WASHINGTON. - EFE 

 El secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos de Venezuela, Larry Devoe, afirmó que la Ley de Amnistía aprobada por la mayoría opositora en el Parlamento es "una grave amenaza a los derechos humanos" en una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Devoe se refirió a la Ley de Amnistía aprobada la semana pasada por el Parlamento venezolano, a la que el Gobierno de Nicolás Maduro se opone de manera rotunda, como "una grave amenaza a los derechos humanos que se gesta desde un poder del Estado".

En su opinión, la ley pretende dar "impunidad a una amplia gama de delitos" cometidos desde 1999 hasta su eventual entrada en vigor, e incluye "hechos tan graves" como el uso de niños y adolescentes en la comisión de delitos, el tráfico de drogas, el terrorismo y la corrupción.

"Dentro de ese amplio catálogo de delitos quedan comprendidos hechos que son infracciones del derecho internacional", sostuvo.

Devoe denunció asimismo que la oposición ha aprobado esa ley por su propio interés, para que se libere a los opositores presos, y consideró que "quienes aprueban una ley de amnistía no pueden ser sus beneficiarios".

Venezuela solicitó esta audiencia ante la CIDH para defender su Plan Nacional de Derechos Humanos 2016-2019, pero su "delegación de alto nivel" no pudo ingresar en Estados Unidos al no recibir las visas a tiempo.

Devoe, que sí pudo viajar al haber solicitado su visa con más antelación, esgrimió que hechos como este demuestran que es necesario el traslado de la Comisión a un país "accesible para todos los Estados" miembros, una reivindicación de años impulsada por Ecuador y apoyada por el bloque de la Alianza Bolivariana (ALBA).

Estos países insisten en que la sede de la CIDH no puede estar en un país, Estados Unidos, que no ha suscrito su principal instrumento jurídico, la Convención Americana de Derechos Humanos.

Devoe estuvo acompañado por el embajador de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Bernardo Álvarez, quien aprovechó el foro para criticar una vez más que el secretario general del ente, Luis Almagro, pecara de "imprudencia y falta de diplomacia" al denunciar falta de garantías en las elecciones parlamentarias del pasado 6 de diciembre.

Las organizaciones de la sociedad civil presentes en la audiencia pidieron a la CIDH un pronunciamiento sobre las críticas e incumplimientos de Venezuela respecto al Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Además, el Observatorio Venezolano de la Conflictividad Social subrayó que en los últimos cinco años ha habido más de 30.000 protestas, el 98% de ellas pacíficas, y más del 80% han tenido por objeto la exigencia de derechos económicos, sociales y culturales.

La CIDH, que solo tuvo cinco minutos para dar su opinión, reiteró su deseo de poder hacer una visita al país, algo que no ha podido hacer desde que en 2013 publicó un informe muy crítico sobre derechos humanos.

El nuevo relator para Venezuela, Francisco Eguiguren, ofreció la Comisión como un espacio de diálogo y subrayó que llega al cargo con una postura abierta de diálogo y neutralidad.

"Sabemos que se vive una situación bastante delicada de crisis social y de polarización aguda en la sociedad venezolana, y el mejor servicio que podemos dar para los derechos humanos y la democracia es contribuir con un espacio de diálogo que evite una mayor agudización del problema", sostuvo el comisionado.

"Espero ver a Venezuela plenamente dentro del Sistema de Derechos Humanos y que se pueda visitar el país", agregó.

Venezuela denunció la Convención Americana de Derechos Humanos en 2012, de manera que las violaciones de derechos humanos que pudieran ocurrir en Venezuela después del 10 de septiembre de 2013 -cuando entró en vigor la denuncia- no podrán ser vistas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).

La CIDH, órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA) y con sede en Washington, celebra esta semana 50 audiencias de 20 países del continente, entre ellas cuatro de Venezuela, para analizar la situación de los derechos humanos en el marco de su 157 periodo de sesiones. 

 

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