domingo 21  de  abril 2024
NICARAGUA

Acusan al régimen de Ortega de crímenes contra la humanidad

Los expertos de la ONU señalaron que ahora se recurre a la retirada de la nacionalidad a presos políticos o la persecución de sus familiares

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MANAGUA.- El Grupo de Expertos de la ONU que examina los Derechos Humanos en Nicaragua concluyó que la situación en el país empeoró desde el año pasado y el régimen de Daniel Ortega es responsable de "graves" violaciones de los Derechos Humanos, constitutivas incluso de crímenes contra la humanidad, con el único fin de reducir el margen de maniobra de la oposición política.

El informe publicado este jueves refleja que la persecución ahora es más "sutil" y busca en última instancia disuadir cualquier nueva iniciativa de movilización social a largo plazo, una tendencia que deriva de la escalada represiva iniciada tras las protestas opositoras de 2018.

Según el presidente del grupo de expertos, Jan Simon, "el Gobierno ha consolidado una espiral de silencio que incapacita a cualquier oposición potencial". Nicaragua, señaló, "está atrapada en una espiral de violencia marcada por la persecución de toda forma de oposición política, real o percibida, tanto en el interior como en el exterior".

Ya no se darían tantas violaciones del derecho a la vida, la seguridad y la integridad de la persona, si no que se adoptan otras medidas como la retirada de la nacionalidad a presos políticos o la persecución de familiares, "violaciones por extensión" que los expertos ven especialmente graves cuando se trata de menores de edad.

Hace un año, Ortega despojó de la nacionalidad nicaragüense a 317 opositores y críticos de su régimen a quienes acusó de "traidores" y "vendepatria" y envió al exilio.

Un obispo, monseñor Rolando Álvarez, fue también encarcelado y despojado de su nacionalidad en 2023, pero prefirió la cárcel al exilio. En enero pasado fue excarcelado, junto a otros 16 sacerdotes y dos seminaristas, enviados a Roma bajo un acuerdo con el Vaticano.

Estados Unidos, la Unión Europea (UE) y otros países han condenado el despojo de la nacionalidad para los opositores.

Además, en un contexto marcado por la impunidad -la Ley de Amnistía contribuiría, de hecho, a reforzarla-, los expertos alertaron que Ortega y su mujer y vicepresidenta, Rosario Murillo, buscan ejercer un completo control del poder judicial, lo que deja al régimen en una "burbuja" con la que busca "perpetuarse en el poder" a costa de "aniquilar" a la oposición, como explicó una de las integrantes de este grupo, Ariela Peralta.

Rendición de cuentas

Además, el Grupo de Expertos reclamó la liberación inmediata de todas las personas detenidas de forma arbitraria, el fin de las violaciones de los Derechos Humanos y la rendición de cuentas por los abusos cometidos durante estos últimos casi ocho años.

"El presidente Ortega, la vicepresidenta Murillo y los funcionarios de alto nivel identificados en la investigación deben rendir cuentas ante la comunidad internacional, al igual que Nicaragua como Estado que persigue a su propio pueblo", expuso el presidente del grupo.

En este sentido, los expertos instaron a la comunidad internacional a ampliar las sanciones, "una forma mínima de rendición de cuentas en un país donde la impunidad y la criminalización de la democracia son la regla", como consta en el informe.

"El efecto sobre la población nicaragüense es devastador. Al pueblo de Nicaragua y a la comunidad internacional le tomará una cantidad significativa de tiempo y recursos recuperar todo lo perdido bajo el Gobierno del presidente Ortega y la vicepresidenta Murillo", apuntó Simon.

Cierre de ONG

El régimen de Ortega ha cerrado alrededor de 3.500 organizaciones desde 2018, suscitando críticas tanto a nivel nacional como internacional. Esta medida ha sido interpretada por algunos como un intento de consolidar el control del régimen sobre sectores de la sociedad civil y limitar la influencia de organizaciones independientes.

La oposición y defensores de los derechos humanos han expresado su preocupación, argumentando que estas acciones podrían minar aún más la democracia en Nicaragua y socavar la capacidad de las ONG para desempeñar un papel vital en la promoción de la transparencia y la rendición de cuentas.

FUENTE: Con información de Europa Press

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