CARACAS.- Las detenciones verificadas y actualizadas hasta este martes 06 de agosto, por la Organización No Gubernamental Foro Penal, ubican el número en 1.102 desde el 29 de julio, un día después de que el régimen de Nicolás Maduro desconociera el triunfo de Edmundo González Urrutia, quien fue electo presidente según las actas escrutadas. Entre los aprehendidos hay 100 adolescentes a quienes se le violentan sus derechos, no solo por la detención arbitraria sino que los dejan recluidos en espacios no idóneos.
Los familiares de los adolescentes, que en muchos casos desconocen sus paraderos, han denunciado que los arrestos se produjeron con exceso de violencia física y psicológica, así como que ha habido falta de comunicación de los detenidos con sus representantes o defensores. Además, denuncian que no están en lugares especializados por tratarse de menores edad.
Según los registros que manejan las organizaciones de derechos humanos, figura entre los aprehendidos un menor de 13 años. Ante estos hechos, también se pronunció la Red por los DDHH de Niños, Niñas y Adolescentes, coalición de organizaciones y defensores dedicados a la promoción y defensa de derechos de NNA en Venezuela.
Los niños y adolescentes tienen derecho a la libertad de asociación y de celebrar reuniones pacíficas. “Sin embargo, en Venezuela (hasta el 31 de julio) iban dos adolescentes fallecidos, cuatro heridos por arma de fuego y 79 arrestados en el marco de las protestas, según informes independientes,”, por lo que la organización hace un llamado para preservar el derecho de los menores de edad.
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Según esa ONG “un adolescente de 15 años murió debido al “uso excesivo de la fuerza por parte de los funcionarios (de los cuerpos de seguridad) que contenían la manifestación” en la que participó, en el estado Zulia (noroeste, fronterizo con Colombia).
“Exigimos al Estado que cese de inmediato la criminalización a la protesta pacífica, detención arbitraria, incomunicación, intimidación o cualquier otro acto de violencia contra los y las adolescentes”, añadió la coalición de ONG.
Por su parte, el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (PROVEA), otra ONG, le exigió a la Defensoría del Pueblo a publicar nombres, lugares de reclusión y velar por los DDHH de todas las personas detenidas arbitrariamente en Venezuela.
"La Defensoría del Pueblo tiene a su cargo la promoción, defensa y vigilancia de los derechos y garantías establecidos en esta Constitución y en los tratados internacionales sobre derechos humanos, además de los intereses legítimos, colectivos o difusos de los ciudadanos y ciudadanas" le recordó PROVEA.
“Lamentablemente, unas 22 personas han sido asesinadas, según la ONG de seguimiento periodístico Monitor de Victimas, corroborado por PROVEA. Una vez más, tenemos que recordar: protestar no es un delito y todas las personas tienen derecho al debido proceso. La fuerzas de seguridad pública deben respetar los tratados internacionales de protección ratificados por Venezuela, además de velar por la vida en el control a manifestaciones”, concluyó PROVEA.
FUENTE: FORO PENAL / REDES SOCIALES / DIARIO LAS AMÉRICAS