En el cauce de la historia, la extrema izquierda -y en este caso en EEUU- se ha valido y ha creado las crisis, la destrucción y el caos, siempre que en el poder haya un gobierno conservador
Agentes policias detienen a revoltosos de la extrema izquierda que intentan llevar el caos y la inseguridad a las ciudades gobernadas por la ultraizquierda para desestabilizar al gobierno del presidente Donald J. Trump.
SCOTT OLSON/ AFP Imagen del Capitolio en Washington, sede del Congreso federal.
DANIEL SLIM/ AFPLos demócratas quieren de cualquier forma el caos en ciudades y en el Congreso. Su principal propósito es desestabilizar al gobierno del presidente Donald J. Trump ante la impotencia de que no controlan ninguna de las dos Cámaras legislativas, la Casa Blanca ni la Corte Suprema.
El gobierno federal estadounidense empezó a despedir a miles de funcionarios a causa del cierre gubernamental creado por los demócratas, anunció este viernes la Casa Blanca.
Las reducciones de personal "han comenzado", dijo en la red X Russ Vought, el jefe de la Oficina de Gestión y Presupuesto (OMB) de la Casa Blanca.
El próximo miércoles unos 1,3 millones de miembros del servicio militar en activo podrían añadirse a la lista de afectados, y quedarse sin paga temporal, algo que no ha ocurrido en ninguno de los cierres gubernamentales de la historia moderna.
"No estamos de buen humor aquí en el Capitolio, es un día sombrío. Hoy marca el primer día en que los trabajadores federales recibirán un cheque de pago parcial", dijo el presidente republicano de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, en una conferencia de prensa.
Las acciones beligerantes de la izquierda no representan un panorama nada nuevo. Ocurre desde los años 1960.
En el cauce de la historia, la extrema izquierda -en este caso en EEUU- ha creado y fomentado las crisis, la destrucción y el caos siempre que en el poder haya un gobierno conservador como ocurre ahora.
De acuerdo con el Buró Federal de Investigaciones (FBI), el extremismo de los radicales de izquierda alcanzó su máximo auge entre las décadas de 1960 y 1980, como los defensores del comunismo y el ambientalismo.
Las nuevas tendencias de estos grupos comenzaron a florecer en la década de 1990 mediante el Frente de Liberación Animal (ALF) y el Frente de Liberación de la Tierra (ELF). Desde 1996 y 2002, ambos fueron responsables de 600 actos delictivos del alto perfil a un costo de unos 50 millones de dólares.
Esa cifra resulta insignificante en estos tiempos, cuando en 2020 -también durante el primer período de presidencia de Trump- los daños causados por Antifa, Black Blocs, Black Life Mater y otros fueron de miles de millones de dólares en todo el país, en especial.
Entre sus principales propósitos se encuentran la extrema violencia y acciones lo más destructivas posibles para crear pánico, inseguridad y terror dentro de la población; dañar la economía de las empresas privadas y de los gobiernos locales, estatales y federal. Su enfoque central no es el antifascismo, ni la justicia social, el racismo o las libertades individuales como promulgan, sino el capitalismo occidental en toda su expresión e historia.
Como lo han revelado informes del FBI, estos grupos actúan en coordinación con el discurso incendiario de activistas y congresistas de la misma tendencia ideológica como Alexandria Ocasio-Cortez, Bernie Sanders, Elizabeth Warren, Hakeem Jeffries, entre muchos otros; y con el financiamiento directo o indirecto de multimillonarios “progresistas” como George Soros, quien en días recientes llamó a luchar de forma activa y a oponerse a la “dictadura” de Trump, después de que el mandatario estadounidense expusiera en público que Soros tenía que ser procesado judicialmente por patrocinar el terrorismo interno y por tanto daño causado a EEUU durante décadas.
Los fondos les permiten a estos individuos permanecer en acción en las calles durante semanas o meses, la mayoría no trabaja y la otra parte son estudiantes universitarios o personas enajenadas socialmente y manipulados todos por los grandes hilos del socialismo del siglo XXI, el famoso “Marxismo cultural”, el globalismo y su agenda 2030, el mal llamado “progresismo” (menos progreso) y el wokismo o tendencia WOKE.
Los expertos en antiterrorismo afirman que dentro de estos grupos, menos organizados y cohesionados que en el pasado, proliferan tres clasificaciones ideológicas: anarquismo; comunismo-socialismo-marxismo y radicales autónomos o solitarios.
Las acciones y estrategias de la extrema izquierda en el Congreso van a la par de estos grupos, y los incentivos explícitos de la gran prensa de la ultraizquierda o neoliberal, en contracorriente de la favorable salud política y la democracia en EEUU.
El cierre presupuestario del gobierno, la orden ejecutiva de Trump de declarar a Antifa como una organización terrorista interna, el trabajo de Elon Musck al frente de la Comisión DOGE, el asesinato del líder conservador Charlie Kirk y la labor de los agentes de ICE (inmigración) les ha dado el combustible necesario para realizar su agenda.
Por una parte, las ciudades gobernadas por la extrema izquierda como Chicago, Washington D.C., Nueva York, Portland, etc. aprovechan para echarle leña al fuego y buscar la desestabilización del gobierno del presidente Donald J. Trump, mediante el radicalismo activo de estos grupos, también formados por delincuentes de “carrera”.
No es nada nuevo, sólo necesitan algún motivo político o justificación social para poner en práctica la extrema violencia. Era algo que se esperaba bajo la administración Trump; de ahí su agilidad esta vez para enviar a la Guardia Nacional y frenar rápidamente todos los focos de “guerra” en el país que permiten alcaldes y gobernadores socialistas o “progresistas”.
La parálisis del gobierno se dirige hacia la tercera semana y a los demócratas no les interesa ningún acuerdo por el momento. Lo que desean es que siga la acción de los radicales en las calles como una forma más de presión al gobierno de Trump y a la vez que sirva para denunciar uso excesivo de la fuerza contra los supuestos “manifestantes” o mercenarios de extrema izquierda.
Los demócratas votaron por sexta vez el miércoles 8 de octubre contra la propuesta de ley de los republicanos para prolongar el presupuesto federal hasta el 21 de noviembre, lo que permitiría “reabrir” el gobierno federal.
Las exigencias de los demócratas en el Congreso corresponden al nivel de gasto descontrolado, fraude y corrupción revelados por la Comisión de Eficiencia Gubernamental, dirigida durante varios meses por Elon Musk como asesor del Presidente.
La izquierda pide dinero para más ayudas a los inmigrantes ilegales, financiación para conferencias, terapias, tratamientos y cirugías de cambio de género, incluso entre niños y los adolescentes, además de otras aberraciones de una élite o “Estado Profundo” que actúa para concretar la destrucción de la sociedad conservadora estadounidense.
Por encima del impacto del cierre para los estadounidenses, los senadores demócratas desean la reactivación de fondos para las supuestas “ayudas” a gobiernos extranjeros y movimientos progresistas en países alejados del interés de Washington. En síntesis, exigen el restablecimiento de 1,5 billones (trillions) de dólares eliminados del presupuesto federal con la ley bipartidista “One Big Beautiful Bill”, por considerarse parte del insólito derroche en gastos del gobierno de Joe Biden o quienes estuvieron al frente de esa administración.
Los demócratas, más que oposición, democracia y entendimiento bipartidista, creen que aún gobiernan en Washington.
Trump lo ha dejado bien claro: el desastre de los últimos cuatro años de gestión de la extrema izquierda no va a regresar, al menos mientras él u otro gobierno conservador de la misma línea se encuentren en la Casa Blanca para responder a la voluntad del pueblo, no a la voluntad de [un puñado de senadores], que ponen por encima de los intereses nacionales el rechazo enfermizo a su personalidad, a sus ideas y a los republicanos.
En cuanto a fondos para salud, quieren los mismos niveles de gastos y programas de cuando la pandemia de COVID-19. El otro propósito es aumentar la inflación como hicieron bajo el gobierno de Biden que incrementaron -como nunca antes en la historia del país- el déficit fiscal y público, este último a más de 36 billones (trillions) de dólares.
La portavoz de la Casa Blanca Karoline Leavitt dijo que “los despidos ‘técnicos temporales’ que suelen ocurrir durante los cierres de gobierno ya comenzaron, pero si éste se extiende demasiado los despidos serán una consecuencia desafortunada”.
A los demócratas no parece interesarles las estadísticas, tampoco las afectaciones y consecuencias,que ya se informan en el transporte aéreo y la seguridad.
La agencia de control aéreo de Estados Unidos informó el 8 de octubre de problemas de personal en casi una docena de aeropuertos por el cierre gubernamental, que ha dejado a centenares de miles de funcionarios federales sin sueldo activo.
El monitor de aviación FlightAware informó de alrededor de 10.000 vuelos retrasados entre lunes y martes de esta semana. Aunque no se considera que este sea un número inusualmente alto, la agencia federal de aviación (FAA) advirtió que los problemas podrían empeorar.
El secretario de Transporte, Sean Duffy, dijo en el aeropuerto de Newark, cerca de Nueva York, que ya había un "leve" aumento a nivel nacional de controladores de tráfico aéreo que llamaban para reportarse enfermos.
"Quiero que los vuelos no se retrasen. No quiero que se cancelen, pero nuestras prioridades son la seguridad", especificó.
"Y si recibimos más llamadas por enfermedad, reduciremos el flujo de tráfico de acuerdo con el índice que sea seguro para el pueblo estadounidense".
Hasta ahora, la posición de los senadores demócratas en Washington es [extender el cierre o “shutdown”]. El único acuerdo que quieren se fundamenta en cero concesiones de su parte y saben perfectamente que eso no ocurrirá, mucho menos bajo el mando de Trump. Sus verdaderas intenciones se dirigen a causar daño a la economía, a los funcionarios federales, a servicios y programas gubernamentales no esenciales, pero de ayuda a los estadounidenses.
En especial, los demócratas rechazan una vez más la voluntad del pueblo estadounidense que pidió en noviembre por amplia mayoría las medidas que lleva a cabo la administración actual.
Los republicanos acusan a los demócratas de cerrar el gobierno porque quieren el dinero de los contribuyentes para continuar con el despilfarro de ciento de miles de millones de dólares en propósito muy alejados de las necesidades reales de la mayoría de la población estadounidense. Tal vez, su otro interés sea romper el récord de 35 días de cierre en 2018 o al menos acercarse, como hicieron en el primer mandato de Trump.
Para los demócratas, el plan es [entorpecer y frenar el trabajo de Trump], no se trata de la atención médica en EEUU como afirman, esa es sólo una coartada ante la opinión pública.
El ala conservadora ha reiterado que podría llegarse a un pacto en algunos subsidios [si reabre el gobierno], pero la oposición de izquierda busca además controlar las órdenes ejecutivas que restringen y han cancelado fondos para sus intereses partidistas, mientras que Trump también está decidido a utilizar la Ley de Insurrección contra los revoltosos y subversivos que siembran el caos en las calles de ciudades gobernadas por la ultraizquierda.
“Se trata de cumplir la voluntad del pueblo y de sanidad fiscal, no de complacer a la extrema izquierda, reiteró la portavoz Leavitt al ser preguntada en la Casa Blanca si los republicanos cederían ante las presiones de la oposición.
El jefe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, Russel Vought, anunció la suspensión del financiamiento federal para ciudades y estados gobernados por los demócratas como Nueva York y Chicago.
Del ala izquierda, el espíritu de colaboración con los republicanos es nulo en estos momentos, en tanto algunos analistas afirman que la economía estadounidense se podría desacelerar hasta un 0,2% por cada semana de cierre que transcurra.
FUENTE: Con información de AFP, The New York Times, Business Insider, informes oficiales.
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