La jefa encargada de Venezuela debe abandonar el cargo tras vencerse los 180 días en el poder y convocarse elecciones por orden constitucional, afirman juristas
La permanencia inconstitucional de Delcy Rodríguez al frente de Venezuela redefiniría la realidad venezolana
AFPMIAMI.- Delcy Rodríguez tiene que cesar, junto a su régimen, la encargaduría que ostenta en Venezuela, abandonar el cargo y convocar elecciones para poner fin a la inestabilidad institucional, porque la Constitución así lo ordena aun en medio de la catástrofe nacional, afirman abogados especialistas en el tema.
Y no tiene que ver con la incapacidad del régimen de dar respuestas oportunas y suficientes a la población afectada por los dos sismos del 24 de junio pasado, que destruyeron gran parte de La Guaira y dejaron -hasta ahora- más de 3.500 fallecidos, según cifras oficiales.
El domingo 5 de julio venció el plazo máximo de 180 días que establece el marco legal para que Rodríguez continúe como encargada de la dirección del país, tras ser juramentada por la Asamblea Nacional hace seis meses, dos días después de la captura y traslado de Nicolás Maduro ante la justicia de EEUU para enfrentar graves cargos.
Ello implica, indican, que el Parlamento de mayoría chavista, presidido por Jorge Rodríguez, su hermano, está en la obligación de declarar la falta absoluta de Maduro y convocar a un proceso electoral, según el mandato constitucional. Y no hay impedimento para hacerlo.
El artículo 233 deja claro que un estado de emergencia, como el declarado tras los dos intensos y consecutivos sismos del 24 de junio pasado, que dejaron cientos de miles de víctimas y pérdidas cuantiosas en el norte del país, no excusa el vencimiento constitucional.
El deseo de la población de nuevos comicios lo recoge la reciente encuesta Latam Pulse Venezuela, elaborada por AtlasIntel para Bloomberg sobre la tragedia.
El estudio revela que 45,7% de venezolanos considera más urgente hacer elecciones que la reconstrucción de las zonas devastadas, mientras 21,6 % responde que los sismos no alteran el proceso electoral en el país.
Además, la gestión de Delcy Rodríguez cuenta con el 63,3% de desaprobación y 66% dice no confiar en la gobernante encargada ante la crisis frente a un 24% de aprobación, según los reportes.
Si Rodríguez cumple o no el mandato constitucional bajo la tutela del gobierno de Donald Trump es un asunto crucial que definiría la realidad venezolana, según estiman los expertos.
“Venezuela entraría en una fase de consolidación del autoritarismo, cuya impronta será su ilegitimidad de origen y de ejercicio, avalada por gobiernos extranjeros que le sirven de tutela”, sostiene el Bloque Constitucional, integrado por juristas venezolanos, y la plataforma ciudadana Ideas por la Democracia.
No obstante, el jurista Miguel Ángel Martín Tortabu, profesor y exmagistrado del Tribunal Supremo en el exilio, sostiene que Rodríguez intentará mantenerse en el poder “al menos por un año más”, a pesar de la norma constitucional. Y hay una razón fáctica en esto: no han transcurrido realmente los tres meses, a la luz de los hechos y del fallo judicial.
“El mismo chavismo construyó, dentro de la sentencia del Tribunal Supremo, el argumento de que hay una suspensión, una falta temporal producida por un secuestro que no está previsto en la Constitución venezolana. Bajo esa premisa, ellos pueden mantener a Delcy Rodríguez por mucho tiempo”, asegura el experto en derecho procesal.
Martín Tortabu apunta que este proceso iniciado tras la captura de Maduro está marcado por “un rosario de ilegalidades” desde que se produjo la cesación del dictador depuesto en el cargo y que no sería de manera temporal, sino permanente, pero no fue declarado por la Asamblea Nacional.
“Lo primero que hay que revisar es cuál es la situación fáctica y cuál es realmente la solución jurídica atendiendo a esa situación fáctica”, advierte.
“La premisa fáctica es que Maduro se encuentra desde el 3 de enero fuera del poder en forma permanente, no temporal, y eso significaba constitucionalmente que la
vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, debía asumir como encargada —no interina— y convocar elecciones dentro de los 30 días siguientes”.
Explica que la Asamblea Nacional, como cabeza del poder Legislativo, tenía que haber asumido las consecuencias de la situación, es decir, nombrar una presidencia encargada y enrumbar el país al proceso electoral.
“El chavismo se negó a cumplir con las normas constitucionales, como siempre lo ha hecho”, apunta el experto.
Y para ello, el régimen recurrió al Tribunal Supremo y a la inexistente figura legal del secuestro presidencial que ha sido el pilote de la narrativa inconstitucional del régimen para mantenerse en pie durante los últimos seis meses.
“El Tribunal Supremo, en una sentencia política, dijo que Rodríguez estaba encargada, como única figura de la suspensión temporal que la Constitución establece, por tres meses, pero el órgano del Poder Judicial en ningún momento señaló que estaba transcurriendo ese tiempo, sino que se había producido un secuestro, algo no contemplado en la Constitución”, advierte.
La situación jurídica en este caso se planteó cuando el Supremo declaró la suspensión temporal, pero para no convocar la elección, toda vez que el plazo máximo es prorrogable hasta por seis meses.
“Esta sentencia política de un órgano cooptado como el Poder Judicial venezolano tiene el único propósito de mantener en el poder al régimen durante el mayor tiempo posible”.
Martín Tortabu insiste en que aunque Rodríguez y su gabinete “están deslegitimados desde hace mucho tiempo”, tratarán de mantener el control del país, en momentos en que el presidente Trump mantiene un tutelaje sobre el régimen.
“Va a haber una resistencia lógicamente, no solo desde el punto de vista legal, sino también desde el punto de vista institucional”, refiere. Y agrega: “El chavismo en medio de la situación fática lo hará por dos razones. Una, para no perder el control del poder; y dos, para evitar que haya justicia en un futuro”.
El experto reafirma que no hay duda de la necesidad de convocar elecciones dentro del marco “estrictamente constitucional”. “Desde el mismo 3 de enero pasado, de hoy o de mañana”.
Considera que de no ocurrir en corto tiempo Venezuela se sumiría en una crisis más profunda, acentuada por la tragedia.
“Entraríamos en una crisis institucional más severa, adicionalmente al efecto de los terremotos que causaron tantos daños en la población, la cual aumenta la molestia y el desasosiego y más allá del problema de legitimidad”, precisa.
Martín Tortabu destaca que, ante el vencimiento del periodo de Rodríguez, se impone una solución política: “La salida es política, es seguir presionando para promover elecciones y, por supuesto, las condiciones para hacerla”.
La comisión técnica en materia electoral que lidera la diputada opositora Dinorah Figuera, promovida por el gobierno de Trump para tender un puente entre la Asamblea del régimen y la de 2015 de la oposición, ha dado resultado, según subraya el abogado.
“El proceso de escogencia del nuevo Consejo Nacional Electoral está paralizado y los dos sectores tendrán que llegar a algunos acuerdos y emitir un informe en diciembre de este 2026. Esto quiere decir que el chavismo podría permanecer prácticamente en el poder más allá de este año. Aunque eso agravará su situación de legitimidad”, sostiene.
FUENTE: Entrevista a Miguel Ángel Martín Tortabu, jurista y profesor , con información del Bloque Constitucional de Venezuela
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