Abelardo De la Espriella, apodado “El Tigre”, es un abogado que irrumpe con una propuesta que capitaliza la frustración ciudadana; su discurso lo posiciona como un fenómeno político
Abelardo De la Espriella
CORTESÍA ADLEMIAMI. - La figura de Abelardo De la Espriella se consolidó en el imaginario público mucho antes de su aspiración presidencial. Su fama nació en los estrados judiciales, donde fundó una de las firmas de abogados más mediáticas del país, De la Espriella Lawyers Enterprise.
Su carrera se forjó en la defensa de clientes que generaron un intenso debate público, desde David Murcia Guzmán, cabeza de la captadora ilegal DMG, hasta Alex Saab, empresario vinculado al gobierno de Nicolás Maduro. Ante las críticas, De la Espriella siempre enarboló el principio del derecho a la defensa y la máxima de no confundir al abogado con su cliente.
Sin embargo, su perfil no se limita al derecho. De forma paralela, el letrado construyó una marca personal multifacética que él denomina el "Estilo De la Espriella". Esta marca se articula a través de una serie de emprendimientos en sectores de lujo que incluyen vinos producidos en la Toscana, un ron premium, una línea de ropa y ambiciosos proyectos inmobiliarios.
Esta faceta de empresario exitoso es el pilar de su propuesta política. Él mismo lo resume en una frase que es la síntesis de su identidad pública: "Yo no soy político, yo soy empresario y quiero traer el éxito empresarial a la empresa más importante que tiene un país que es el estado colombiano".
La opulencia y el éxito material se presentan como la evidencia irrefutable de su capacidad para gobernar, un argumento que él considera su principal credencial para transformar un Estado que percibe como fallido.
La plataforma de gobierno de De la Espriella propone una reingeniería profunda del Estado colombiano, articulada sobre dos pilares controvertidos que aún tratan de comprender los más escépticos.
El primero es una doctrina de seguridad de "mano de hierro" que marca una ruptura total con los esfuerzos de paz de las últimas décadas. Su lema es que "la paz no se negocia, se impone" con la fuerza de las armas y las leyes.
La manifestación más polémica de esta visión es su propuesta de "dar de baja" a los criminales que no se sometan a la autoridad, una idea que genera tano aplausos como reproches.
Esta política, que evoca un estado de guerra permanente contra la delincuencia, se complementa con su promesa de eliminar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), creada a la luz del acuerdo con las FARC en 2017, a la que califica como un "bodrio" que garantiza la impunidad.
El segundo pilar es una “terapia de choque económico” de inspiración libertaria. Su propuesta más emblemática es la reducción del tamaño del Estado en un 40%, pues considera que el aparato burocrático es un "elefante blanco" que consume recursos sin generar valor.
Para ejecutar esta reforma de manera expedita, propone un atajo constitucional: la declaratoria de un Estado de Emergencia Económica. Con esta herramienta, busca eludir los procesos legislativos democráticos para tomar decisiones ejecutivas rápidas en materia fiscal, de gasto y de explotación de recursos minero-energéticos.
Su visión es la de un Estado mínimo que desregule la economía para que el sector privado genere riqueza, una filosofía que choca frontalmente con la estructura y las funciones del Estado social de derecho colombiano.
La candidatura de De la Espriella no es un fenómeno aislado, sino la adaptación colombiana de una tendencia política global. Él mismo se identifica explícitamente con figuras de la nueva derecha y su proyecto es un modelo híbrido que toma elementos de cada uno.
De Nayib Bukele, presidente de El Salvador, adopta el modelo de seguridad. Tras visitar ese país, respaldó sin fisuras su política de mano dura y encarcelamiento masivo como la única solución viable contra la criminalidad.
De la Espriella promete una versión de esta política, aunque la nacionaliza al afirmar que Colombia ya tuvo su propio "Bukele a la décima potencia": el expresidente Álvaro Uribe, a quien considera su mentor.
La afinidad con Javier Milei, presidente de Argentina, se sitúa en el plano ideológico y estilístico. La propuesta de reducir el Estado en un 40% es el equivalente colombiano al "plan motosierra" de Milei.
Ambos comparten un desprecio por la “casta política tradicional”, un enfoque económico libertario radical y una retórica de confrontación que utiliza la controversia como principal herramienta de comunicación.
De Donald Trump, presidente de Estados Unidos, toma el arquetipo del outsider exitoso y el manual de comunicación nacionalista. Se presenta como un empresario rico que no necesita la política para su sustento, lo que, según él, lo hace inmune a la corrupción.
Su estilo agresivo, centrado en la descalificación del oponente y con un uso intensivo de las redes sociales para eludir a los medios tradicionales, sigue el libreto trumpista.
De esta manera, De la Espriella sintetiza la promesa de orden autoritario de Bukele, la justificación ideológica de Milei para una terapia de choque económica y el manual de Trump para movilizar a una base descontenta.
Una parte fundamental de la identidad pública del precandidato presidencial se define por su relación conflictiva con la prensa. Este enfrentamiento ha escalado al ámbito judicial, donde el abogado ha protagonizado una serie de acciones legales contra periodistas y medios de comunicación que lo investigan o critican.
La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) ha documentado un patrón de al menos catorce actuaciones judiciales desde 2018, en su mayoría demandas civiles que buscan cuantiosas indemnizaciones económicas por alegados daños a su buen nombre.
Organizaciones de prensa y expertos califican esta estrategia como un caso paradigmático de "acoso judicial", conocido internacionalmente como SLAPP (Demanda Estratégica contra la Participación Pública).
Casos notorios incluyen los múltiples procesos contra la columnista Cecilia Orozco, la demanda contra el director de La Nueva Prensa, Gonzalo Guillén, e incluso acciones en jurisdicciones extranjeras, como la que interpuso en Florida contra el periodista Daniel Coronell.
Una de las tácticas más controvertidas fue la solicitud de embargo no solo contra los bienes del periodista Ignacio Gómez, sino contra todos sus homónimos en el país, una medida que expertos calificaron como un “claro abuso” del derecho procesal con efecto intimidatorio.
El conflicto de De la Espriella con la prensa se ha desarrollado en un contexto complejo. El ecosistema mediático colombiano se caracteriza por una alta concentración de la propiedad en manos de grandes conglomerados económicos con agendas e intereses políticos definidos.
Esta realidad alimenta una percepción extendida de falta de imparcialidad. En este escenario, figuras como De la Espriella encuentran un terreno fértil para deslegitimar el escrutinio periodístico, aunque existen medios en Colombia que han destapado grandes escándalos y se les percibe como practicantes de una buena prensa.
Al presentarse como una víctima de una “prensa sesgada”, como él lo dice, transforma su batalla legal en una cruzada contra un "establishment" mediático. Su ofensiva judicial, por tanto, se beneficia de un ambiente donde la línea entre el periodismo de fiscalización y la operación política a menudo se percibe como difusa.
Su estrategia política es una maniobra de equilibrio. Por un lado, se presenta como un candidato independiente a través del comité ciudadano "Defensores de la Patria", con el que recolecta firmas para evitar las maquinarias de los partidos tradicionales. Por otro, se proclama el heredero más ferviente de Álvaro Uribe, al punto de declararse "más uribista que su propia familia".
Con esta dualidad, busca atraer al voto duro del uribismo sin someterse a la estructura del partido Centro Democrático, al que considera un "aliado natural", pero no su hogar político. Es una apuesta para unificar a la derecha bajo una nueva bandera, capitalizando el sentimiento antipartido sin renunciar a la base electoral más leal del espectro conservador.
La cruzada moral complementa su proyecto como un aglutinante ideológico. De la Espriella enmarca su candidatura en la defensa de "principios y valores fundacionales" como la familia, la fe en Dios (aunque se declaraba ateo hasta hace unos cinco años) y la propiedad privada. Su oposición frontal a la despenalización del aborto y a lo que denomina "adoctrinamiento de género" lo alinea con movimientos conservadores globales.
Esta dimensión transforma la contienda política en una batalla existencial por el "alma de la nación" contra lo que describe como la "plaga" de la izquierda. Este marco moral no es un componente secundario, sino el que justifica sus medidas más radicales. Si la patria enfrenta una amenaza existencial, las soluciones extremas se presentan como una necesidad imperiosa para su salvación, estima De la Espriella.
Independientemente del resultado final de las elecciones de 2026, el fenómeno De la Espriella ha logrado desplazar el debate hacia terrenos más extremos y obliga al resto del espectro político a posicionarse frente a una propuesta política que algunos consideran iliberal.
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