CARACAS.- JUAN FRANCISCO ALONSO
Especial
Constitucionalistas venezolanos hablan sobre los riesgos que supondría que el Tribunal Supremo respondiera positivamente las demandas que en las últimas horas le ha llevado el oficialismo y que en la práctica implicarían permitirle al Ejecutivo bloquear al Parlamento.
CARACAS.- JUAN FRANCISCO ALONSO
Especial
5 de abril de 1992. Ese día América Latina y el mundo se despertaron consternados por la decisión del entonces presidente peruano Alberto Fujimori de utilizar a las Fuerzas Armadas para disolver el Congreso, al que acusaba de obstruir a su Gobierno. Hoy, 24 años después, en Venezuela no son pocos los que creen que el chavismo está avanzando hacia su “fujimorazo”, aunque en lugar de utilizar a los militares ha recurrido a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Así lo denunciaron los juristas José Vicente Haro y Gustavo Linares Benzo, para quienes las acciones que el oficialismo han interpuesto ante el máximo juzgado contra los resultados de las elecciones del 6 de diciembre y sobretodo las respuestas que, hasta ahora, ha obtenido revelan que la intención es liquidar a la nueva Asamblea Nacional, controlada ampliamente por la oposición aglutinada en torno a la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).
“El Gobierno pareciera estar recreando una situación similar a la de Perú en 1992, donde Fujimori tuvo un encontronazo con el Congreso y luego lo disolvió militarmente, lo cual fue un autogolpe”, afirmó Haro, luego de advertir sobre los riesgos que supondría que el alto tribunal respondiera positivamente las demandas que en las últimas horas le ha llevado el oficialismo y que en la práctica implicarían permitirle al Ejecutivo bloquear al Parlamento.
El jueves el diputado Pedro Carreño acudió al TSJ para solicitarle que entre otras cosas permita al Ejecutivo no firmar ni publicar en Gaceta Oficial ninguna ley o acto emanado de la Asamblea y que no le envíe fondos para su funcionamiento mientras en ella sigan los tres diputados opositores del estado Amazonas, cuya posesión suspendió esa instancia judicial en vísperas de Nochevieja atendiendo una solicitud del oficialismo que denunció compra de votos y otras irregularidades en su elección.
Benzo, por su parte, respaldó la hipótesis de Haro, aunque no obstante puntualizó: “El Gobierno no tiene el coraje de Fujimori, el cual actuó de frente, aquí en cambio se esconden en las togas de los magistrados para desconocer la voluntad popular, pero indiscutiblemente están dando pasos hacia un ‘fujimorazo’”.
Sin fundamento
Para los juristas las peticiones oficialistas deberían ser rechazadas de inmediato. “Ni la Constitución, ni la ley ni ninguna jurisprudencia le permitiría al TSJ autorizar a un órgano del Poder Público a desconocer a otro, por el contrario él debe velar porque se cumpla el artículo 4 que establece que Venezuela es ‘un Estado federal descentralizado’ y que ‘se rige por los principios de integridad territorial, cooperación, solidaridad, concurrencia y corresponsabilidad’”, explicó Haro.
Benzo, en cambio, dio por un hecho que el máximo juzgado le dará al oficialismo lo que le pide y no descartó incluso que “le den una ñapa (algo más), porque el tribunal está controlado por el Gobierno”. Sin embargo, negó que el Parlamento haya incurrido en ninguna irregularidad.
“No hubo desacato a la suspensión inconstitucional de la posesión de los tres diputados de Amazonas, porque ellos ya eran diputados desde que fueron proclamados por la junta electoral y según el artículo 200 de la Constitución los diputados lo son desde que son proclamados”, dijo, al tiempo que agregó: “Además la Constitución dice que la Asamblea es la que tiene la capacidad de calificar (reconocer) a sus miembros y por último ellos no han participado en ninguna decisión, entonces por qué van a desconocer las decisiones de los demás diputados”.
Los diputados electos en el estado Amazonas fueron juramentados esta semana (EFE)
Los temores de Benzo están sustentados, porque el viernes la expresidenta del TSJ, Luisa Estella Morales, en declaraciones a Venezolana de Televisión (VTV) afirmó que los actos de la AN “son anulables”, por “la presencia espuria de unos miembros que no deberían estar ahí porque ya el Poder Judicial los sustrajo de la Asamblea cuando dijo no se encarguen, no pueden ser juramentados en virtud de que debemos averiguar estas irregularidades que supuestamente ocurrieron en el proceso electoral”.
Por su parte, Haro señaló que si el oficialismo considera que la directiva de la AN o la mayoría opositora incurrió en desacato, el cual es un delito, ha debido denunciarlo en el Ministerio Público, el cual si hallaba indicios de que ese señalamiento era cierto entonces debería pedirle al TSJ permiso para enjuiciar a los diputados y si éste también estaba de acuerdo entonces debía solicitarle a la AN permiso para procesar a los señalados.
AN bloqueada
¿Pero qué pasaría si el Gobierno se niega a firmar y publicar en Gaceta Oficial las leyes? Haro recordó que ella puede crear su propia Gaceta, tal y como ya la tienen los poderes Judicial y Electoral.
“La AN tiene potestad de acordar forzosamente que se impriman sus leyes, lo que ha hecho hasta ahora porque no ha hecho falta”, comentó.
El jueves ya el presidente de la AN, diputado Henry Ramos Allup, calificó de “falta de imaginación” este planteamiento del oficialismo y recordó que el Parlamento tiene una imprenta.
Respecto a la falta de recursos, Haro recordó que “es la AN la que aprueba los recursos a todos los organismos del Estado”.
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