Una semana después de lo previsto, el Congreso estatal de la Florida aprobó el esperado presupuesto de 82.400 millones de dólares que no sólo niega al gobernador Rick Scott algunas de sus solicitudes, sino que entorpece el desarrollo de la educación pública con un inaudito recorte que pone en riesgo el futuro de estudiantes que necesitan más atención.
Según informan medios acreditados en Tallahassee, donde radica el Capitolio estatal, los legisladores claves de ambas cámaras discutieron a puertas cerradas muchos renglones del presupuesto, incluyendo el sensible apartado de la educación.
Tan tarde como el viernes pasado, a sólo unas horas de la votación final, la propuesta de 419 millones de dólares para la educación fue presentada.
La ley aprobada por el Senado, con el estrecho margen de 20 votos a favor y 18 en contra, provee 234 millones para realizar pagos extras a profesores y directores de escuelas destacados, pero limita a 140 millones la subvención del programa Schools of Hope, que ayuda en gran medida a colegios con problemas de aprendizaje a través de incentivos en las nuevas escuelas semiautónomas, tipo charter.
En otras palabras, disminuyen los recursos para atraer la atención de las escuelas charter schools, que son administradas por el sector privado con fondos públicos, a sectores de la ciudad donde se perciben colegios con un menor rendimiento académico.
Y esta situación no sólo afecta a los incentivos sino a otros proyectos escolares, ya que obliga a la autoridad escolar a compartir con los charter schools millones de dólares que recibe de los contribuyentes por el pago de impuestos a la propiedad.
De hecho, el presupuesto aprobado por el Congreso estatal podría ser vetado por el Gobernador esta semana y no precisamente porque afecte a la educación pública, sino porque no contempla algunas de las principales peticiones de Scott para incentivar la creación de empleos, promover el turismo y acelerar las obras de reconstrucción del dique que circunda al Lago Okeechobee.
Por ello, ahora está en manos del gobernador la decisión final de exigir a los legisladores que compongan el presupuesto que debieron haber redactado y aprobado hace una semana, de acuerdo con las necesidades de la educación pública, como bastión irrefutable del futuro de nuestra sociedad.
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