latina no está al margen de esta realidad. La región depende cada vez más de la conectividad digital, desarrolla nuevas rutas submarinas hacia el Indo-Pacífico y amplía su infraestructura energética costa afuera. Al mismo tiempo, actores extrarregionales participan en proyectos que tendrán efectos a largo plazo en la autonomía tecnológica, la seguridad de los datos y la resiliencia de los Estados. La ubicación geográfica ya no ofrece la protección que alguna vez se suponía.
Este artículo plantea que los países latinoamericanos deben incorporar la protección de estas instalaciones a sus políticas de seguridad y defensa. Esto requiere mejorar la vigilancia marítima y submarina, diversificar rutas y proveedores, revisar con mayor rigor la participación extranjera en proyectos sensibles y establecer mecanismos regionales de cooperación. También será necesario desarrollar una verdadera conciencia del dominio submarino, integrando capacidades civiles, militares, tecnológicas, comerciales y de inteligencia.
No se trata de militarizar todos los activos instalados bajo el mar ni de convertir cada incidente en una crisis internacional. Se trata de reconocer que una parte esencial de la soberanía contemporánea depende de infraestructuras que permanecen fuera de la vista, pero cuyo funcionamiento continuo condiciona la capacidad de un Estado para comunicarse, comerciar, gobernar y tomar decisiones en una emergencia.
Introducción
Bajo la superficie del océano, invisible para casi todos y esencial para todos, discurre la columna vertebral de la vida moderna. Más del 95 % del tráfico internacional de datos circula a través de poco menos de quinientos cables de fibra óptica tendidos en el lecho marino. A ellos se suman gasoductos, oleoductos e instalaciones energéticas que sostienen buena parte del abastecimiento de regiones enteras (Cannon, 2025).
Durante décadas, esta infraestructura fue considerada un asunto eminentemente técnico. Su administración quedó principalmente en manos de operadores privados, mientras que su protección ocupaba un lugar secundario en la planificación estratégica de los Estados. La literatura especializada ha advertido que la seguridad de estas redes nunca ha recibido una atención proporcional a su importancia para el funcionamiento de las economías, la gobernanza internacional y la estabilidad de las naciones (Bueger & Liebetrau, 2021).
Esa etapa parece haber terminado. Los incidentes registrados en el mar Báltico, el estrecho de Taiwán y el Atlántico Norte muestran que cables de comunicación, ductos e instalaciones submarinas han pasado a formar parte del entorno de competencia entre las grandes potencias. Anclas arrastradas en circunstancias poco claras, embarcaciones con sus sistemas de identificación desconectados y movimientos marítimos difíciles de justificar reflejan una modalidad de confrontación basada en la ambigüedad y en la dificultad para atribuir responsabilidades.
Quienes han debido planificar operaciones marítimas saben que la infraestructura suele recibir poca atención mientras funciona. El problema aparece cuando deja de hacerlo y los gobiernos descubren, en medio de la crisis, que carecen de rutas alternativas, de medios de vigilancia suficientes o de capacidades propias para la reparación.
En muchos de estos casos, el objetivo no parece ser la destrucción permanente de una red. Basta con demostrar que puede ser interrumpida, retrasar su recuperación o sembrar dudas sobre la capacidad del Estado para protegerla. La interdependencia tecnológica, que ha permitido ampliar extraordinariamente el comercio y las comunicaciones, también ha creado nuevos puntos de presión.
Para América Latina, esta evolución representa un desafío que trasciende ampliamente el ámbito naval. La digitalización de las economías, la expansión de la infraestructura energética costa afuera, el desarrollo de corredores transpacíficos y la participación de empresas extranjeras en proyectos estratégicos obligan a considerar el fondo marino como parte del espacio en el que también se juega la seguridad nacional.
La región todavía dispone de tiempo para incorporar estas preocupaciones en su planificación. Sin embargo, esa ventana no permanecerá abierta indefinidamente. La cuestión central ya no es determinar si existen vulnerabilidades, sino establecer si los Estados latinoamericanos serán capaces de reconocerlas y reducirlas antes de que un incidente las exponga en condiciones mucho menos favorables.
Una amenaza que dejó de ser hipotética
Durante muchos años, la posibilidad de que la infraestructura submarina pudiera convertirse en un objetivo deliberado de actores estatales pertenecía más al terreno de los escenarios hipotéticos que al de la planificación cotidiana. Los acontecimientos registrados en Europa y en el Indo-Pacífico en los últimos años han modificado esa percepción. Sin recurrir a operaciones militares convencionales, diversos incidentes han demostrado que es posible afectar servicios esenciales mediante acciones difíciles de atribuir y deliberadamente ejecutadas por debajo del umbral de un conflicto abierto.
El mar Báltico constituye probablemente el ejemplo más ilustrativo de esta evolución. En la última década se ha registrado una sucesión de incidentes que numerosos gobiernos y centros de análisis relacionan con actividades propias de la denominada “guerra híbrida” contra la infraestructura submarina. La autoría de estos hechos rara vez puede demostrarse de manera concluyente. No obstante, sus efectos estratégicos son evidentes. Entre 2023 y 2025 se contabilizaron al menos diez rupturas de cables submarinos en la región, siete de ellas concentradas entre noviembre de 2024 y enero de 2025, una frecuencia que contrasta de manera significativa con la registrada antes de la invasión rusa de Ucrania (CBS News, 2025).
Lo ocurrido en Europa no constituye un caso aislado. Desde 2023 también se han documentado múltiples incidentes en torno a Taiwán que han afectado cables esenciales para las comunicaciones de la isla. Diversos estudios sobre seguridad marítima describen maniobras realizadas por embarcaciones vinculadas a China y Rusia en áreas próximas a estas instalaciones, lo que ha llevado a varios centros especializados a considerar la posibilidad de un intercambio de experiencias operacionales entre ambos países en materia de sabotaje submarino (Jamestown Foundation, 2026).
Más allá del daño físico ocasionado, el verdadero valor de estas acciones radica en el efecto que ejercen sobre la percepción de vulnerabilidad. Demuestran que es posible afectar funciones esenciales de un Estado sin necesidad de recurrir al empleo abierto de la fuerza. La interrupción temporal de las comunicaciones, el retraso en la recuperación de servicios críticos o la incertidumbre sobre la seguridad de una infraestructura pueden generar consecuencias políticas y económicas desproporcionadas respecto del daño material inicialmente causado.
Existe, además, un elemento que merece especial atención. La ambigüedad no constituye únicamente una característica de estas operaciones; forma parte de su diseño. Cuanto más difícil resulta establecer quién provocó un incidente o demostrar si hubo intencionalidad, más compleja se vuelve la respuesta política y diplomática. Esa incertidumbre reduce el riesgo de una reacción inmediata por parte del Estado afectado y permite mantener la confrontación dentro del espacio cada vez más relevante de la denominada “zona gris” (Atlantic Council, 2025).
Esta realidad debería llamar especialmente la atención de quienes tienen la responsabilidad de formular políticas públicas y de planificar la defensa en América Latina. La competencia entre Estados ya no se limita al control de territorios ni de espacios marítimos. También busca identificar vulnerabilidades capaces de afectar el funcionamiento cotidiano de una sociedad sin desencadenar necesariamente un conflicto armado. La infraestructura submarina ofrece precisamente esa posibilidad.
Aunque las circunstancias geopolíticas latinoamericanas difieren de las de Europa o del Indo-Pacífico, muchas de las vulnerabilidades físicas son comparables. Extensas costas, corredores marítimos de enorme importancia comercial, capacidades de vigilancia desiguales y una dependencia creciente de las comunicaciones digitales obligan a observar estos acontecimientos no como episodios lejanos, sino como experiencias de las que conviene extraer lecciones antes de que la región enfrente situaciones similares.
Quizás la principal enseñanza que dejan el mar Báltico y el estrecho de Taiwán no sea la facilidad con la que puede dañarse un cable submarino. La verdadera lección consiste en comprender que infraestructuras cuya existencia suele pasar inadvertida pueden convertirse, en cuestión de horas, en un factor capaz de afectar la economía, alterar la confianza pública y limitar la capacidad de decisión de un gobierno durante una crisis. Aprender de esas experiencias resulta, sin duda, menos costoso que hacerlo a partir de la propia.
América Latina: dependencia y nuevos actores
Si bien América Latina no ha experimentado incidentes comparables a los registrados en el mar Báltico o en el estrecho de Taiwán, ello no significa que permanezca al margen de esta evolución. Muy por el contrario, la creciente digitalización de las economías, la expansión de la infraestructura energética costa afuera y el desarrollo de nuevos corredores de conectividad internacional incrementan cada año la importancia estratégica del dominio submarino para los países de la región.
Gran parte de esa dependencia permanece prácticamente invisible. Cada transferencia bancaria internacional, una porción significativa de las comunicaciones gubernamentales, el funcionamiento de servicios en la nube, las operaciones logísticas del comercio exterior y buena parte de la actividad empresarial descansan sobre redes cuya interrupción podría generar consecuencias muy superiores al daño físico ocasionado en uno o varios tramos de fibra óptica.
En ese contexto adquieren especial relevancia los proyectos destinados a ampliar la conectividad transpacífica. El cable Humboldt, desarrollado conjuntamente por el Estado chileno y Google, conectará Valparaíso con Sídney a través de la Polinesia Francesa, creando una nueva ruta hacia el Indo-Pacífico que reduce la dependencia de los corredores tradicionales vinculados a Norteamérica y Europa (Panda, 2025). Más allá de sus beneficios tecnológicos y comerciales, este proyecto refleja un cambio de mayor alcance: la conectividad comienza a entenderse como un componente de la autonomía estratégica de los Estados.
Al mismo tiempo, la competencia internacional por participar en este tipo de iniciativas se ha intensificado. El proyecto Chile–China Express, concebido para conectar Valparaíso con Hong Kong, ha abierto un debate que trasciende la ingeniería o las telecomunicaciones. La discusión ahora gira en torno a las implicancias estratégicas de incorporar infraestructura desarrollada por empresas sujetas a marcos regulatorios distintos de los que predominan en las democracias occidentales (Diálogo Américas, 2025).
Parte de esa preocupación deriva del marco jurídico vigente en la República Popular China, cuya legislación establece obligaciones de cooperación entre empresas y organismos de inteligencia del Estado. Diversos especialistas consideran que esta circunstancia debe formar parte del análisis al evaluar proyectos vinculados a infraestructura de importancia estratégica (Diálogo Américas, 2025). Esto no significa que los países latinoamericanos deban limitar sus opciones a un único proveedor o a un solo bloque geopolítico. Significa, más bien, que las decisiones sobre infraestructura crítica deben responder a criterios de transparencia, diversificación, resiliencia y protección del interés nacional.
La experiencia internacional demuestra que la dependencia de una única ruta o de un solo proveedor incrementa inevitablemente la vulnerabilidad frente a fallas técnicas, desastres naturales o acciones deliberadas. Por esa razón, la verdadera discusión no debería centrarse únicamente en quién construye un cable submarino, sino en cómo diseñar una arquitectura lo suficientemente robusta para mantener la continuidad del servicio aun cuando alguno de sus componentes resulte afectado. En otras palabras, la redundancia deja de ser un concepto exclusivamente técnico para convertirse en un principio de seguridad nacional.
Esta lógica también se aplica a otras instalaciones ubicadas bajo el mar. Plataformas energéticas costa afuera, terminales especializadas, gasoductos, oleoductos y futuros desarrollos vinculados a parques eólicos marinos o a cables eléctricos comparten vulnerabilidades similares y forman parte de un mismo sistema cuya protección exigirá una visión mucho más integrada que la que tradicionalmente ha predominado.
En definitiva, el debate sobre la infraestructura submarina ya no puede limitarse a la protección física de cables o de ductos individuales. Lo que está en juego es la capacidad de los Estados para asegurar la continuidad de las funciones esenciales en un entorno internacional en el que la infraestructura se ha convertido silenciosamente en uno de los nuevos espacios de competencia estratégica.
Vulnerabilidades convencionales y no convencionales
Analizar la seguridad de la infraestructura submarina exige distinguir entre las vulnerabilidades propias de su operación cotidiana y las derivadas de acciones deliberadas. Ambas pueden producir consecuencias similares en el funcionamiento de un país, aunque responden a lógicas muy distintas y requieren capacidades diferentes para prevenirlas y enfrentarlas. En ocasiones, incluso, una puede ocultar a la otra.
Las amenazas convencionales son bien conocidas por quienes operan este tipo de infraestructura. El envejecimiento natural de los cables, las anclas arrastradas accidentalmente por embarcaciones pesqueras o mercantes, la actividad sísmica, las erupciones volcánicas submarinas, las corrientes de turbidez y otros fenómenos naturales continúan siendo las causas más frecuentes de las interrupciones registradas en todo el mundo (Bueger & Liebetrau, 2021). América Latina convive permanentemente con muchos de estos riesgos. El cinturón sísmico del Pacífico, la actividad volcánica y los huracanes que afectan al Caribe y al Golfo de México forman parte de una realidad geográfica imposible de ignorar.
Nada de ello desaparecerá. Por esa razón, los programas de mantenimiento, la planificación de contingencias y las inversiones destinadas a fortalecer la resiliencia de estas redes seguirán siendo indispensables. Sin embargo, el panorama cambia cuando a esos riesgos habituales se suma la posibilidad de que determinados daños sean provocados deliberadamente.
Es precisamente en ese punto donde surgen las amenazas no convencionales. En los últimos años, la preocupación internacional ha dejado de centrarse exclusivamente en los accidentes para incorporar la posibilidad de actos de sabotaje con fines estratégicos. Diversos especialistas en derecho internacional del mar advierten que el marco jurídico vigente ofrece herramientas limitadas para actuar frente a embarcaciones extranjeras que dañen intencionalmente cables o ductos submarinos, sobre todo cuando la evidencia disponible no permite demostrar de manera concluyente la intención detrás del incidente (Pedrozo, 2025).
La atribución constituye probablemente el problema más complejo. En un ataque convencional suele haber un responsable identificable. En cambio, las operaciones desarrolladas en la denominada “zona gris” persiguen exactamente lo contrario. Un cable aparece cortado, un gasoducto resulta averiado o una embarcación navega con sus sistemas de identificación desconectados. Las sospechas pueden ser fundadas, pero demostrar la responsabilidad de un Estado requiere un nivel de evidencia muy superior al disponible en la mayoría de los casos. La incertidumbre deja entonces de ser una consecuencia del incidente para convertirse en parte de la estrategia.
Los episodios registrados en el mar Báltico y en las proximidades de Taiwán muestran hasta qué punto esa tarea puede resultar compleja. Probar la intencionalidad de un daño exige combinar vigilancia marítima, imágenes satelitales, inteligencia, capacidades forenses submarinas y un intercambio permanente de información entre organismos nacionales e internacionales (Al Jazeera, 2025). Son capacidades que pocos países poseen de manera autónoma y que, en términos generales, aún son limitadas en América Latina.
A esta dificultad se suma otra vulnerabilidad que suele recibir menos atención. Buena parte de la infraestructura submarina latinoamericana depende de un número reducido de puntos de aterrizaje, dispone de pocas rutas alternativas y carece de medios propios suficientes para realizar reparaciones complejas. Cuando ocurre una avería importante, numerosos países deben esperar a que esté disponible alguno de los escasos buques especializados que operan a nivel mundial, lo que puede prolongar la recuperación durante semanas e incluso meses (Cannon, 2025).
Desde una perspectiva estratégica, esta realidad genera una asimetría evidente. Provocar una interrupción puede requerir recursos relativamente modestos, mientras que restablecer completamente el servicio demanda tiempo, tecnología especializada y una importante inversión económica. Esa diferencia explica por qué estas infraestructuras resultan especialmente atractivas para quienes buscan ejercer presión política sin recurrir al uso abierto de la fuerza.
Quienes han participado en la planificación de operaciones navales conocen bien una realidad que trasciende el ámbito militar: toda infraestructura crítica termina convirtiéndose, tarde o temprano, en un factor estratégico. La diferencia es que, en el dominio submarino, esa condición suele pasar inadvertida hasta que una interrupción obliga a descubrirla.
En consecuencia, el desafío para América Latina no consiste únicamente en proteger cables, ductos o plataformas individuales. El verdadero reto es desarrollar la capacidad institucional para detectar anomalías con rapidez, distinguir un accidente de una acción deliberada, atribuir responsabilidades con un grado razonable de confianza y coordinar respuestas antes de que un incidente técnico se transforme en una crisis de seguridad nacional.
Opciones estratégicas para América Latina
Aceptar que la infraestructura submarina forma parte de la seguridad nacional también obliga a revisar la manera en que los Estados latinoamericanos organizan sus prioridades. Durante décadas, la atención se concentró en la protección de fronteras, puertos, espacios marítimos y líneas de comunicación. Hoy ese esfuerzo debe extenderse a la infraestructura que hace posible el funcionamiento de la economía digital y de buena parte de los servicios esenciales.
No existe una solución única para eliminar todas las vulnerabilidades. Tampoco sería realista plantearlo. Lo que sí pueden hacer los gobiernos es reducir riesgos, fortalecer su capacidad de respuesta y elevar el costo para cualquier actor que pretenda utilizar esta infraestructura como instrumento de presión política o estratégica.
El primer paso consiste en reconocer formalmente que los cables submarinos, gasoductos, oleoductos y demás instalaciones ubicadas en el lecho marino constituyen activos estratégicos cuya protección trasciende el ámbito comercial. Aunque muchas de estas redes pertenezcan a operadores privados, su interrupción afecta intereses nacionales. En consecuencia, su protección debe incorporarse explícitamente en la planificación de la seguridad y la defensa.
Al mismo tiempo, será necesario desarrollar una verdadera conciencia del dominio submarino (Undersea Domain Awareness). Esto supone integrar información procedente de la vigilancia marítima, sensores submarinos, imágenes satelitales, inteligencia naval, sistemas de identificación automática, autoridades portuarias y operadores privados. Ninguna de estas capacidades ofrece, por sí sola, una visión completa de lo que ocurre bajo el mar. Su eficacia depende de la posibilidad de reunir esa información, interpretarla oportunamente y detectar comportamientos anómalos antes de que estos produzcan consecuencias mayores.
Otra prioridad consiste en reducir las dependencias innecesarias. La experiencia internacional demuestra que la resiliencia no depende de la fortaleza de un único sistema, sino de la existencia de alternativas capaces de mantener el servicio cuando alguno de sus componentes deja de funcionar. Desde esa perspectiva, proyectos como el cable Humboldt representan una oportunidad para ampliar la conectividad regional, siempre que formen parte de una estrategia orientada a diversificar rutas, proveedores y arquitecturas tecnológicas.
Esa misma lógica debería aplicarse a la participación de consorcios extranjeros en proyectos de infraestructura sensible. Más allá del país de origen de las empresas involucradas, resulta razonable exigir procesos de evaluación transparentes que consideren aspectos relacionados con la ciberseguridad, la estructura de propiedad, la protección de datos y las implicancias estratégicas a largo plazo.
La región también necesita fortalecer sus capacidades de vigilancia, inspección y reparación. Continuar dependiendo casi exclusivamente de recursos especializados disponibles fuera de América Latina prolonga los tiempos de respuesta y aumenta la vulnerabilidad ante incidentes de importancia. Desarrollar capacidades nacionales, promover acuerdos regionales de asistencia mutua y ampliar la cooperación con el sector privado contribuirían a mejorar la resiliencia del conjunto.
Finalmente, conviene reconocer que ningún país podrá enfrentar este desafío de manera aislada. Los cables y ductos submarinos atraviesan jurisdicciones, conectan economías y sirven simultáneamente a múltiples Estados. La cooperación regional deja de ser una opción conveniente para convertirse en una necesidad práctica. Intercambiar información, realizar ejercicios conjuntos, armonizar procedimientos y compartir capacidades permitirán responder con mayor eficacia cuando, inevitablemente, se produzcan nuevos incidentes.
Al final, la mejor defensa no será aquella que reaccione con rapidez ante una interrupción, sino la que haya sido capaz de reducir las vulnerabilidades antes de que alguien decida aprovecharlas. Ese es, probablemente, el principal desafío que América Latina tiene por delante.
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Conclusiones
Durante buena parte de las últimas décadas, América Latina permaneció relativamente alejada de las grandes rivalidades geopolíticas que dominaron otros escenarios del sistema internacional. Esa circunstancia llevó, en ocasiones, a asumir que determinadas amenazas difícilmente afectarían a la región. La evolución reciente demuestra que esa percepción merece ser revisada. En un mundo crecientemente interconectado, la distancia geográfica ya no ofrece la protección que alguna vez brindó.
La infraestructura submarina ilustra con claridad ese cambio. Los cables de comunicación, los gasoductos, los oleoductos y otras instalaciones ubicadas en el lecho marino cumplen funciones esenciales para el funcionamiento cotidiano de los Estados. Su vulnerabilidad ya no responde exclusivamente a causas naturales ni a accidentes operacionales. Hoy forman parte de un entorno en el que la capacidad de interrumpir servicios críticos puede utilizarse como instrumento de presión política y estratégica, sin necesidad de recurrir a una confrontación militar abierta.
Los acontecimientos registrados en el mar Báltico y en torno a Taiwán ofrecen lecciones que trascienden ambos escenarios. Más allá de sus diferencias, todos ponen de manifiesto una misma realidad: infraestructuras consideradas durante décadas como activos técnicos o comerciales han adquirido una importancia estratégica que obliga a repensar la forma en que los Estados las protegen y administran.
América Latina todavía tiene la oportunidad de actuar antes de que una crisis la obligue a hacerlo en condiciones mucho menos favorables. La expansión de la conectividad digital, el desarrollo de nuevos corredores transpacíficos, el crecimiento de la infraestructura energética costa afuera y la participación de actores extrarregionales en proyectos de largo plazo ofrecen una ventana para incorporar la seguridad desde el diseño y no únicamente como respuesta a un incidente ya consumado.
Ese esfuerzo no puede recaer exclusivamente ni sobre las armadas ni sobre los operadores privados. Requiere una política de Estado que integre capacidades diplomáticas, jurídicas, tecnológicas, de inteligencia, de ciberseguridad y de vigilancia marítima. También demanda una relación mucho más estrecha entre gobiernos, industria, academia y centros especializados, porque ningún actor dispone por sí solo de todos los recursos necesarios para enfrentar un desafío de esta naturaleza.
Fortalecer la resiliencia implica mucho más que incrementar la vigilancia o disponer de mejores medios de reparación. Significa reducir dependencias críticas, diversificar rutas, mejorar la capacidad de atribución, promover la cooperación regional y desarrollar una comprensión sostenida de lo que ocurre en el dominio submarino. En otras palabras, supone prepararse antes de que la próxima crisis obligue a improvisar.
Quienes observan el mar únicamente desde su superficie corren el riesgo de pasar por alto una parte creciente de la competencia estratégica contemporánea. Hoy, una porción importante de esa competencia se desarrolla sobre la infraestructura que permanece fuera de la vista, pero cuyo funcionamiento depende de las comunicaciones, el comercio, los servicios financieros, el abastecimiento energético y, en definitiva, de la capacidad de un Estado para seguir operando en una situación de crisis.
La soberanía del siglo XXI no se preserva únicamente mediante el control del territorio, del espacio aéreo o de las aguas jurisdiccionales. También depende de la capacidad de proteger las infraestructuras que permiten a una nación comunicarse, producir, comerciar, gobernar y tomar decisiones con libertad. Bajo esa perspectiva, el fondo del mar ha dejado de ser un espacio remoto para convertirse en otro ámbito en el que también se proyecta la seguridad nacional.
Referencias
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Atlantic Council. (2025, November 26). How the Baltic Sea nations have tackled suspicious cable cuts. https://www.atlanticcouncil.org/in-depth-research-reports/issue-brief/how-the-baltic-sea-nations-have-tackled-suspicious-cable-cuts/
Bueger, C., & Liebetrau, T. (2021). Protecting hidden infrastructure: The security politics of the global submarine data cable network. Contemporary Security Policy, 42(1), 145–167. https://doi.org/10.1080/13523260.2021.1907129
Cannon, B. J. (2025). Undersea cable security in the Indo-Pacific: Enhancing the Quad’s collaborative approach. Marine Policy, 171, 106415. https://doi.org/10.1016/j.marpol.2024.106415
CBS News. (2025, November 20). As Russia is accused of hybrid warfare against the West, vital undersea cables show their vulnerability. https://www.cbsnews.com/news/russia-alleged-hybrid-warfare-undersea-cables/
Diálogo Américas. (2025, December 23). Chile–Hong Kong submarine cable: A threat to Latin America’s data sovereignty. https://dialogo-americas.com/articles/chile-hong-kong-submarine-cable-a-threat-to-latin-americas-data-sovereignty/
Jamestown Foundation. (2026, April 15). Strangers on a seabed: Sino-Russian collaboration on undersea cable sabotage operations. https://jamestown.org/strangers-on-a-seabed-sino-russian-collaboration-on-undersea-cable-sabotage-operations/
Panda, J. (2025). Undersea cables, geoeconomics, and security in the Indo-Pacific: Risks and resilience. Marine Policy (Special Issue). Center for Indo-Pacific Affairs. https://manoa.hawaii.edu/indopacificaffairs/article/undersea-cables-geoeconomics-and-security-in-the-indo-pacific-risks-and-resilience/
Pedrozo, R. A. (2025). Safeguarding submarine cables and pipelines in times of peace and war. International Law Studies, 106, 1–35. https://digital-commons.usnwc.edu/ils/vol106/iss1/2
Reuters. (2026, January 2). Timeline of suspected underwater sabotage in Baltic Sea. gCaptain. https://gcaptain.com/timeline-of-suspected-underwater-sabotage-in-baltic-sea/
Rest of World. (2026, June 15). Chile turned to China for an undersea cable. The U.S. said no. https://restofworld.org/2026/chile-china-america-google-cable/
Autor
El Contraalmirante (R) Leonardo Quijarro Santibáñez es estratega naval y especialista en logística de defensa, con más de 38 años de servicio en la Armada de Chile. Ingeniero Naval Electrónico y Especialista en Estado Mayor, ocupó altos cargos de conducción estratégica, entre ellos Subjefe del Estado Mayor General de la Armada, Director de Ingeniería y Sistemas Navales, Director General de Logística y Presidente del Directorio de Astilleros y Maestranzas de la Armada (ASMAR). Es Magíster en Ciencias Navales y Marítimas y cuenta con diplomados en Ingeniería Industrial y Gestión de Empresas, Asuntos Antárticos y Alta Dirección. Actualmente se desempeña como profesor residente en la Academia de Guerra Naval y como docente investigador del Centro de Estudios Navales y Marítimos. Es coautor del libro Tecnologías emergentes y su impacto en la guerra naval (2023).
Publicado originalmente en el Instituto de Inteligencia Estratégica de Miami, un grupo de expertos no partidista especializado en investigación de políticas, inteligencia estratégica y consultoría. Las opiniones son del autor y no reflejan necesariamente la posición del Instituto. Más información del Miami Strategic Intelligence Institute en www.miastrategicintel.com
