CARACAS.- REDACCIÓN WEB DLA
En su informe anual, la asociación civil Espacio Público destaca los pormenores de 350 denuncias que reflejan un total de 579 agresiones repartidas entre censura, agresiones físicas y verbales, intimidación, restricciones e incluso homicidio. El dossier de 16 páginas presenta el registro detallado de una serie de eventos desarrollados el año pasado en distintas ciudades del país suramericano.
La investigación se soporta en diversas informaciones publicadas en la prensa nacional, documentación de esos casos por parte de instituciones gremiales, académicas y de Derechos humanos; así como los testimonios de las víctimas. La asociación civil asegura que estas cifras representan un aumento de 102% en el número de violaciones al derecho de la libre expresión, cuando se comparan con las registras en el 2013.
La mayoría de las denuncias (86 casos o 24,57%) fueron realizadas durante las fuertes protestas estudiantiles que se experimentaron en Venezuela en el mes de febrero de 2014.
(AP)
En un cuadro comparativo que inicia en el año 2002, se puede ver cómo oscila ligeramente el número de denuncias de violaciones a la libertad de expresión año tras año; hasta que se experimenta un importante repunte en 2013 y otro más agudo en 2014. Así vemos: 138 (2002), 110 (2003), 141 (2004), 121 (2005), 106 (2006), 126 (2007), 120 (2008), 246 (2009), 159 (2010), 139 (2011), 169 (2012), 220 (2013) y 350 (2014).
Es importante destacar que el 5 de marzo de 2013 el actual mandatario nacional, Nicolás Maduro, asume el cargo de presidente Encargado tras el anuncio de la muerte de Hugo Chávez.
Según Espacio Público, las cifras superan lo visto en Venezuela en los últimos 20 años y por eso afirman que “el 2014 fue cuantitativamente el peor año para las garantías al derecho humano a la libertad de expresión”.
Víctimas y responsables
La asociación civil registra un total de 361 víctimas y asegura que no todas fueron profesionales del periodismo o los medios de comunicación, sino que en ese grupo también hay ciudadanos comunes que informaban los acontecimientos registrados durante las manifestaciones a través de las redes sociales, defensores de derechos humanos, activistas políticos, actores y hasta escritores. Según sus registros, en el 66,2% de los casos las víctimas fueron hombres y 33,8% mujeres.
Por otra parte, Espacio Público identifica como responsables de estas violaciones a diversas figuras gubernamentales, entre ellos funcionarios de instituciones públicas, representantes del Poder Legislativo, directivos de medios de comunicación del Estado, colectivos y grupos armados simpatizantes del oficialismo y hasta el mismo Presidente de la República. Pero, según el informe de Espacio Público, “los cuerpos de seguridad encabezan las violaciones a la libertad de expresión (28,57%), principalmente en las situaciones de agresiones e intimidación contra periodistas y personas informando en manifestaciones”.
Los casos
El informe clasifica los casos de violaciones a libertad de expresión en Venezuela en nueve tipos:
Censura: 145 denuncias
Agresión: 93 denuncias
Intimidación: 88 casos
Amenaza: con 86
Hostigamiento Verbal: 71 registros
Hostigamiento Judicial: 39
Ataques: 30 denuncias
Restricciones administrativas: 26
En el informe, agregan un caso de homicidio, el del ciudadano José Alejandro Márquez - ingeniero de profesión – quien se dedicaba a informar a través de las redes sociales los diversos acontecimientos en el marco de las fuertes protestas estudiantiles de febrero. Espacio Público narra cómo el 19 de febrero, durante una manifestación en la parroquia capitalina La Candelaria, un funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana lo detiene para decomisarle su teléfono celular.
Máquez decide escapar del efectivo militar quien opta por dispararle; y aunque logra evadir las balas esta persona cae en la acera. En ese momento, un grupo de Guardias Nacionales le propina una paliza que lo hace terminar en el Hospital Vargas. Una vez allí, según denuncian los familiares de Márquez, funcionarios de ese cuerpo de seguridad se presentan y lo golpean con las culatas de sus armas dentro del área de Rayos X. El ingeniero de 43 años queda con muerte cerebral y fallece posteriormente, el 23 de febrero en un centro de salud privado.
En relación a los casos de censura -que incrementaron 88% en relación a 2013- Espacio Público destaca que la reducción del espacio redaccional fue la principal denuncia hecha por los periodistas. Así, se opacó la información emanada por diversos líderes políticos, se evidenciaron importantes modificaciones a los títulos y notas; y hasta “se registraron casos de censura asociados a limitaciones en el acceso a la información de redes sociales, salida del aire de canales de televisión sin trámites legales, decisiones rápidas y deliberadas sin procedimiento alguno”, como ocurrión con la salida al aire del canal internacional NTN24 de las cableras venezolanas DirecTV y Movistar TV.
En torno a las denuncias de Intimidación, el suceso más destacado es el de la fotógrafa italiana Francesca Commisari, detenida durante una protesta en la zona caraqueña de Altamira junto a manifestantes el 28 de febrero 2014.
Otros acontecimientos
Fuera del contexto de las protestas de febrero de 2014, la asociación civil destaca las denuncias de amenaza recibidas por los comunicadores Abraham Palencia del diario La Prensa, Edixon Durán del diario El Impulso, y un camarógrafo de la televisora Promar de nombre Tomás, quienes se encontraban realizando la cobertura de una protesta de presos en el Centro Penitenciario de Centroccidente David Viloria, mejor conocido como la Cárcel de Uribana, ubicada en la ciudad de Barquisimeto, estado Lara.
Según el informe, el 24 de noviembre pasado tres funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), robaron y amenazaron de muerte a estos trabajadores de la prensa para obligarlos a destruir el material informativo recopilado sobre este motín carcelario.
