La defensa del único imputado en la causa que investiga la muerte del fiscal Alberto Nisman pidió este miércoles que la Justicia cite a declarar como testigo a la presidenta argentina, Cristina Fernández, según medios locales.
El abogado de Diego Lagomarsino, el informático que le entregó a Nisman la pistola que acabó con su vida, solicitó también citaciones para el secretario general de Presidencia, Aníbal Fernández, y el diputado provincial Marcelo Saín, según fuentes judiciales citadas por el diario La Nación.
Información importante
El abogado Maximiliano Rusconi pide que sean citados porque "porque podrían conocer información importante para la investigación" de acuerdo con las declaraciones públicas que han realizado en los últimos días.
Nisman fue encontrado muerto en su vivienda, con un tiro en la cabeza, el pasado día 18, un día antes de comparecer ante el Congreso para presentar los fundamentos de una denuncia contra Cristina Fernández por presunto encubrimiento de sospechosos iraníes del atentado contra una institución judía en 1994.
Secretaría de Inteligencia
El Gobierno sostiene que la muerte de Nisman, en circunstancias dudosas, se enmarca en una maniobra desestabilizadora de agentes secretos y ha relacionado a Lagomarsino con actividades de los servicios de inteligencia.
Rusconi pidió también que se le solicite al jefe de la Secretaría de Inteligencia, Oscar Parrilli, que informe "si obra registro o constancia alguna" en el organismo "sobre alguna función y/o prestación de servicios y/o cargo determinado" que pueda haber tenido Lagomarsino en la Secretaría de Inteligencia.
Diego Lagomarsino está imputado en la causa que investiga la muerte de Nisman por haberle entregado el arma que acabó con su vida, una pistola calibre 22 que apareció bajo el cuerpo del fiscal en el baño de su casa, y que, según el informático, el fiscal le pidió como protección pero le aseguró que no pensaba usar.
Nisman argumentaba que el acuerdo suscrito en 2013 entre Argentina e Irán implicaba el encubrimiento de los presuntos responsables del atentado contra la AMIA, que dejó 85 muertos en 1994, a cambio de impulsar el intercambio de granos argentinos por petróleo iraní.
