Ante la pandemia del COVID-19, la mayoría de los gobiernos han aplicado normas de excepción con cuarentenas y confinamientos, muchos criticados por su reacción tardía, otros señalados por haberlas aplicado parcialmente, mientras crecen la crisis económica y el descontento social.

En América Latina hay diferencias sustanciales entre los países con democracia y las dictaduras, con hechos que muestran que la pandemia está debilitando gobiernos democráticos y dando oportunidad de permanencia a las dictaduras.

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Muchas de las medidas para evitar la propagación de la enfermedad son disposiciones de excepción que restringen libertades y derechos fundamentales de la persona. Con la intención de proteger los derechos a la vida y a la salud, los gobiernos han dispuesto la limitación o suspensión temporal del derecho la libre circulación afectando la libertad, el derecho al trabajo, el derecho a la educación, la libertad de reunión y en algunos casos hasta el derecho a la alimentación.

En la América Latina con democracia, o que tratan de recuperar esa condición, la mayoría de los países como Perú, Chile, Argentina, Colombia, Ecuador, Bolivia, Panamá, Costa Rica, El salvador, Guatemala y otros han establecido cuarentenas y confinamientos generales con imposición de sanciones y uso de la fuerza para su cumplimiento, lo que ha generado inquietudes por un avance del “autoritarismo con pretexto del coronavirus”.

Otros países, como México y Brasil, cada uno de acuerdo a la posición política de su presidente, han demorado y aplicado parcialmente este tipo de medidas, siendo objeto de grandes críticas.

La América dictatorial castrochavista padecía una grave crisis económica y social previa al coronavirus. Cuba en “nuevo periodo especial”, Venezuela en “crisis humanitaria” y Nicaragua en “crisis general”. Ahora usan la pandemia para asegurar sus regímenes con pedidos de cese de sanciones internacionales y aplican mayor opresión interna con más presos políticos y mayor represión. Conspiran contra las democracias de la región en la continuidad de su plan del foro de Sao Paolo y lucran con la cooperación internacional y la trata de personas con “médicos esclavos” de Cuba.

Una diferencia central entre los países con democracia y las dictaduras es la “libertad de prensa”. Los regímenes de Cuba, Venezuela y Nicaragua controlan, manipulan y falsifican la información como parte de su metodología, presentan datos no creíbles de bajos contagios y fallecimientos o exitosas curaciones pese a las malas o inexistentes condiciones de sus sistemas de salud, el mal estado de alimentación, pésimas condiciones sanitarias y las pocas o ninguna medida de atenuación o tratamiento.

En democracia, todas las acciones deben estar enmarcadas en la ley, existe división e independencia de poderes y los gobernantes terminarán rindiendo cuentas incluso por los “procedimientos de excepción”. El liderazgo en democracia depende del sentir de los ciudadanos, cuya aceptación o rechazo influye para sostenerse en el gobierno y es vital para elecciones. Casos de corrupción ya son públicos y han producido crisis y renuncias de ministros y altos funcionarios. Hay crecientes dudas sobre la transparencia en el manejo de recursos en diversos países.

En un contexto de incertidumbre y miedo en el que el mundo aprende a lidiar con la pandemia, es urgente el equilibrio entre la política, la salud y la economía, pero la baja en la aceptación y popularidad de los gobernantes democráticos que se presenta como una constante inevitable no ayuda. Con descontento social creciente y crisis económicas aceleradas, se han creado en América Latina escenarios propicio para la conspiración castrochavista que busca desestabilizar y si es posible derrocar gobiernos, en sus objetivos ya operativos y confesos desde al año pasado en Brasil, Colombia, Ecuador, Chile, Bolivia y más.

La pandemia del COVID-19 tiene a los ciudadanos como sujetos pasivos de los necesarios avances de la ciencia, mientas se experimentan tratamientos, medicinas y se busca la vacuna. En el tema político, las cuarentenas y confinamientos son solo parte de otro proceso de experimentación cuyos resultados -positivos o negativos- se determinarán cuando pase la pandemia. Hay gobiernos democráticos que están flexibilizando como Uruguay y Costa Rica, pero otros que persisten en la rigidez.

El especialista en infecciones sueco Johan Giesecke afirma que “no hay evidencia científica para la mayoría de las restricciones que están tomando los países” y advierte un grave resultado: “…la enfermedad y las muertes son un gran riesgo, pero las consecuencias políticas creo que son peores”.

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