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MIAMI.– El presidente Donald Trump ha firmado este miércoles dos órdenes ejecutivas que radicalizan la política migratoria de Estados Unidos y entre ellas se encuentra el cumplimiento de su promesa electoral emblemática, la construcción del muro en la frontera sur con México.
El anuncio ha ocurrido a una semana de la visita a Washington del mandatario mexicano, Enrique Peña Nieto, y durante una visita a la ciudad del canciller mexicano, Luis Videgaray, y el ministro de Economía, Ildefonso Guajardo. Tal como el mandatario azteca, ninguno de los dos comentó el anuncio de Trump.
“El secretario de Seguridad Territorial, John Kelly, yo y mi equipo, comenzaremos a trabajar de inmediato en la construcción del gran muro en la frontera sur. (…) México pagará 100% de sus costos”, ha dicho el mandatario estadounidense, durante una visita a la sede de la secretaría.
Sin embargo, Trump no ha aclarado de dónde sacará los fondos para la construcción del muro, algo que depende del Congreso y no se encuentra previsto en el presupuesto actual. México ha dicho que no pagará por ello y no hay ninguna ley internacional que lo obligue a hacerlo.
En el Congreso no existe una opinión unánime sobre el tema. La diferencia de cuatro votos en el Senado, a favor de los republicanos, no es una garantía de victoria para los planes de Trump.
De hecho, en un comunicado escrito con un lenguaje muy comedido, Paul Ryan, el líder de la Cámara de Representantes saluda las intenciones de Trump pero no se compromete mucho. “Esto es sobre mantener los estadounidenses en seguridad. Estamos dedicados a trabajar con la administración para detener el ingreso de la inmigración ilegal a lo largo de la frontera sur, proteger nuestra patria y cumplir con la ley. Aplaudo que el presidente Trump haya cumplido su promesa de hacer de esto una prioridad nacional” escribió sin comprometerse ni mencionar la cuestión de los fondos necesarios.
Tampoco está claro el alcance jurídico de la orden ejecutiva que también prevé la contratación de 10.000 nuevos funcionarios de inmigración, lo cual contradice otra orden ejecutiva, firmada el lunes, que congela las nuevas contrataciones en el ámbito federal, excepto para las fuerzas armadas.
Es por ello que el expresidente mexicano Vicente Fox ha recordado a la cadena Univision, tras enterarse del gesto del presidente estadounidense, que “una orden ejecutiva sólo sirve para darle instrucciones a su equipo de trabajo, nada más. Porque para conseguir los fondos tiene que depender del Congreso. Así de simple”.
Para el exmandatario mexicano la orden ejecutiva, además, “no tiene ningún valor a no ser para su ego y soberbia, un hombre que siempre quiere estar en los medios de comunicación”.
El texto de la orden ejecutiva deja claro la filosofía que la ampara. “La seguridad fronteriza es de importancia crítica para la seguridad nacional de Estados Unidos. Los extranjeros que ingresan ilegalmente a Estados Unidos sin ser interrogados o admitidos, representan una amenaza significativa a la seguridad nacional y del público”.
Y la forma de aplicar esta filosofía es “a través de la construcción inmediata de un muro físico en la frontera sur”. La orden también instruye a las autoridades del departamento de Seguridad Territorial (DHS, por sus siglas en inglés) a utilizar todos los fondos disponibles, “en el marco de la ley”, para comenzar a diseñar y construir el muro. Según varios estudios realizados por entidades privadas, la construcción del muro pudiera alcanzar los 20.000 millones de dólares, una cifra que impide a Trump soslayar al Congreso.
Durante la campaña presidencial, Trump dijo que los mexicanos iban a pagar por la construcción del muro. Pero tras la elección, cambió de postura y ha dicho que irá primero a buscar dinero de los contribuyentes y que después los mexicanos lo reembolsaran. “Es una estupidez de un megalómano decir que México va a pagar por ese 'chingado' muro. El cree, tontamente, que México lo pagará. Lo único que le queda es el robo, cobrar ‘a lo chino’, robar las transferencias de nuestros paisanos, un dinero legítimo que es enviado por gente que ya es ciudadana, que está trabajando legalmente. Sería un robo”, precisó Fox.
Se calcula que los ciudadanos de origen mexicano envían a su país natal unos 25.000 millones de dólares anuales. En determinado momento de la campaña, Trump adelantó la posibilidad de confiscar las remesas.
Las dos órdenes ejecutivas, que se complementan, abordan otros dos aspectos controversiales, la deportación de criminales y acabar con las “ciudades santuario” de indocumentados. En relación al primero, la orden considera un indocumentado un ser humano sin derechos que puede ser deportado tanto tras ser condenado por un delito de mayor cuantía, como por ser sospechoso de haberlo cometido y sin necesidad de pasar ante un juez federal o de inmigración o esperar una sentencia.
“Eso sí es ilegal. Este es un país de leyes y todo el mundo tiene el derecho de ser escuchado. Dudo mucho que el Congreso secunde esto y vamos a ver muchas demandas relacionados con esto, incluso jueces sencillamente diciendo que la Casa Blanca no tiene autoridad sobre el sistema judicial”, ha estimado la abogada de inmigración, Lourdes de los Santos.
Es por ello que tiene una sugerencia hacia todos los que se encuentran indocumentados y son abordados por las autoridades, incluso la patrulla fronteriza, dentro de los núcleos urbanos. “No digan nada porque tienen derechos. Llamen de inmediato a un abogado”, ha dicho.
El asunto de las “ciudades santuario” es todavía más peliagudo, porque lo que Trump ha ordenado es que se retiren los fondos federales a aquellas ciudades que no obligan a sus policías y otros agentes de autoridad a ejercer funciones de inmigración. “Otra locura. El Gobierno no se puede meter en las decisiones de los estados a menos que esté autorizado por un tribunal federal. De nuevo, esto es algo que puede terminar en el Tribunal Supremo. Pero tiene otro problema: va a enfrentar a agentes de la ley federales con los policías locales, cuando debían tener buenas relaciones y cooperación de trabajo”, ha explicado De los Santos.
Pero Trump piensa lo contrario. En el discurso antes los empleados de DHS, el mandatario aseguró que “vamos a restaurar el poder de la ley”, a partir de este día “en que la nación rescata el control de sus fronteras”, incluso dentro de las “ciudades santuario”, “como un paso más para garantizar la seguridad y salvar vidas” en esos núcleos urbanos.
El martes, Trump también firmó otra orden ejecutiva que prohíbe, o retarda, el ingreso a Estados Unidos de ciudadanos de Siria, Irán, Irak, Libia, Somalia, Sudán y Yemen. El mandatario cree que son países musulmanes donde se origina el terrorismo, sin embargo ha dejado fuera Indonesia, país asiático de mayoría musulmana, donde se han originado tres de los cuatro grandes ataques terroristas contra intereses estadounidenses en el exterior. Así como a Arabia Saudí, país de origen de todos los terroristas de los atentados del 11 de septiembre del 2001, incluso el fallecido líder de al-Qaeda, Osama bin-Laden.
La decisión contradice, también, uno de sus postulados electorales, cuando aseguró que no habría discriminación migratoria por motivos religiosos.

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