Una megabanda llamada FANB

Es imposible que González López ignore cómo la Fuerza Armada venezolana y en general los organismos de seguridad y represión, en contubernio con funcionarios regionales, atracan constantemente a la población local y extranjera bajo diferentes sistemas de coacción.

Locales pequeños, medianos, grandes, comercios de todo tipo, consultorios, apartamentos, haciendas, software, animales, cualquier variedad imaginable de bienes muebles desde tractores y helicópteros y coches de último modelo hasta bicicletas, obras de arte, joyas, ropa, calzado, carteras, todos son bienes asaltados.

Hasta hoy Diosdado no se ha topado con una autoridad militar que le haga peso. Sintiéndose incorporado a la élite de Miraflores, ha asumido la dirección del aparato represivo que además de utilizarlo para aplastar a los ciudadanos, lo ha convertido en un productivo negocio.

En este momento para las supuestas autoridades en materia judicial, policial, militar, no hay ley que respetar. Cualquier ciudadano es víctima posible de extorsión. Los procesos activados ante los tribunales tienen en la mayoría de los casos la intención de apropiarse de negocios o residencias y de garantizar dinero en efectivo.

Las fuentes expertas indican que, para los grandes eventos, es Diosdado Cabello el artífice de la selección de los objetivos junto a su lugar teniente para la ejecución, el defenestrado de la jefatura de la DGCIM, el torturador Alexander Granko Arteaga.

La situación es aún más grave porque algunas viviendas asaltadas, de las que se han apropiado ilegalmente, las han convertido en centros de tortura, como la que ahora es oficialmente sede central del GOES, el Grupo de Operaciones Especiales, de la Policía Nacional Bolivariana.

Otro organismo dirigido por Cabello también tiene centros de torturas operativos en casas robadas. Se trata, del EMI, el Estado Mayor de Inteligencia, (que coordina organismos civiles y militares) que trabaja junto a unidades como el Comando Nacional Antidrogas. Ese ente tiene una casa en Las Acacias donde llevan a los considerados presos personales de Diosdado.

Estos delincuentes justifican el asalto atribuyendo al propietario cualquier delito. Es una acción miserable porque a los dueños del bien, asustados, agotados, debilitados por las torturas físicas y psicológicas, les quitan hasta la ropa.

No se detienen ante nada. Y cuentan con la complicidad de la fiscalía, la defensoría pública y muchos jueces.

Los asaltantes se dividen las áreas de control del negocio según el territorio que gobiernan. Por ejemplo, Antonio Álvarez Cisneros, el Potro Álvarez, presidente del Instituto Nacional de Hipódromos, es el dueño absoluto del sector de las apuestas hípicas y de los caballos. Así detuvo a dos informáticos a quienes les quitó un software que ellos habían elaborado para su negocio de apuestas hípicas.

El Potro Álvarez ha extendido su extorsión para apoderarse de caballos y fincas, con gente a su servicio que incluso le reporta ingresos desde Estados Unidos.

Y es que en general, estos bandidos para quitarles dinero a los detenidos refieren sus cuentas personales en bancos de Estados Unidos para recibir depósitos por transferencias o vía Zelle.

Lo de los vehículos es impresionante. Ya no hay preso con carro, incluidos dirigentes políticos. Quien se acerque a la sede del GOES puede apreciar la variedad de coches en cantidades y modelos.

El tema de los negocios es un capítulo doloroso. Empresas familiares por varias generaciones son arrebatadas impunemente, como hicieron al propietario de una textilera a quien se la quitaron para convertirla en la fábrica de uniformes de la DGCIM. Y son tan descarados que la publicitan en Instagram.

A nadie perdonan. Si son jóvenes, la extorsión se inicia desde unos 25 mil dólares. La sede de ese proceso opera en Santa Mónica.

La recomendación para todas las víctimas ante este peligro, demostrado en un reiterado modus operandi, es bloquear la cuenta bancaria inmediatamente después de que alguien es detenido.

A partir de estas acciones, los mandatarios regionales han decidido aceptar mansamente esta situación, aunque en privado confiesan su impotencia. En el interior del país se sienten más indefensos que en Caracas. Negocios familiares de mueblerías o electrodomésticos de hasta 30 años siendo de su propiedad, son frecuentemente saqueados.

Bajo estas circunstancias se trata del poder de este gobierno interino extorsionando a los ciudadanos.