Las dictaduras de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua detentan el poder ejerciendo terrorismo de Estado, que tiene como uno de sus métodos principales la manipulación de procesos judiciales para perseguir, encarcelar y sentenciar a inocentes. Con la judicialización de la represión política criminalizan a los líderes y defensores de derechos humanos e infunden miedo. Esta metodología criminal es operada por fiscales y jueces infames que deben ser identificados, sancionados y procesados internacionalmente.

El ejercicio del poder dictatorial se compone por una larga cadena de crímenes que concentra todo el poder y hace desaparecer el “estado de Derecho”, para sustituirlo por el “estado de dictadura” que construyen haciendo que sus denominados poderes legislativos emitan leyes violatorias de los derechos humanos, establezcan códigos y procedimientos de investigación y procesamiento judicial, penas y sanciones gravísimas, que dan arbitrio e impunidad a sus fiscales y jueces, todos bajo cobertura de un sistema controlado de información.

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Los textos constitucionales de las dictaduras de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua han sido creados o modificados violando derechos humanos, tales como la irretroactividad de la ley, la presunción de inocencia, la igualdad jurídica, la imparcialidad de los jueces, el debido proceso legal, la libre expresión, la propiedad privada y mas. Las denominadas constituciones y leyes de los regímenes del socialismo del siglo XXI son prueba de violación de derechos humanos.

El ordenamiento jurídico que han creado las dictaduras del castrochavismo en el siglo XXI para Venezuela, Bolivia y Nicaragua es imposición, copia y perfeccionamiento del sistema que oprime al pueblo cubano desde hace 63 años. Es la tragicomedia de vestir de legalidad la comisión de delitos de acusación y denuncia falsa, falsificaciones de pruebas, supresión de derechos, violación de derechos humanos, torturas, concusión, extorsiones, prevaricación, secuestros, encarcelamientos, persecuciones y más. De esto se trata el “estado de dictadura” que es la institucionalización del crimen organizado al servicio del terrorismo de Estado.

Desde los fusilamientos que la dictadura de Cuba realizó a partir de 1959 hasta los juicios con penas abominables contra los manifestantes del 11 de julio de 2021 y siguientes, la denominada justicia cubana solo ha violado los derechos humanos y cometido crímenes de lesa humanidad con la vergonzosa máscara de autodenominarse justicia. Este exacto método de terrorismo de Estado se repite por los regímenes de Venezuela, Bolivia y Nicaragua como lo certifican las listas de presos políticos, torturados, asesinados en prisión y exiliados.

Este tenebroso sistema logra efecto internacional porque las acusaciones, fallos y sentencias de los regímenes de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua se remiten a otros países como actuados de derecho de esos estados y dan lugar a la internacionalización de la persecución política y la operación del “asesinato de la reputación” de las victimas de las dictaduras. De esta forma las dictaduras atribuyen sus crímenes sus víctimas y construyen narrativas falsificadas, que cuanto menos terminan por poner en cuestión a los verdaderos defensores de la libertad.

Este método funciona con la participación de investigadores, fiscales, procuradores, jueces, magistrados de tribunales de apelación, integrantes de las denominadas cortes supremas de justicia y tribunales de control constitucional. Se trata de individuos de existencia real, en su mayoría abogados o licenciados en derecho, individuos con formación académica en Derecho cuya base es el conocimiento y estudio de los derechos humanos, el concepto de justicia y la noción de estado de derecho.

Los funcionarios de la represión de las dictaduras -mal llamados sistemas de justicia- en lugar de ser garantes de la libertad y los derechos fundamentales en Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, son “verdugos”, violadores conscientes y reincidentes de los derechos humanos que han convertido los juicios en linchamientos, pero no son anónimos, firman sus atrocidades y además ostentan beneficios públicos en las dictaduras. Son “fiscales y jueces infames” porque “carecen de honra, proceden con maldad y vileza”.

Para defender del linchamiento judicial a las víctimas de casos como los que están sucediendo ahora mismo en Cuba contra los manifestantes del 11-J, o los presos y perseguidos políticos de Venezuela, Bolivia y Nicaragua, hay que identificar y publicar los nombres de los fiscales y jueces infames, documentar cada uno de los casos en que violan los derechos humanos y procesarlos internacionalmente porque sus acciones y omisiones son “crímenes de lesa humanidad” integrados en el “terrorismo de Estado” de las dictaduras.

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