Un nuevo informe de Prisoners Defenders revela que Cuba mantiene a 1.158 prisioneros políticos; el 65% fue detenido durante las protestas de 2021
Familiares de los cubanos condenados por sedición y robo en la Isla piden sentencias justas luego de que la Corte Suprema sentenciara a 128 manifestantes a penas de seis a 30 años de prisión. El grupo de los sentenciados corresponde a las manifestaciones de los municipios La Guinera y Diez de Octubre, dos de las protestas del 11 y 12 de julio en Cuba.
YAMIL LAGE / AFPMIAMI.- En el cuarto aniversario de las históricas protestas del 11 de julio de 2021 (11J), la organización de derechos humanos Prisoners Defenders publicó un informe que cifra en 1.158 el número total de presos políticos en Cuba, con un recrudecimiento de la represión y un aumento de las torturas en las cárceles de la isla.
El documento pone el foco en el legado de las masivas manifestaciones de 2021 y revela que la mayoría de los prisioneros políticos actuales son fruto de esa jornada histórica que puso en jaque al régimen de La Habana.
Según el informe, “el 65% de los 1.158 presos políticos que hoy hay en Cuba fueron detenidos por manifestarse el 11J”. De estos 752 manifestantes, el 36% (más de 270 personas) sigue en prisión, cumpliendo sentencias desproporcionadas que en muchos casos superan los 20 años y llegan hasta los 30 por delitos como "sedición" y "desórdenes públicos".
La organización calificó la situación como una "cifra más alta hasta el momento" y subraya que la represión no ha cesado, con un promedio de 10 nuevos presos políticos cada mes durante el último año.
El informe dedica un apartado especial al caso del activista y líder humanitario José Daniel Ferrer, uno de los excarcelados en enero tras un acuerdo con el Vaticano que la organización tilda de "fraude". Ferrer fue devuelto a prisión el 29 de abril, y desde entonces, según Prisoners Defenders, "está siendo torturado sin piedad y se teme por su vida".
El documento detalla una campaña sistemática de "torturas físicas, psicológicas y tratos crueles, inhumanos y degradantes" contra él. Se denuncian golpizas reiteradas por parte de oficiales, asfixias violentas, torsión de extremidades y agresiones en cabeza, abdomen y riñones. El nivel de violencia, afirma el informe, fue tal que Ferrer "llegó a defecarse encima por el intenso dolor".
Prisoners Defenders acusó al régimen cubano de orquestar un "fraude" con las liberaciones negociadas con el Vaticano. El informe explica que los 230 presos políticos excarcelados no fueron liberados, sino sometidos a un "abyecto régimen carcelario-domiciliar".
Bajo este régimen, se les prohíbe moverse de su ciudad, expresar opiniones en redes sociales, contactar con organizaciones de derechos humanos o viajar fuera de Cuba.
El incumplimiento de estas “draconianas condiciones” ha llevado a la revocación de la medida para cuatro de ellos, incluyendo a Ferrer y al también opositor Félix Navarro Rodríguez.
La organización subrayó la arbitrariedad de la medida, señalando que el 91% de los beneficiados ya tenía derecho por ley a un régimen abierto o libertad condicional.
El informe también documenta siete patrones estructurales de violación del debido proceso, validados por comunicados de las Naciones Unidas, que incluyen:
Ante esta realidad, Prisoners Defenders lanzó "una llamada de atención a la comunidad internacional", instando a democracias como Canadá, la Unión Europea y Noruega a abandonar el silencio y condenar públicamente estos hechos.
"Eludir crear un coste político público al régimen, que es lo único que puede afectarlo, es un grave error", concluye el documento.
Descarga LA APP