Detrás de esa omisión hay casi medio siglo de equilibrios geopolíticos, presiones de China, y una peligrosa normalización de la narrativa de Pekín sobre un territorio que, en los hechos, nunca ha estado bajo su control.
La resolución de 1971 es un malentendido convertido en doctrina: La Resolución 2758, aprobada en 1971, reconoció a la República Popular China, la comunista, como “el único representante legítimo de China” en la ONU y expulsó a los representantes de República de China, el gobierno que, tras su derrota en la guerra civil china, se había replegado a la isla de Taiwán.
Es crucial subrayar que la resolución nunca mencionó a Taiwán como territorio ni definió su estatus futuro, simplemente resolvió quién ocuparía el asiento de “China” en la ONU.
Como declaró la UE recientemente: “La Resolución 2758 únicamente abordó el cambio de representación de la República de China a la República Popular China… y no mencionó a Taiwán” (Reuters, 7 de octubre de 2025).
A pesar de ello, Pekín ha impuesto al mundo una interpretación falsa y extensiva: que dicha resolución implica el reconocimiento de Taiwán como parte de China continental. Este uso político de una resolución ambigua ha condicionado el lenguaje y las acciones de muchos organismos internacionales, que evitan mencionar a Taiwán por temor a represalias diplomáticas o comerciales.
Contrario a esa narrativa, Taiwán jamás ha estado bajo la autoridad de la RPC. Desde 1949, la isla ha mantenido un gobierno propio, instituciones democráticas, fuerzas armadas y una economía altamente desarrollada.
En palabras del presidente taiwanés Lai Ching Te: “Taiwán es, por supuesto, un país… La resolución de la ONU de 1971 solo trató de representación, no de soberanía.” (Reuters, 22 de junio de 2025).
En términos de derecho internacional, Taiwán cumple con los elementos básicos de estatalidad: población permanente, territorio definido, gobierno efectivo y capacidad de relacionarse con otros estados. Su exclusión de organismos internacionales no responde a una falta de legitimidad jurídica, sino a presiones políticas y vetos de un miembro poderoso del Consejo de Seguridad: China.
En la última década —y con más intensidad desde 2023— Pekín ha multiplicado sus esfuerzos para erosionar la soberanía de Taiwán y desalentar su reconocimiento internacional. Esto incluye:
1. Amenaza militar directa
“China está intensificando tácticas militares e híbridas para presionar a Taiwán y preparar un posible ataque futuro”, advierte un reciente informe de defensa taiwanés (Reuters, 9 de octubre de 2025).
La RPC realiza ejercicios aéreos y navales a gran escala alrededor de la isla, como el simulacro “Channel Thunder–2025A”, ampliamente considerado como un ensayo de invasión. El G7 ya expresó su preocupación ante esta maniobra provocativa.
2. Tácticas de “zona gris”
Pekín emplea operaciones no bélicas —drones, patrullas marítimas, ciberataques y campañas de desinformación— para desgastar psicológicamente a la población taiwanesa e interferir en su política interna.
“China ha intensificado su uso de tácticas de zona gris… como vigilancia con drones, patrullas navales y ejercicios militares”, informó la agencia AP (AP, octubre de 2025).
3. Guerra política y operaciones encubiertas
“Taiwán enfrenta amenazas persistentes de espionaje… parte de una estrategia integral de guerra política orientada a la anexión”, señala un informe del Global Taiwan Institute (marzo de 2025).
4. Aislamiento diplomático
Pekín presiona, amenaza y chantajea a gobiernos y organismos internacionales para que no reconozcan ni cooperen oficialmente con Taiwán. El número de países con relaciones diplomáticas plenas con Taipéi ha disminuido, aunque varios aliados —como Paraguay— han levantado la voz en foros internacionales:
“La participación de Taiwán es una cuestión de justicia”, dijo el presidente paraguayo en la Asamblea General, advirtiendo que las maniobras militares chinas amenazan la estabilidad global (FAPA, septiembre de 2025).
Más allá del debate legal, excluir a Taiwán debilita al sistema multilateral:
Taiwán es una democracia vibrante con 23 millones de habitantes, altos estándares tecnológicos y sanitarios, y capacidad para contribuir a la cooperación global. Su exclusión contradice los principios de universalidad y equidad.
Temas como pandemias, cambio climático, ciberseguridad y comercio no se resuelven ignorando a una economía tan relevante. La exclusión de Taiwán de organismos como la Organización Mundial de la Salud en plena pandemia fue un ejemplo evidente del costo de estas decisiones.
Integrar a Taiwán en espacios multilaterales incrementaría su visibilidad y el costo político de una agresión china, contribuyendo a disuadir escenarios bélicos y estabilizar el Indo-Pacífico.
El hecho de que la ONU y muchas organizaciones eviten mencionar “Taiwán” no es un tecnicismo diplomático; es el resultado de una presión política sistemáticade los comunistas.
Pero la realidad es tozuda: Taiwán existe, gobierna, innova y defiende su libertad. Nunca ha formado parte de la RPC creada por Mao. Y su reincorporación a la comunidad internacional no es un gesto simbólico, sino un acto de justicia y de defensa del orden internacional basado en normas, no en coerción.
Romper el silencio y llamar a Taiwán por su nombre es también una forma de resistencia al autoritarismo y una afirmación del multilateralismo real. El futuro de la estabilidad global podría depender de decisiones como esta.
