Alex Saab fue informante de la DEA, muestran documentos

Alex Saab, quien está acusado de haber lavado cientos de millones de dólares provenientes de negocios corruptos con el régimen de Maduro, giró más de 10 millones de dólares a la Administración de Control de Drogas (más conocida como DEA) como parte de un acuerdo de cooperación con las autoridades estadounidenses que incluyó numerosas reuniones con agentes y fiscales en Colombia y en Europa.

Sin embargo, Estados Unidos dejó de considerarlo una fuente de información después de que Saab incumplió el plazo que le habían fijado para entregarse y enfrentar acusaciones en el sur de Florida.

La información aparece en un par de documentos presentados de manera sellada en febrero de 2021 y que el juez federal Robert Scola ordenó que se hicieran públicos en una audiencia del miércoles en los tribunales federales en la que también fijó la semana del 11 de octubre como fecha tentativa del juicio a Saab.

Se trata de una fecha preliminar mientras una corte de mayor jerarquía resuelve un pedido del acusado para que su caso sea desestimado, bajo alegatos de que no debió ser extraditado para enfrentar cargos porque goza de inmunidad diplomática.

El régimen de Nicolás Maduro sostiene que Saab era uno de sus "diplomáticos en misión humanitaria" camino a Irán cuando su avión fue detenido en Cabo Verde al parar para recargar combustible. El estatus diplomático le fue otorgado a última hora por Maduro en un intento de frenar su extradición.

Scola fijó también una nueva audiencia para el 10 de junio en la que será informado sobre cómo avanza la causa de la inmunidad diplomática en la corte de apelaciones y otra tentativa para el 4 de octubre en la que las partes deberían informarle si están preparadas ya para el juicio.

Las fechas, sin embargo, estarían atadas a la resolución que tome la corte de apelaciones y podrían ser cambiadas.

Saab, de 49 años y quien permanece detenido en una prisión federal de Miami, llegó a la audiencia esposado y con grilletes en sus pies, vestido con uniforme de preso color beige y mascarilla que cubría su boca y nariz. Lucía serio y conversó con sus dos abogados antes del inicio de la sesión. Su cabello entrecano estaba prolijamente sujetado hacia atrás en un pequeño rodete. No hizo declaraciones.

La fiscalía estadounidense acusa a Saab de amasar una fortuna de más de 350 millones de dólares por medio de negocios por los que habría pagado sobornos a funcionarios venezolanos y falsificado documentos para obtener contratos de construcción de viviendas económicas.

Saab se declaró inocente en noviembre y ha asegurado que no debería haber sido extraditado por haberse desempeñado como “diplomático de la República Bolivariana de Venezuela”. Sus abogados alegan que como diplomático tiene inmunidad.

Venezuela sostiene que Saab, a quien Estados Unidos considera presunto testaferro de Maduro, era uno de sus diplomáticos en misión humanitaria camino a Irán cuando su avión fue detenido en Cabo Verde al parar para recargar combustible.

En octubre el juez Socola retiró siete de las ocho acusaciones de lavado de dinero que enfrentaba el empresario a pedido de la fiscalía. El gobierno estadounidense se había comprometido a hacerlo como parte de un acuerdo que selló con Cabo Verde para conseguir la extradición de Saab.

Su extradición desde Cabo Verde tensó aún más las tensas relaciones entre Estados Unidos y Venezuela e interrumpió el diálogo que en ese momento tenían el régimen de Maduro y la oposición en México.

Al inicio de la audiencia del miércoles el juez pidió a un puñado de periodistas que se encontraban en la sala que se retiraran después que la fiscalía y la defensa de Saab le solicitaran tiempo para hablar a solas con él. En tiempos regulares ese momento se concede en la misma sala en la que está la audiencia y se pone ruido de fondo en los parlantes para que no se escuche la conversación de las partes con el juez. Pero debido al distanciamiento social dispuesto por la pandemia, el juez prefirió que las personas que no fueran partes del proceso judicial se retiraran momentáneamente.

Cuando terminó ese tiempo el juez ordenó que se hicieran públicos dos documentos de más de un centenar que han sido presentados de manera sellada en las últimas semanas.

Poco después de ser extraditado, Saab expresó que era inocente y dijo que no tenía en qué colaborar con Estados Unidos, como suelen hacer algunos acusados al sellar acuerdos con los fiscales para obtener una reducción de sus condenas.

Defensa alega "seguridad"

El juez le preguntó a la defensa de Saab por qué quería que todos los documentos del caso permanecieran en secreto y el abogado Neil Schuster le explicó que temía por la seguridad de su cliente, su esposa y sus cinco hijos que viven en Venezuela, de acuerdo con una transcripción de toda la sesión judicial a la que tuvo acceso AP.

Le adelantó asimismo que quería presentar un pedido de libertad condicional, también de manera sellada.

“Si el gobierno venezolano se entera del alcance de lo que este individuo ha proporcionado, no tengo ninguna duda de que habrá represalias contra su esposa y sus hijos”, dijo el abogado al juez, que denegó su pedido. Al ser consultada, la fiscalía estuvo de acuerdo con que los documentos se hicieran públicos.

De acuerdo con esos documentos, Saab se reunió varias veces con agentes de la DEA y fiscales estadounidenses, entre agosto de 2016 y junio de 2018, cuando firmó el acuerdo de cooperación con la DEA. A raíz de ese pacto se comunicaba por teléfono, texto y mensajes de voz con los agentes.

En las reuniones Saab informaba a los funcionarios de Estados Unidos sobre compañías suyas que tenían contratos con el gobierno venezolano para construir viviendas económicas, incluyendo información sobre cómo esas empresas recibían los pagos y qué sucedía con el dinero después de que recibían los fondos, según los documentos.

En una reunión de junio de 2018 Saab admitió que había pagado sobornos relacionados con contratos de suministros de alimentos que había conseguido con el régimen venezolano, indican los documentos.

En una declaración escrita enviada a AP otro de los abogados de Saab, David B. Rivkin, dijo que el empresario quería “aclarar” que “el único propósito” de las reuniones que mantuvo con funcionarios estadounidenses fue el de “confirmar que ni él ni ninguna empresa relacionada con él habían hecho nada incorrecto”.

Haber liberado el acceso a los documentos a pedido del Departamento de Justicia “no es más que un intento de perjudicar los intereses de la República Bolivariana de Venezuela”, manifestó Rivkin.

FUENTE: Con información de AP