MIAMI.- Dadas las características de inmunidad parlamentaria, actuar contra Pablo Iglesias en el Tribunal Supremo de España requiere que el Congreso lo acepte y que el jefe de Gobierno, Pedro Sánchez, del cual el posible imputado es socio de coalición, también lo apruebe.

En otras palabras, iniciar un procedimiento contra el vicepresidente segundo Iglesias, como solicitó un juez de la Audiencia Nacional, requiere que el Alto Tribunal pida su suplicatorio al Congreso, ya que es diputado, y que esa autorización se apruebe por mayoría.

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Según los reportes de prensa, el magistrado Manuel García Castellón considera que Iglesias “usó de forma fraudulenta, para lograr algún tipo de ventaja electoral de la causa abierta contra el exnúmero dos de Policía Nacional José Manuel Villarejo, a quien se le halló la memoria Sim del móvil de la exasesora” del líder de Unidas Podemos.

La prensa española reporta que el magistrado Manuel García Castellón considera que Iglesias “usó de forma fraudulenta, para lograr algún tipo de ventaja electoral de la causa abierta contra el exnúmero dos de Policía Nacional José Manuel Villarejo, a quien se le halló la memoria Sim del móvil de la exasesora” del líder de Unidas Podemos.

Según señala el juez instructor, el editor de la desaparecida revista Interviú Antonio Asensio entregó a Iglesias la tarjeta de memoria original procedente del teléfono de Bousselham, tras haberla recibido de ‘alguien’, cuyo nombre no ha sido revelado aún.

“Pese a ello, se la guardó en su poder, sin decírselo a su propietaria, aun cuando ambos eran personas cercanas” e Iglesias quiso culpar, durante la campaña electoral en 2019, a fuerzas del Estado español, que llamó “cloacas”, por “la filtración del contenido de la tarjeta, cuando ya sospechaba que la filtración pudo ser interna entre miembros de Podemos”.

Proceso

Si el Tribunal Supremo entiende finalmente que debe abrir una causa a Iglesias, deberá, según anticipa la agencia de noticias Europa Press, pedir el suplicatorio al Congreso para retirar la inmunidad al vicepresidente segundo y diputado, que dispondrá de poco más de dos meses para decidir.

Lo habitual es que la Cámara conceda la petición del Poder Judicial y, de hecho, el último que se denegó data de 1988.

“Es poco probable que eso suceda y que el Congreso lo apruebe. El Partido Socialista Obrero Español (de Sánchez), que encabeza la coalición con Unidas Podemos (de Iglesias), no apostará por darse un tiro en el pie porque desacreditaría aún más su gestión y prefieren apostar por el desenvolvimiento de la gestión judicial, aunque no crean en el socio ni lo reconozcan”, señaló el el profesor de Derecho de la Universidad de Lleida, la más antigua de Cataluña, Ferran Espaser.

De hecho, el pleno del Congreso rechazó el jueves la moción del Partido Popular que proponía reprobar a Iglesias por ser el "primer instigador" de los "ataques a la Corona" y pedía la "destitución inmediata" del ministro de Consumo y coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, por "sus groseras afirmaciones en relación" con Felipe VI, al que acusó de "maniobrar" contra el Ejecutivo.

La moción fue derrotada por 188 votos, por encima de la mayoría absoluta, ya que el PSOE y Unidas Podemos contó con el apoyo de los partidos más pequeños y regionalistas que facilitaron la investidura de Sánchez en diciembre.

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