Recientemente, el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua había detenido y expulsado al Dr. Carlos Ponce, director de Freedom House para América Latina. No es una sorpresa que a Ponce, un hombre que recientemente testificó ante el Congreso sobre los ataques a la libertad de prensa en América Latina, se le negara la entrada y fuera expulsado por esbirros del régimen de Ortega. Este régimen ha demostrado intolerancia de valores democráticos y Ponce ha tenido un largo y distinguido récord en Freedom House con los informes de abusos contra los derechos humanos y la democracia en la región.
Tratar a Ponce como un criminal, mientras lo rodeaban con guardias armados, es un intento desesperado de un gobernante despótico en su afán de silenciar a los que llaman la atención a su deplorable récord de abusos a los derechos humanos. Con este nuevo ejemplo de cómo el régimen de Ortega pisotea los derechos humanos, ¿cómo puede la Administración del presidente Barack Obama esperar que el mandatario nicaragüense permita elecciones presidenciales libres y justas este año?
La Administración de Obama debe despertar y no aceptar que Ortega continúe usando estas tácticas en un esfuerzo para reducir su imagen negativa y, en su lugar, condenarlo por lo que realmente es: un régimen que ignora flagrantemente la Constitución nicaragüense, que insensiblemente viola los derechos humanos de los nicaragüenses y no es amigo de Estados Unidos.