La ruptura de la democracia en Bolivia se produjo con el golpe de estado del 17 de octubre de 2003, iniciando el acelerado proceso de destrucción institucional de la República de Bolivia que llevó a la suplantación de la Constitución y la imposición del “estado plurinacional” como base estructural de la dictadura. A 17 años del golpe de estado que inició la instalación de la dictadura, el pueblo de Bolivia concurre a elecciones sin democracia en las que se disputa el retorno del dictador o el inicio de la transición a la democracia para el retorno a la República.

Quebrada la democracia establecieron la “agenda de octubre” fijando como objetivos la “asamblea constituyente”, la “nacionalización de hidrocarburos”, la “no venta de gas a los Estados Unidos vía Chile”, la “liquidación del neoliberalismo”, el “enjuiciamiento al gobierno derrocado” y así comenzó un nuevo periodo de facto en Bolivia. Se había roto el estado de derecho y se iniciaba la ruptura de la institucionalidad de la República.

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Carlos Mesa firmó los decretos 27234 y 27237 de amnistía, para garantizar la impunidad de los golpistas de octubre de 2003. De esta manera Evo Morales pudo convertirse en acusador, destituyendo los fiscales que rechazaron el juicio. Luego falsificaron la reforma constitucional con la ley 2631 de 20 de febrero de 2004 en la que se introduce fraudulentamente la figura de asamblea constituyente para la reforma total de la constitución que la misma constitución prohíbe. La renuncia de Carlos Mesa con nuevo golpe de estado impidiendo la sucesión constitucional del presidente del Senado Hormando Vaca Diez facilitó unas elecciones a la medida para el año 2005, cuando el mandato constitucional era del 2002 al 2007.

Evo Morales amparado en la amnistía llegó a la Presidencia de la República el 22 de enero de 2006 con mandato de 5 años sin reelección continua y permaneció casi 14 años. Con la falsificación producida en la ley 2631 instaló y manipuló una asamblea constituyente cuya propuesta de constitución desconoció y cambió con otra ley infame, la 3941 de 21 de octubre de 2008 con la que suplantaron la constituyente. De esta manera la constitución del denominado “estado plurinacional” no es la de la asamblea constituyente, es la que necesita la dictadura.

Las elecciones de este 18 de octubre son elecciones en dictadura, se llevan a cabo sin ninguno de los elementos esenciales de la democracia: no hay “estado de derecho” porque rigen constitución y leyes que son resultado de falsificación, usurpación de funciones e imposición violenta para suplantar la Constitución y la República de Bolivia; no hay división ni independencia de poderes porque el legislativo, judicial, fiscalías y gran parte del ejecutivo están en control del régimen dictatorial; no existe libre organización política porque permanece la persecución política y el exilio por los jueces y fiscales de la dictadura que al mismo tiempo garantizan impunidad al dictador prófugo; no hay respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales porque no hay estado de derecho ni independencia de poderes.

Lo más notable y grave es que estas elecciones no son libres ni justas porque no existe “sufragio universal”. El sufragio universal “es por definición sufragio igual en cuanto se trata no solamente de que todos los ciudadanos puedan votar, sino que todos los votos tengan el mismo valor”. La regla es “una persona un voto” y esto no sucede en Bolivia porque la constitución y las leyes de la dictadura han eliminado la igualdad de los ciudadanos con un sistema que con minorías relativas crea mayorías absolutas”, con asignaciones diferenciadas, con 7 diputados designados por sistema fascista corporativista y más.

El interinato de Jeanine Añez no hizo transición a la democracia y queda para la historia como “un gobierno continuista de la dictadura” que ha llevado al país elecciones sin garantías, que son una emboscada para el pueblo. El eje de confrontación en esta elección es la dictadura contra la democracia y la república. Bajo el sistema de la dictadura, en condiciones totalmente adversas, el pueblo boliviano busca un presidente que inicie la transición a la democracia y restituya la república.

Si el candidato de la dictadura Luis Arce toma el poder, habrá garantizado el retorno de Evo Morales con plena impunidad para reiniciar el proyecto castrochavista con la liquidación de la Policía Boliviana y la creación de milicias que reemplacen a las Fuerzas Armadas, como anticipó Evo Morales. Si Carlos Mesa o Luis Fernando Camacho llegan a la Presidencia, el mandato del pueblo es república y democracia.

*Abogado y politólogo. Director del Interamerican Institute for Democracy

www.carlossanchezberzain.com

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