Rehenes, no presos: la liberación como obligación, no como justicia

Para entonces, el método de persecución dentro del proyecto político que encabezaba Hugo Chávez ya comenzaba a delinearse con claridad, mientras crecía la influencia castrocubana sobre estructuras fundamentales del Estado venezolano. No era todavía 2010 y ya habían caído quienes se habían atrevido a confrontar al poder.

Después de los acontecimientos políticos de 2002 y 2003 fueron detenidos comisarios y funcionarios de la Policía Metropolitana. Iván Simonovis, Lázaro Forero, Henry Vivas y otros policías permanecerían durante años privados de libertad. Dirigentes políticos, trabajadores, empresarios y militares comenzaron igualmente a ser objeto de acusaciones, procesos judiciales y persecuciones.

En el ámbito militar, profesionales que manifestaron su oposición a la utilización política de la Fuerza Armada o al proyecto ideológico que se imponía dentro de ella fueron señalados de conspiración. El general Raúl Isaías Baduel, después de haber desempeñado un papel determinante dentro del propio gobierno, pasó tras su retiro a convertirse en abierto opositor al proyecto de Hugo Chávez y terminó encarcelado. El general Ángel Vivas también sería perseguido después de rechazar la consigna partidista “Patria, Socialismo o Muerte” dentro de la institución militar.

El caso de la jueza María Lourdes Afiuni mostraría después hasta dónde podía llegar la reacción del poder con absoluta vileza moral frente a una decisión judicial contraria a sus intereses.

Antes, el asesinato del fiscal Danilo Anderson, en noviembre de 2004, había abierto otro capítulo especialmente grave. Juan Bautista Guevara y posteriormente los hermanos Rolando y Otoniel Guevara fueron detenidos y acusados dentro de aquella investigación. Durante años sus casos estuvieron acompañados de denuncias sobre torturas, irregularidades procesales y violaciones de derechos humanos.

Dentro de aquella misma investigación fue señalado también el empresario Nelson Mezerhane. En 2005 se dictó una orden de aprehensión en su contra y permaneció privado de libertad durante 45 días. Aunque posteriormente se produjo el archivo fiscal, la causa no obtuvo un cierre definitivo. Años después volvería a ser objeto de actuaciones del Estado, investigaciones y señalamientos públicos que terminarían formando parte de su denuncia internacional.

No todos aquellos casos fueron iguales ni corresponde presentarlos como si respondieran a circunstancias idénticas. Pero vistos en conjunto, y desde la perspectiva que ofrecen más de dos décadas de historia, comenzaban a revelar algo preocupante; el empleo creciente de los organismos de seguridad, los procesos penales y la estructura judicial contra ciudadanos considerados adversarios, incómodos o contrarios al proyecto político dominante.

Cuando llegamos a 2010, aquello no era ya un fenómeno desconocido. Lo había visto avanzar. Había otro hecho que se gestaba durante el segundo mandato de Hugo Chávez, la presencia militar extranjera dentro de las Fuerzas Armadas venezolanas. A pesar de todo lo anterior, asumí el riesgo de denunciar internamente lo que consideraba una arbitrariedad incompatible con la Constitución y con la soberanía nacional.

Al no encontrar respuesta a mi reclamo y evaluar la magnitud de aquello que se proyectaba sobre la institución, decidí solicitar mi baja. Una vez retirado, denuncié pública y judicialmente esa realidad y me incorporé plenamente, como ciudadano, a la disidencia política que ya venía siendo castigada. Entonces comenzó la persecución sobre mí. Me abrieron un juicio militar.

No estuve tras las rejas en aquel momento, pero fui sometido a medidas cautelares, restricciones y señalamientos públicos desde las más altas instancias del poder. Fui detenido por primera vez en el espíritu, aunque todavía no en el cuerpo.

Sin embargo, continué denunciando y pronunciándome contra la presencia militar cubana y posteriormente sobre la intervención e influencia de otros actores extranjeros (rusos, chinos e iraníes) en Venezuela. Era la época de Hugo Chávez y el método ya estaba instalado: quien se oponía al proyecto de poder podía ser marcado, procesado, perseguido o encarcelado.

Ya retirado de la Fuerza Armada entré plenamente a la actividad política, en ejercicio de mis derechos civiles. Aspiré como independiente a la Asamblea Nacional en 2010, ingresé posteriormente a una organización política, participé en su dirección nacional y fui candidato en elecciones primarias para una gobernación.

En abril de 2013, pocos días después de que Nicolás Maduro asumiera el poder tras una elección cuyos resultados cuestioné y denuncié, me detuvieron. Fui acusado de formar parte de una supuesta conspiración internacional denominada “Conexión de Abril”. Acudí a una reunión con el entonces ministro del Interior, general Miguel Rodríguez Torres, compañero de mi promoción militar, convencido de que podía enfrentar personalmente y aclarar aquella acusación. Entré buscando respuestas. Ahora sí fui detenido en cuerpo, pero mi espíritu nunca dejó de concebirse en lucha por la libertad con Venezuela.

Antes de aquello ya había sido herido con perdigones disparados por efectivos de la Guardia Nacional mientras acompañaba a estudiantes y jóvenes en las calles.

Hice huelga de hambre en defensa de mi libertad, no consiguieron convertir la prisión del cuerpo en sometimiento de mi voluntad. Permanecí privado de ella durante más de tres semanas y finalmente fui excarcelado bajo medidas cautelares.

Padecí entonces como militar, como político y como ciudadano y entendí algo que el tiempo solamente ha confirmado; no se trataba simplemente de justicia, se trataba de control desde el poder. Había comprobado personalmente el deterioro de una justicia sometida a condicionamientos políticos, hasta conocer situaciones en las cuales un juez debía consultar antes de adoptar una decisión que jurídicamente le correspondía tomar.

El preso político se transforma así en instrumento de control colectivo. Por eso las liberaciones, cuando ocurren, deben observarse con mucho mayor detenimiento. Cuando coinciden con momentos de negociación, apaciguamiento o necesidad de reducir la presión nacional e internacional, no pueden ser presentadas automáticamente como actos de justicia.

El origen arbitrario de una detención no desaparece porque posteriormente se abra la puerta de la cárcel. Liberar a quien nunca debió estar preso no es una concesión. Es una obligación. Y, además, excarcelación no siempre significa libertad. Muchos procesos judiciales permanecen abiertos. Persisten medidas cautelares, obligaciones de presentación ante tribunales, prohibiciones de salida del país, restricciones y mecanismos de vigilancia. La persona sale de prisión, pero el poder conserva sobre ella una amenaza.

Existe además otro elemento que las cifras conocidas no siempre logran reflejar. Muchos detenidos tardan en aparecer en las listas. Familias enteras callan por miedo. Temen por la vida del detenido, pero también porque la persecución o la desaparición puedan extenderse a otros miembros del núcleo familiar. No denuncian inmediatamente o no hacen pública la detención. Y ese silencio forzado también forma parte del mecanismo de control. Por eso las estadísticas, aun siendo indispensables, no cuentan toda la historia.

A finales de julio de 2026, Foro Penal registraba centenares de presos políticos en Venezuela, incluyendo una proporción considerable de militares. La organización contabilizaba además miles de detenciones con fines políticos desde 2014 y miles de ciudadanos que continuaban sometidos a distintas medidas restrictivas de su libertad. No estamos hablando, por tanto, solamente de quienes permanecen detrás de los barrotes, estamos hablando de un sistema mucho más amplio de persecución y control.

Y llegamos así a estos días de agosto de 2026

El gobierno provisional encabezado por Delcy Rodríguez, continuidad institucional del mismo sistema político, anunció el 14 de agosto el otorgamiento de 131 medidas alternativas de restricción de libertad, presentándolas dentro de su denominado programa de Paz y Convivencia Democrática. La diferencia entre las palabras importa. No habló de absoluciones, no habló de anulación de procesos, no habló de reconocimiento de detenciones arbitrarias. Habló de medidas alternativas.

Mientras el gobierno anunciaba 131 casos, las organizaciones independientes comenzaron a verificar, nombre por nombre, quiénes efectivamente habían salido de prisión y en qué condiciones. Para el 16 de agosto, Foro Penal había confirmado 78 excarcelaciones. Cada una de ellas constituye una alegría inmensa para una familia. Pero esa alegría humana no puede confundirse con justicia política. Tampoco puede permitirse que una cifra anunciada sustituya la pregunta fundamental:

¿Cuántos continúan presos y cuántos de quienes salieron son verdaderamente libres?

Las excarcelaciones se producen además dentro de un nuevo escenario político en el cual Estados Unidos desempeña un papel determinante en las negociaciones y en el proceso venezolano. Esa realidad puede contribuir a liberar personas y toda acción efectiva dirigida a conseguirlo debe ser valorada. Pero también obliga a establecer una diferencia fundamental entre negociación política y justicia.

Un preso político no puede continuar siendo una ficha de intercambio, independientemente de quién se encuentre ahora sentado a la mesa de negociación. Si su detención fue arbitraria, su libertad no debería depender del valor político que represente y debe ser libre porque nunca debió ser encarcelado.

Mucho menos podemos olvidar a quienes murieron bajo custodia del Estado. El caso del Capitán Rafael Acosta Arévalo murió después de aparecer ante un tribunal militar en condiciones físicas que generaron graves denuncias de tortura. Fernando Albán murió mientras permanecía bajo custodia del SEBIN. El general Raúl Isaías Baduel murió en prisión y existen otros tantos nombres, otras familias y otras historias.

Organismos internacionales han documentado durante años detenciones arbitrarias, torturas y otros tratos crueles contra opositores reales o percibidos como tales, incluyendo miembros de la Fuerza Armada. No se trata entonces solamente de abrir cárceles. Hay responsabilidades que establecer.

Desde Chávez, pasando por Maduro y llegando hasta la estructura de poder que hoy encabeza por la provisional Delcy Rodríguez, el mecanismo de persecución política no puede considerarse desmontado mientras continúen existiendo personas privadas de libertad por razones políticas, procesos judiciales utilizados como amenaza y ciudadanos sometidos a restricciones arbitrarias. Liberarlos selectivamente cuando aumenta la presión no es reconciliación. Es, en el mejor de los casos, la reducción parcial de una injusticia que nunca debió producirse.

Es desde esa experiencia, y después de observar durante más de dos décadas la evolución del mismo mecanismo, sostengo hoy algo que considero necesario reiterar, los llamados presos políticos en Venezuela no son presos en el sentido ordinario del término. Son rehenes.

Su valor para el poder no reside necesariamente en una culpabilidad jurídica real, muchas veces construida mediante acusaciones desproporcionadas o políticamente orientadas, sino en la utilidad que representa mantenerlos privados de libertad. Sirven como moneda de cambio.

Lo hemos visto cuando ciudadanos venezolanos o extranjeros detenidos han terminado formando parte directa o indirecta de negociaciones con Estados Unidos y otros gobiernos. Sirven también como mecanismo de intimidación hacia adentro. Y esto resulta particularmente importante dentro de la Fuerza Armada.

Mantener encarcelados durante años a oficiales como el general Héctor Hernández Da Costa, Gral. Miguel Sisco Mora, el coronel Oswaldo García Palomo, Coronel Zambrano H., el Tcnel Igbert Marín Chaparro o el Cap. Caguaripano, trasciende la situación individual de cada uno. Representa también un mensaje dirigido hacia el resto de la institución militar, esto puede ocurrirle a quien sea considerado contrario o desleal al poder establecido.

La libertad de quien nunca debió estar preso no es un favor que se concede. Es una deuda que se paga. La verdadera justicia no comienza cuando finalmente se abre la puerta de una cárcel. Comienza cuando se reconoce que esa puerta nunca debió cerrarse arbitrariamente, cuando se investigan las torturas, cuando se esclarecen las desapariciones y las muertes. Cuando quienes utilizaron el poder judicial y los organismos de seguridad para perseguir responden por sus actos, cuando las víctimas recuperan plenamente sus derechos y cuando se deja definitivamente de utilizar a seres humanos como piezas de negociación política.

Hasta que eso ocurra, cada excarcelación será una buena noticia para una familia, pero también el recordatorio de una obligación que durante años el poder ha venido evadiendo, porque detrás de cada preso político existe una familia sometida al miedo. Detrás de cada familia existe una sociedad que recibe el mensaje y detrás de ese mensaje existe el verdadero propósito del mecanismo, controlar a muchos encarcelando a unos pocos.

Por eso sostengo que son rehenes, no simplemente presos y existe todavía un rehén mayor: Venezuela.

Una nación que durante demasiado tiempo ha permanecido condicionada por un sistema que convirtió el miedo, la persecución y la subordinación institucional en herramientas para conservar el poder. Liberar a todos los presos políticos es una obligación inmediata. Liberarlos plenamente, cerrar los procesos arbitrarios, restituir sus derechos y establecer responsabilidades constituye el comienzo de la justicia.

Pero liberar definitivamente a Venezuela de la estructura política e institucional que produjo esos presos será la verdadera medida de una transición democrática.

Sin libertad no habrá justicia plena. Y sin justicia, independencia institucional y Estado de Derecho, tampoco habrá una verdadera democracia.

Gral. Brig. Ing. Antonio Rivero G.

M.Sc. (Estrategia)

Analista Político-Militar

X: @antonioriverog