Maduro tiene 59 colombianos de rehenes. Amnistía Internacional pidió recientemente al Ejecutivo, al Tribunal Supremo de Justicia y a la Fiscalía que se ejecute la orden de libertad que en noviembre de 2017 se emitió a favor de 92 detenidos. Hace poco, 33 de ellos fueron deportados, más por enfermedad, que por justicia. Se trata de hombres humildes, de trabajos sencillos, buhoneros, albañiles, obreros que fueron arrestados en diferentes operativos de seguridad entre el 21 de agosto y el 5 de septiembre de 2016.

¿La razón? Maduro necesitaba acusar a Colombia de enviar paramilitares con la intención de matarlo. colombianos. Según él, había sido desmantelado un campamento paramilitar a menos de 500 metros del Palacio de Miraflores. No hay ni una sola prueba de este hecho. Sin embargo, para alimentar el montaje, fueron enviadas comisiones parapoliciales a distintos lugares de Caracas, a barrios de Catia, Petare, el centro. Aprehendieron al azar más de 60 y los completaron con otro grupo de indocumentados que estaba en el Saime. El procedimiento de detención fue realizado bajos las OLP (Operaciones de Liberación del Pueblo) cuyas acciones y sus responsables fueron denunciados ante la Corte Penal Internacional.

Reporteros que han llevado el caso, son testigos del infierno que sufren estos rehenes. No hay manera de describir el hacinamiento. Ha sido una tortura continua, plagada de hambre, enfermedades, impotencia y desesperación. En principio fueron depositados en la comisaría policial de Maripérez, posteriormente los trasladaron a La Yaguara.

Nada justifica estas detenciones. A estos ciudadanos les han violado sus garantías procesales. Ni siquiera en su mentira, en las razones para apresarlos, han sido coherentes. Primero alegaron terrorismo. Esta hipótesis se hace insostenible. Los detenidos no se conocían entre sí. Cambiaron entonces, para acusarlos de irregularidades en su condición migratoria. Hipótesis desmontada también porque varios de los detenidos tienen documentos en regla, emitidos por el Saime. En el proceso, un tribunal de control emitió una orden de libertad en noviembre de 2017 la cual no fue acatada y el 21 de noviembre pasado fue revocada por el Tribunal Supremo de Justicia.

El 28 de noviembre les dijeron “los vamos a deportar”. Improvisaron un tribunal, llegaron fiscales a la comisaría policial en La Yaguara. Acudieron efectivos del CICPC, tomaron huellas, instalaron computadoras. Deportaron a 33 de ellos. A los 59 restantes, 58 hombres y una mujer, les imputaron terrorismo, falsificación de documentos públicos y concierto para delinquir. Previamente los conminaron a firmar unos documentos bajo engaño, con la promesa de que serían deportados a su país.

Han sido dos años sin audiencia. Las violaciones al debido proceso del régimen no resisten una mirada superficial. Los colombianos esperanzados en recuperar su libertad y abrazar a su familia esta Navidad, firmaron. Por órdenes de Maduro, burlaron al cónsul de Colombia y a los abogados defensores.

Les exigieron rechazar la defensa del Foro Penal. La dictadura quiere mantener la realidad de estos secuestrados, alejada de la ONG. El canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo apenas puede visitarlos cada semana y proveerles de lo mínimo necesario para el aseo personal, algunos medicamentos y comida. El asunto se vuelve difícil por las condiciones de la celda en medio de aguas negras porque agua limpia no hay. En el hacinamiento apenas han logrado colocar sábanas raídas para que funcionen como paredes.

Han sido 94 notas verbales las que ha elevado el gobierno colombiano, sin respuesta. La mayoría de los detenidos tiene esposas e hijos venezolanos. Colombia también ha denunciado ante la ONU esta situación. La fiscal en el exilio, Luisa Ortega Díaz, informó haber remitido a la CPI documentos que prueban el crimen de lesa humanidad con este caso.

Un niño nació en este proceso. Su madre embarazada se vio afectada por la situación de su pareja. Uno de los tantos momentos de esperanza perdida contribuyó a una subida de tensión con la que colapsó. Ella murió, salvaron al niño. Las esposas de los presos no entienden. “Mi esposo es albañil, ha sido el sustento de la casa. Mis hijos ya no van a la escuela. No tengo dinero para ropa ni zapatos, menos para comida, a veces los acuesto solo con agua con sal”, cuenta una de ellas. Son señoras que trabajan limpiando casas.

“¡Ayúdennos! Gritan los colombianos.

Se trata de un acto de venganza. Son 59 seres humanos con los que la dictadura de Maduro extorsiona al presidente Iván Duque.

Las opiniones emitidas en esta sección no tienen que reflejar la postura editorial de este diario y son de exclusiva responsabilidad de los autores.

 

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