La izquierda española, radicalizada debido a la expansión de los partidos comunistas y anticapitalistas, la misma que defiende dictaduras como la venezolana y alaba a Nicolás Maduro, la misma que tradicionalmente se ha posicionado al lado de la dictadura castrista, busca desde hace unos años establecer en España una falsa “verdad oficial” sobre la guerra civil y la España de Francisco Franco (difícilmente pueden perdonar a Franco su clara posición anticomunista). Sin embargo, conviene no caer en el error de considerar que este es un debate ajeno a la actualidad política, porque lo que en realidad se pretende es criminalizar a la derecha, a la que se identifica con Franco, y por extensión con un inexistente fascismo, y atacar las bases históricas del actual régimen democrático español y la legitimidad de una monarquía que fue restaurada por decisión de Francisco Franco.

Sin tener en cuenta lo anterior, resulta a cualquier observador difícil de entender que 40 años después de la muerte del Generalísimo español, la izquierda parezca no tener otra preocupación en el país que exhumar los restos de Francisco Franco de su tumba en la Basílica del Valle de los Caídos, algo que, por cierto, no hizo en los 21 años que estuvo en el poder desde 1977 y solo reclama cuando pierde las elecciones y está en la oposición.

Recientemente (11-mayo-2017) el Parlamento español ha aprobado una Proposición No de Ley para exhumar los restos de Francisco Franco, presentada por los socialistas y apoyada por los neocomunistas de PODEMOS. Una proposición que incita al gobierno a vulnerar la legalidad, a pasar por encima de la ley, pues para poder realizar la exhumación se debe contar con la conformidad de la Iglesia, a quien está confiada la custodia de los restos por decisión del rey Juan Carlos I, y de la familia del Generalísimo; a lo que todos se niegan. Una propuesta que demuestra como la izquierda considera, como en tantos lugares, que no tiene por qué respetar la ley que obliga a todos, incluidos los parlamentarios.

Esta Proposición No de Ley, que en nada obliga al gobierno, realizada para la prensa y las portadas, se suma a la erróneamente denominada “Ley de Memoria Histórica”, promulgada por el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. Una ley cuyo objetivo final es exaltar a unos republicanos que, en su mayor parte, no luchaban por democracia alguna sino por la revolución, y proscribir la memoria de todos aquellos que fueron asesinados en la España revolucionaria del Frente Popular.

Ante este tipo de leyes y propuestas la mayor parte de los españoles se preguntan si este tipo de cosas -con cambios de nombres de calles y retiradas de monumentos- no son más que la prueba de lo que la izquierda considera políticamente importante, en vez de trabajar para la mejora de la situación económica y social española. Una cortina de humo con la que ocultar su ineptitud, su fracaso y la crisis de una socialdemocracia que ve cómo la izquierda radical amenaza con devorarla y que cree que atacando a Franco puede ganarse su supervivencia electoral.

En España existe en la actualidad, promovida por la izquierda desde hace años, pero que ahora adquiere mayor virulencia, una campaña de manipulación y casi de persecución sobre la figura y la obra de Francisco Franco y su régimen político. Con ella se pretende ocultar que en julio de 1936, tras unas elecciones fraudulentas, se produjo una inevitable sublevación cívico-militar contra la República del Frente Popular que caminaba había la revolución; se busca difuminar el hecho de que, si Franco no hubiera ganado la guerra, España hubiese sido el primer país de la Europa Occidental en tener un régimen del tipo de los que existían en el Este de Europa hasta la caída del muro de Berlín (la Cuba europea); se borra que evitó que España entrara en la II Guerra Mundial y se le recrimina su alianza con los EEUU; se quiere diluir el hecho de que España se convirtió gracias al régimen de Franco en la 9ª potencia industrial del mundo… En esta campaña de la izquierda, mediática, política y académica, el recurso a la mentira es casi una obligación.

Ejemplo de lo anterior son las informaciones segadas que se difunden sobre lo que en realidad es el lugar en el que se encuentran depositados los restos de Francisco Franco, el Valle de los Caídos. Es fácil encontrar en no pocos medios referencias al “mausoleo faraónico” que Franco ordenó construir para ser enterrado, cosa que nunca pretendió el Generalísimo, pues fue una decisión del Jefe del Estado, don Juan Carlos I, y del gobierno de entonces depositar sus restos en el Valle de los Caídos (hubo que abrir a toda prisa un espacio tras el altar mayor moviendo conducciones, demostración material de que no estaba previsto enterrarlo allí); se afirma que fue construido por republicanos condenados a trabajos forzados, lo que es rigurosamente falso porque en España no existía este tipo de condena, los presos que trabajaban allí lo hicieron voluntariamente acogiéndose a la posibilidad de redimir condena (6 días por cada uno trabajado), cobrar un salario alto y vivir allí con sus familias (se les facilitaba casa); se oculta que desde su fundación, tal y como consta en los documentos, fue un espacio de reconciliación entre los dos bandos que habían luchado en la guerra (en su cripta, por decisión de Franco, reposan más de 33.000 combatientes y víctimas de ambos bandos) en el que la orden benedictina que lo custodia rezaría todos los días por ellos. El Valle de los Caídos no es un monumento de exaltación de la guerra, de la victoria o de la España de Franco, sino que es un espacio de oración. Y el Valle de los Caídos, uno de los monumentos más visitados de España, es hoy perseguido por la izquierda (los más radicales piden su destrucción), entre otras razones, porque quieren que deje de ser una iglesia, y que los caídos dejen de estar amparados por la cruz.

Dentro de ese proceso de edificación de una falsa y obligatoria “verdad oficial” por parte de la izquierda, en España se viven los primeros tiempos de persecución ideológica contra los “franquistas”, mejor dicho, contra todo aquel que sea señalado como franquista, y de intentos muy serios de poner barreras a la libertad de expresión. Ejemplo de ello es la persecución de que es objeto la Fundación Nacional Francisco Franco (dedicada únicamente a actividades culturales), que guarda el importante archivo personal de Francisco Franco, abierto al público para conocimiento de esa época. La izquierda, encabezada por los restos del antiguo Partido Comunista, ha pedido que se cierre la Fundación y se incaute su archivo, o al menos se prohíba la consulta de sus documentos. También se asiste a los intentos de censurar de forma indirecta la difusión de libros cuyo contenido no es del agrado de la izquierda o contradice esa “verdad oficial” que pretenden imponer.

Afortunadamente este tipo de actitudes, de ataques a la libertad de expresión, de ofensa a la memoria de una etapa de la historia de España, con leyes claramente inconstitucionales, provoca respuestas populares. Baste señalar, por ejemplo, una encuesta realizada por un medio de comunicación, que no puede ser acusado ni de franquista ni de derechista, sobre la posibilidad de sacar los restos de Francisco Franco de la Basílica del Valle de los Caídos, encuesta en la que participaron más de 63.000 personas. Pese al dominio absoluto que el antifranquismo ejerce en los medios de comunicación, el 50.4% de los votantes dijeron no a la exhumación, frente al 44.3% que lo hicieron a favor; a la vez que en un medio de comunicación de la derecha el 75% votaron en contra de sacar a Franco del Valle de los Caídos. Datos que invitan a la reflexión, y que indican que la población no se deja llevar por la propaganda izquierdista.

El autor es historiador, catedrático, profesor y especialista en Historia Moderna y Contemporánea.

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