En momentos en que vemos a la tiranía venezolana comportándose erráticamente y ejecutando acciones desesperadas de la misma manera en que, de acuerdo a la historia, lo hacen los regímenes dictatoriales antes de caer, los ciudadanos venezolanos de bien debemos poner mucha atención en las medidas que necesitaremos tomar a partir de día, al parecer muy próximo, en que se termine de materializar el colapso y se verifique un cambio de gobierno, en tránsito a la recuperación de la libertad.

De entre las muchas medidas que va a requerir la reconstrucción de la nueva Venezuela, hay algunas que tienen importancia capital y que habrán de ser atendidas desde el primer momento. Una de ellas y a la que dedicamos este artículo es la disciplina fiscal.

El principio básico de disciplina fiscal sostiene que un país no debería gastar más de lo que pueda pagar, sin poner en riesgo sus capacidades financieras.

En concreto, mientras un país pueda servir su deuda sin perjudicar su crecimiento económico y sin tener que refinanciar el pago de intereses, su estabilidad estará a salvo.

Aunque los economistas se debaten en cuanto al porcentaje máximo de endeudamiento público, en relación con el Producto Interno Bruto, que un país debe observar para que sus finanzas públicas se consideren saludables, existen algunos consensos sobre el tratamiento que se requiere dar a las variables esenciales para lograr una adecuada disciplina fiscal que, de seguidas, pasamos a abordar.

Estas variables están compuestas por el gasto público, la recaudación tributaria, el endeudamiento público y la política monetaria.

Por lo que respecta al gasto público, la sociedad venezolana tendrá que efectuar una revisión profunda en cuanto a lo que gasta el sector público y a la manera como lo hace. De suma importancia va a ser el reordenamiento y la limitación del crecimiento del gasto público.

En este sentido, todas las fuerzas políticas, económicas y sociales que componen la sociedad habrán de buscar un mecanismo de acuerdo para lograr un pacto fiscal, que esté dirigido a financiar desarrollo sostenible y garantizar disciplina fiscal a largo plazo.

Luego de verificarse el referido pacto fiscal entre los distintos factores que componen la sociedad venezolana, el paso siguiente habrá de ser la elaboración y aprobación del presupuesto, a cuyo efecto han de participar tanto el Poder Ejecutivo como otras instituciones que garantice la pulcritud e idoneidad del proceso. Al efecto, será de mucha importancia la participación del Banco Central de Venezuela como autoridad técnica y de la Asamblea Nacional como ente político de control del Poder Ejecutivo.

En torno a la recaudación tributaria, convendrá revisar el Código Orgánico Tributario y las leyes y reglamentos que lo desarrollan, con el objeto de atraer inversiones y simplificar la recaudación de impuestos.

Por lo que respecta al endeudamiento público, Venezuela tendrá que implementar mecanismos de control para que cualquier nuevo endeudamiento cuente con la aprobación, no solamente de la Asamblea Nacional, sino también de la sociedad civil organizada en el Poder Civil.

Los venezolanos hemos de condenar enfáticamente la abominable práctica de monetización del déficit fiscal llevada a cabo por la dictadura, mediante la emisión descontrolada de dinero inorgánico en cantidades ilimitadas. En el futuro la emisión de dinero tendrá que ser manejada por un Banco Central de Venezuela autónomo, cuyas autoridades sean designadas por el Poder Civil.

La independencia y autonomía del Banco Central de Venezuela, respecto del Poder Ejecutivo, garantizará un correcto manejo de la política monetaria, defendiendo el valor de la moneda, impulsando la competitividad de los productos nacionales y protegiendo el poder adquisitivo de todos los ciudadanos.

Debemos entender que la deuda pública puede convenir en algunos casos, pero no para pagar gasto corriente, que invariablemente termina alimentando el clientelismo, sino para ejecutar obras o programas de inversión que puedan generar rentabilidad hacia el futuro.

En tal sentido, se propone limitar los endeudamientos en cuanto a sus montos en proporción al Producto Interno Bruto, en cuanto a su costos (intereses) en relación con las tasas de crecimiento de la economía y en cuanto a sus plazos, exigiendo siempre la opinión favorable del Banco Central de Venezuela, la aprobación de la Asamblea Nacional y, para montos, costos y plazos que excedan unos valores razonables previamente determinados, la aprobación también del Poder Civil.

De igual manera, Control Civil propone que los endeudamientos de proyectos mayores de infraestructura deban basar su repago en flujos del mismo proyecto, con riesgo para los inversionistas.

El tema económico es demasiado importante como para dejarlo al sólo cuidado de los operadores Políticos. Como dice el refrán, “con el arca abierta, hasta el justo peca”.

juanriquezes@gmail.com

@juanriquezes

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