La región se enfrenta a dilemas morales que los líderes latinoamericanos han postergado reiteradamente en lugar de resolverlos y cuestionarlos a fondo. Las dificultades derivadas de este aplazamiento de soluciones siguen obstaculizando el desarrollo de los sistemas políticos. Estos dilemas, sumados a malas prácticas, dejan sin debate ni resolución los problemas reales de la región. Nuestra región alberga variables «asistémicas», factores que, si bien no son nuevos, resultan llamativos dada la tendencia de América Latina a repetir malas prácticas, aplicar fórmulas erróneas y tropezar con los mismos obstáculos, una constante casi permanente en su panorama político. En algunos casos prevalece el dogmatismo; en otros, la incompetencia; y en otros más, se imponen ciertos intereses, a veces mezquinos y otras veces mediocres.
Existen evidentes dificultades conceptuales para comprender la naturaleza de los sistemas democráticos de la región, lo que hace que las malas prácticas se conviertan en la norma y no en la excepción. A falta de herramientas para la construcción política fundamentadas en una visión ética, se repiten condiciones defectuosas (y los procesos que las perpetúan), haciendo imposible alcanzar resultados exitosos.
Actualmente somos testigos de casos que deberían captar la atención pública y suscitar una respuesta adecuada, mediante ajustes y adaptaciones, para remediar la situación. Nos enfrentamos a un problema en democracias que han sido vaciadas de su esencia democrática. Ciertos casos resultan especialmente preocupantes porque estas democracias —que habían logrado reconstruir instituciones, garantizar la libertad de expresión y celebrar elecciones sin temor a que se cuestionaran los resultados— se han transformado en procesos de cooptación de naturaleza autoritaria del poder. Esto incluye la cooptación de la Sala Constitucional y de la autoridad electoral, las restricciones a la libertad de expresión, el uso de las fuerzas de seguridad como instrumento de represión, la criminalización de la oposición y la persecución judicial de quienes se atreven a disentir.
Estas democracias —despojadas de su sustancia democrática y que conservan únicamente un elemento formal: la legitimidad original derivada de la elección presidencial por sufragio universal— plantean un grave problema: aquellos que antes recurrían al voto popular para expresar su descontento, rechazo o incluso oposición a determinadas agendas políticas, ven ahora cómo se desvanece esa capacidad de oposición, junto con la libertad de expresión. En resumen, dicha oposición se vuelve imposible y la perspectiva de justicia se reduce a una mera formalidad dentro del ejercicio continuo del poder por parte del Ejecutivo.
Sin embargo, este es un problema grave, debido principalmente a un cambio regional en los mecanismos de defensa de la democracia y al hecho de que la democracia misma ha dejado de ser un valor sistémico, reduciéndose a una mera categorización de las relaciones bilaterales entre países que erosionan su democracia y la potencia líder de la región. En efecto, se trata a la democracia como algo que se basa en la amistad en lugar de en la separación de poderes, la libertad de expresión, las elecciones libres y justas, el respeto absoluto a los derechos humanos y la independencia judicial: elementos esenciales de nuestras sociedades. Es imperativo remediar esta situación.
Otro dilema moral no resuelto en la región concierne a las relaciones que los países mantienen con las dictaduras del continente. Analizaremos el caso de Venezuela por separado, ya que deseamos entenderlo como un proceso de transición. Las otras dos dictaduras de la región son Cuba y Nicaragua. La característica definitoria de la estupidez es la convicción de que uno es mucho más inteligente que los demás y no necesita actuar éticamente. Un régimen dictatorial garantiza que los errores no sean cuestionados ni expuestos, lo que lleva al dictador a creerse infalible —sin duda gracias a su intelecto supuestamente superior—. En resumen, el sistema construido sobre la falta de ética política —que alimenta la acumulación cada vez mayor de poder— conduce finalmente al dictador a destruir o arruinar por completo a su propia sociedad. Tales excesos políticos equivalen a intentos de fraude generalizado contra toda la población, demostrando que nada ni nadie importa salvo el poder. Las sociedades crean sistemas donde los mecanismos de pensamiento y expresión social moldean el pensamiento mismo; esto es imposible en una dictadura, donde los individuos son reprimidos por pensar de manera diferente o hacer preguntas, y procesados o encarcelados por expresar libremente sus opiniones. Estas dictaduras —que han generado crisis humanitarias y migratorias, así como violaciones flagrantes de los derechos humanos— persisten únicamente porque muchos líderes latinoamericanos han actuado de una de estas dos formas: reconociendo la necesidad imperativa de desafiar ideológicamente a las dictaduras, o absteniéndose de cuestionarlas fundamentalmente por razones ideológicas. Ninguno de los dos enfoques aborda la cuestión central: la inmoralidad inherente de una dictadura. Esta inmoralidad reside en la indulgencia mostrada por aquellos que condenan los crímenes de lesa humanidad, la persecución política, la represión y la negación del derecho de las personas a elegir su propio futuro, aun ante las crisis más graves.
Esta inmoralidad recurrente se manifiesta de tal manera que, incluso en las situaciones más críticas, la dictadura no es condenada, sino defendida por quienes, en otras circunstancias, la denuncian. Esto supone una radicalización de la inmoralidad, claramente más grave que la igualmente condenable hipocresía de quienes condenan las dictaduras simplemente por oposición ideológica. Es necesario reevaluar moralmente el problema político que plantea una dictadura y las implicaciones éticas de las violaciones de los derechos humanos, de modo que apoyar o defender tales regímenes conlleve un coste moral. Se puede estar equivocado políticamente, pero estar equivocado moralmente es demasiada corrupción.
La situación en Venezuela ha representado también uno de los principales dilemas morales de la región durante más de veinte años. Sin embargo, hoy en día presenta características singulares. Somos testigos de un gobierno ilegítimo que ha sido legitimado por las circunstancias de su relación privilegiada con Estados Unidos. Venezuela ha vuelto a la órbita estadounidense y, de este modo, la cuestión se ha resuelto mediante una responsabilidad individual —o más bien, compartida—. Los desafíos políticos que enfrentan los venezolanos derivan de una innegable falta de democracia y de cómo su interés específico por restaurarla se desarrolla en un contexto de evidente apaciguamiento hacia un sistema donde los intereses económicos y comerciales están en auge, especialmente tras la tragedia del terremoto y la consiguiente necesidad de reconstrucción. El dilema moral se centra claramente en qué intereses prevalecerán al final de este proceso. Los venezolanos son conscientes, por supuesto, de que su única oportunidad de recuperar la democracia reside en Estados Unidos y, más concretamente, en la actual administración. El dilema moral persiste y esperamos un desenlace justo y positivo: uno en el que los aliados de Estados Unidos no se sitúen por encima de la democracia y los derechos humanos, como ocurrió durante la Guerra Fría.
Existen, por supuesto, otros dilemas morales en el hemisferio: problemas recurrentes como la pobreza y la desigualdad en sociedades estratificadas, la persistente oposición a la justicia internacional por crímenes de lesa humanidad y la discriminación contra las mujeres, los pueblos indígenas, las personas afrodescendientes, la comunidad LGBTQ+ y muchos otros grupos. Debemos empezar a abordar todos estos dilemas morales —en los que las implicaciones éticas son fácilmente discernibles—, ya que nuestra posición en el escenario internacional no mejorará a menos que adoptemos una postura moralmente más consistente. Y no cae en cuan horribles son quienes nos juzgan éticamente sino en resolver nuestras necesidades al respecto porque lo que ellos se perdonan al respecto jamás nos lo perdonarán a nosotros.
Luis Almagro
Instituto CASLA
Este artículo fue publicado originalmente en Infobae
